Al amanecer

La muerte civil del ciudadano (1-2)

Ahora que el fantasma de la reelección y sus aprestos asoman en el horizonte político de la nación, vale la pena señalar algunos aspectos que atañen a los derechos de la ciudadanía en un estado democrático amparados en los preceptos de la Constitución y el reflejo en ella de algunos postulados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las condiciones instrumentales que permiten al ser humano su realización óptima.

A lo largo de nuestra historia, el país ha tenido 39 constituciones cuyo contenido esencial ha sido la declaración de derechos, organización de los poderes públicos y procedimiento de reforma, siendo su versión más reciente la proclamada el 26 de enero de 2010, producto de una consulta popular y de un pacto entre el entonces mandatario y actual presidente del PLD, Leonel Fernández Reyna, y el canciller Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD.

El objetivo fundamental de dicho documento en la vida institucional del país, además de guiar el accionar de los poderes, deberes y derechos, así como el quehacer ciudadano republicano, es hacer posible la vigencia de un estado social democrático y de derecho donde prevalezca la soberanía popular, la dignidad humana, la participación democrática y la justicia social en un marco de libertad plena en el siglo XXI.

Es obvio que la vida política, civil e institucional de la nación no marcha a la par con los preceptos de la Constitución vigente. Las encuestas recientes, entre ellas la realizada por la firma Gallup-Hoy, confirman la insatisfacción ciudadana por el estado de cosas, conductas y males de individuos e instituciones; continuismo y alternancia, en muchos casos a contrapelo de la ley fundamental, justo cuando se aproxima otro torneo electoral que amenaza con modificarla.

Cabe señalar que a pesar de que el contenido de la Carta Magna no escatima en resaltar el concepto de la dignidad y la felicidad humana, muchos de sus párrafos pasan por alto el principio esencial de la libertad plena del ciudadano y la relación de éste con el ejercicio fundamental de sus derechos naturales, inherentes e inalienables, más allá de sus derechos políticos o por disposiciones administrativas.

¿Por qué no se define la libertad y la dignidad ciudadana en la Constitución dominicana en lo que concierne a los gobernados? ¿Dónde está la felicidad que se invoca, cuando prima más deberes y obligaciones, que el disfrute de ser libres de nacimiento y con derechos naturales inalienables? ¿Cuáles razones arguye el Estado, por vía de sus legisladores y jueces, para incumplir las reglas del juego en una balanza de equidad y justicia ciudadana, y no inclinada a los intereses de una corporación política que detente los poderes públicos de manera transitoria?

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