Atalaya del escrutinio

Pinchazos paralelos

Los pinchazos telefónicos vuelven a la palestra con nuevos matices.

En 2013, el escándalo fue la sospechada intercepción del teléfono de la canciller de Alemania, Angela Merkel, por los servicios de inteligencia estadounidenses. Fue descartada la acción judicial contra los imputados en Alemania como cómplices por “insuficiencia de pruebas” en el 2015. En el transcurso de ese episodio, hubo acusaciones de la intercepción de nada menos que los teléfonos de unos 35 dirigentes mundiales por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). La mayor sorpresa en esa ocasión fue que el listado incluía mansos y cimarrones, aliados y contrincantes. A final de cuentas, se alega que el espionaje sobre esos líderes produjo «poca» inteligencia para la seguridad, aunque de seguro descubrieron algunas indiscreciones. Tiempo después, el genio de Trump quiso ser gracioso cuando Merkel visitó la Casa Blanca en 2017, al comentar: «Sobre los pinchazos de la pasada Administración, por lo menos tenemos algo en común, quizás». Trump había inventado la fábula de que su teléfono fue pinchado durante la contienda electoral de 2016, sin la más mínima prueba, ni siquiera una pista.

Hoy se acusa a Arabia Saudita de haber pinchado el teléfono de Jeff Bezos, fundador y principal accionista de Amazon, para grabar conversaciones íntimas, con fines inconfesables. Bezos, el hombre más rico del mundo, es también el propietario del influyente diario, The Washington Post. Este medio ha sido muy crítico del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, sobre todo desde el asesinato de Jamal Khashoggi, antiguo colaborador del Post. Los mensajes y fotos interceptados a Bezos fueron manejados por el pasquín de revista, National Enquirer (sí, la misma que pagaba a las mujeres para callar sus experiencias sexuales con Trump), pero explotaron en sus manos. Bezos se anticipó a su revelación pública cuando fue amenazado para que no revelara la verdadera fuente de las intercepciones y sus motivos políticos. Negándose a dejarse extorsionar, a pesar del costo a su intimidad, Bezos  hizo pública las informaciones que el National Enquirer estaba amenazando publicar. Las palabras antológicas del desafío de Jeff Bezos quedan para la historia: «Si en mi posición no puedo hacer frente a esta clase de extorsión, ¿cuánta gente puede?» Estados Unidos sufre una división política tan fuerte, que para muchos ciudadanos (incluyendo a su jefe de Estado) no es un escándalo la aparente intervención de un Estado “amigo” al teléfono de prominentes ciudadanos estadounidenses con fines de extorsión. Indudablemente el caso del pinchazo telefónico a Jeff Bezos recién inicia y va para largo, probablemente en los tribunales penales de Washington, y será seguido con mucho interés por ciudadanos alrededor del mundo.

Lejos de la alta política internacional, en el patio se ventila el caso del pinchazo, “autorizado” el 24 de noviembre 2018, al teléfono de una jueza de la Suprema Corte de Justicia, por figurar el número entre los contactos telefónicos de un presunto narcotraficante, muerto “por suicidio” nueve días antes de la autorización judicial. Como resultado de este “error”, su revelación por un periodista y la posterior investigación de otro periodista, hoy sabemos que, según Ramón Cruz Benzán del Listín Diario:  Las autoridades judiciales autorizaron, en la Capital, la intervención de unos 17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.” No se establece cuántos errores de identidad se cometieron en esas autorizaciones por falta de información o datos falsos, pero sabemos que los rechazos a las solicitudes del ministerio público fueron insignificantes y que las autorizaciones del 2018 triplicaron las del 2017, según el artículo enlazado. Por otro lado, se informa que la solicitud no tiene que identificar el nombre y particulares del objetivo de pinchazo. Como resultado, en 2018 “aprobaron 12,754 y rechazaron 135” solicitudes de intervención, o poco más del 1%. ¿Cuántos de los 12,754 teléfonos pinchados produjeron evidencias de peso para hacer justicia y proteger a la ciudadanía de crímenes y delitos?  ¿Están los jueces protegiendo el derecho a la intimidad de los ciudadanos cuando, al momento de pinchar teléfonos, prácticamente sirven de sello gomígrafo del ministerio público, autorizando la intercepción sin saber de quién? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo en la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos?

La costumbre del caliesaje telefónico es muy arraigada en nuestra sociedad. Mi padre contaba que, cuando fue a estudiar en Estados Unidos en la década de 1940, dominicanos seguían durante mucho tiempo susurrando en clave y evadiendo temas espinosos por teléfono, por temor a ser escuchado por espías de Trujillo. Todo el país, y hasta la comunidad en el exilio, tenía oídos atentos a cualquier comentario o información privada, potencialmente útil para el control y la extorsión, y raras veces para fines judiciales. Así como estamos acostumbrados a ver militares con armas largas en nuestras calles en funciones propias de la policía civil, igual aceptamos resignados la intervención telefónica por esa nefasta herencia de nuestro pasado.

La intervención telefónica, debidamente autorizada con criterio equilibrado y utilizada con extrema cautela y discreción, puede ser un instrumento vital en la lucha por la justicia ciudadana y la seguridad del Estado. Lamentablemente, con mucha frecuencia el pinchazo telefónico sirve para censurar, corromper, extorsionar, vengar y agredir a individuos, grupos o naciones. Preocupa sobre todo cuando las autoridades de un Estado utilizan el pinchazo telefónico como un arma de agresión contra individuos, como en los casos comentados; y, sobre todo, espanta cuando la sociedad no tiene instituciones fuertes para frenar y castigar a los responsables de hacer mal uso del pinchazo. Jeff Besos ha dicho que él tiene la fortuna de poder combatir a sus agresores, Arabia Saudita y el National Enquirer, y por eso piensa llevar su caso hasta las ultimas consecuencias. Falta ver qué haremos los dominicanos ante nuestra preocupante tradición de caliesaje telefónico, ahora que de nuevo el tema ha saltado providencialmente a la vista de todos.

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