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Mes de prevención del abuso infantil

No solamente celebramos el Día Mundial del Abuso Infantil el 19 de noviembre, sino que también, mediante decreto firmado por el presidente Leonel Fernández el 11 de marzo de 1998, se instauró abril como Mes de Prevención del Abuso Infantil.

En adición, República Dominicana ha sido el primer país de la región que se ha dotado de una Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes 2015-2018.

Celebramos las buenas intenciones. Sin embargo, ¿qué está pasando realmente? Cada año, durante este mes, las organizaciones de la sociedad civil y los estamentos del gobierno que trabajan con la niñez se posicionan, con todas las infinitas posibilidades que ofrecen hoy en día los medios de comunicación, promoviendo y celebrando tanto las acciones que realizan en este específico mes, como las del año entero.

No obstante, prevenir y reducir los niveles de abuso infantil requiere presupuestos reales, una voluntad política férrea y una entrega profesional abnegada. Por eso, no queda muy clara la efectividad de algunas de las medidas que se han tomado en estos últimos años para mitigar un flagelo que mata muchos de los adultos del mañana y provoca un ciclo sin fin de nuevos abusos.

Por más publicidad que se le quiera dar a esta lucha, es un trabajo de gigantes, de pequeños pasos, de pequeñas victorias, de muchos retrocesos, es una labor que no se resuelve con propaganda y discursos llenos de fórmulas vacuas. Manejar conceptos, discurrir y comunicar no garantiza la efectividad de las acciones.

Tomaré un ejemplo. En noviembre de 2015, la Vicepresidencia de la República presentó el Protocolo de Atencion a Niños, Niñas y Adolescentes huérfanos por feminicidio, con la meta de apoyar, con asistencia psicológica y socio educativa, a 300 niños por año que sufren de la muerte violenta de su progenitora.

Una tarea ambiciosa si tomamos en cuenta que solo en este fin de semana Celestino Trinidad mató a su ex pareja a tiros y que Gregorio Lantigua ahorcó a su ex esposa y trató de suicidarse, sin que tengamos claro cuántos huérfanos han quedado en esta ocasión.

¿Cuál es el impacto real del protocolo lanzado por un organismo situado en la cúspide del Estado como la Vicepresidencia de la República, que debe rastrear las 32 provincias y los 158 municipios del país y coordinar con el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes, la Procuraduría General, y el Ministerio de Salud Pública?

Hasta el mes de diciembre de 2018, según un reportaje realizada por Kharla Pimentel y Merry Dorrejo, solo 328 menores de edad víctimas de feminicidios habían recibido apoyo individual y familiar.

Esta cifra corresponde a lo acumulado en cuatro años de trabajo. Según cifras entregadas por este programa, en 2015 fueron acogidos 78 niños, niñas y adolescentes; en 2016, 96; en 2017, 72, y en 2018, 82 cuando, según un estudio realizado por la Procuraduría General de la República, en 2012 se estableció que por cada feminicidio quedan huérfanos un promedio 2.5 niños y adolescentes, lo que representaría unos 300 por año.

Las periodistas señalan que en muchos de los casos investigados el Estado sigue ausente por la multiplicidad de organismos involucrados y la dificultad de coordinar a nivel nacional con una oficina que ha sido concebida técnicamente como una franjita del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

Esta oficina trabaja con tres personas: una coordinadora, una psicóloga y una secretaria, con un presupuesto de seguimiento psicológico de 150,000 pesos y una inversión de 700 mil pesos anuales en acompañamiento familiar para el desarrollo sano de los huérfanos, incluyendo el traslado del personal y ayudas puntuales a las familias. Sin embargo, se hace notar que los gastos para las fiestas colectivas de la oficina han sobrepasado la cifra del millón de pesos por año. 

Llama la atención que es por medio de la prensa que llegan las principales alertas y que las solicitudes de desembolso se hagan caso por caso, sabiéndose que estos niños y niñas requieren de una atención de emergencia, además de sostenida en el tiempo, mientras que los desembolsos estatales, en todos los organismos, sufren de una lenta burocracia que limita cualquier posibilidad de una respuesta rápida.

Ahora bien, este Protocolo está dirigido solamente a los huérfanos de feminicidios, por el revuelo que estos causan, a nivel nacional e internacional, pero deja al margen a los niños y niñas que son víctimas de la violencia de género en sus hogares, que no siempre acaba en un feminicidio, pero que tiene consecuencias de por vida para ellos. Además, surge la pregunta de qué hacer con la multitud de huérfanos de otros tipos de violencia: ajusticiamientos extra judiciales, arreglos de cuentas entre bandas rivales y niños, niñas y adolescentes víctimas de balas perdidas en sus barrios.

Pienso en muchos de ellos, nos los cruzamos a diario, algunos con cicatrices visibles y balas alojadas en sus cuerpos, otros con cicatrices emocionales más profundas que les han robado su inocencia y su niñez con heridas no curadas que forjarán los adultos de mañana, con muy escasas posibilidades de resiliencia.

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