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¡A nacionalizar las telefónicas!

El debate sobre la privatización de empresas estatales nunca se centró en una superioridad genética de habilidades del empresario sobre funcionario. Tampoco en un dogma de infalibilidad empresarial privada en la toma de decisiones sobre la conducción de los negocios. 

Recientes averías en empresas de telecomunicaciones locales se aprovechan ahora para explicar a la población que las privadas dan apagones de celulares y que, para ser justos, también hay que acabar con ellas con la misma intensidad se critican las interrupciones de servicio de las públicas en energía, salud, educación, seguridad, justicia, transporte, migración, prisiones, cementerios, hoteles, parques, emergencia ambulancias, administración de condominios y un extenso etcétera. 

La idea es que se asuma fallas de gestión ocurren en ambas modalidades de propiedad.  El ratón que aparece en un camión de Comedor Económico el viernes, el fin de semana lo pasa en un “Food Truck”.  Se dan martillazos a los ataúdes para que no se los roben en los cementerios municipales, pero ojo con lo que debe estar pasando en los privados donde no supervisa el orden público.  Se organizan estafas telefónicas desde cárceles públicas, pero el interno se libra de morir de hambre por dieta mínima tendría si se organiza sistema con afán de lucro privado.  Cuando en la prensa lea sobre homicidio cometió un policía, haga una búsqueda en línea sobre los que cometen los “guachimanes”. ¿Qué se vendió un juez? ¿Qué me dice de los escándalos con árbitros privados venales que no se ventilan?

Para terminar de raíz el toma y daca interminable, basta con recordar definiciones claves y la esencia del debate.  Una empresa es genuinamente privada cuando enfrenta competidores y las ganancias y pérdidas anuales se reflejan exclusivamente en el aumento o disminución del patrimonio han puesto a riesgo los accionistas.

Si la decisión de formar una empresa descansa desde su origen, o por eventos posteriores, en esquemas para reducir sustancialmente la competencia, privatizar las ganancias y justificar socializar las pérdidas cuando ocurran, el parto es una criatura mercantilista.  En el mercantilismo no hay empresas privadas.  Los favores para operar obviando la competencia y el juicio implacable de consumidores libres los otorga el poder coactivo del gobierno.  Son empresas “pri-vilegiadas”, no “pri-vadas”.  Se deben clasificar como una forma especial de empresa del gobierno y ser miembros de pleno derecho de un Consejo Nacional de Empresas del Estado.    

En las empresas públicas el dueño es el gobierno y los administradores se nombran y destituyen por decreto. Sólo en casos de excepción están en sectores donde la competencia permite comparaciones de rentabilidad y nivel de satisfacción de los clientes. Lo común es provisión de bienes y servicios en monopolio donde los resultados operativos, generalmente deficitarios, los cubre la tesorería del gobierno.  Se administra con cheque en blanco cubrirá las pérdidas. En cuanto al consumidor, éste es receptor pasivo del precio y la calidad que se le ofrece. 

Es una osadía afirmar que el consumidor sufre igual en las empresas públicas y las privadas.  A pesar de la disminución de la competencia en el sector de telecomunicaciones, el consumidor todavía es recibido con alfombra roja en los centros de atención.  Habla claro y hay que escuchar sus quejas para mantener viva la rentable comunicación que se puede llevar el viento. 

Si así no lo cree, entonces firme la petición para la expropiación de las empresas telecomunicaciones y recibamos asesoría de los cubanos para replicar el modelo exitoso de su gloriosa revolución. La isla socialista es puntera en la innovación en telecomunicaciones y cobertura universal, estable y segura a los costos más bajos del planeta, un logro ha sido posible con un monopolio estatal y cero inversión privada o extranjera explotadora. ¿Les paso el enlace?

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