Flechas

Comercio del azar

Si hay un sector en el que todos están de acuerdo en cuanto a su carácter caótico ese es el de las bancas de apuestas y bancas deportivas de la República Dominicana. En mayo de 2017, el periódico El Dinero publicó un reportaje destacando que había 154 bancas de lotería por cada escuela pública en República Dominicana.

En ese mismo texto se señalaba que las bancas que operaban con permiso eran 30,750 pero que, en realidad, se estimaba estaban funcionando entre 100,000 y 120,000 en todo el territorio nacional.

Estas cifras se han mantenido en auge constante. Las bancas contaminan el paisaje urbano y rural y no pasa un día sin la apertura de una nueva banca en el lugar más inadecuado y menos esperado.

Solo se necesitan cuatro paredes, un techito y un veriphone. Tres metros cuadrados en pleno sol, generalmente sin aire acondicionado y con aire en algunas bancas “de lujo”.

Unos cuchitriles indignos son suficiente para montar una antena de la industria del juego. Se trata de verdaderas jaulas que producen oro a sus dueños, que se vanaglorian de ser “un sector que genera muchos empleos”.

Da pena ver jovencitas, muchas veces madres a temprana edad, desertoras escolares, que pasan sus días encerradas en estos tugurios “conectados”. Todo para conseguir el peso, formando parte de unas cadenas de “management” -a veces sofisticadas- de los llamados  “banqueros”.

Hablamos de caos porque, a pesar de la prohibición de la instalación de nuevas bancas de lotería prevista por la Ley 139-11 del 22 de junio de 2011, hemos visto repollar -a la vista de todos- un floreciente comercio que se nutre de la pobreza.

La Ley 61-18, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2019 dispuso, en su artículo 21, el levantamiento de la prohibición teóricamente en vigencia desde 2011. Para completar, las últimas resoluciones del Ministerio de Hacienda dejan sin efecto la distancia mínima de 200 metros lineales que debe existir entre una banca de lotería y otra.

De buenas a primeras se legaliza lo que estaba prohibido, pero no se cumplía. En realidad, nadie estaba fiscalizando la apertura de estos negocios en las cercanías de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, centros de atención integral para la discapacidad, hospitales, iglesias que están debidamente incorporadas y sedes principales de los tres poderes del Estado.

Los barrios y campos se están transformando en casinos abiertos; mientras más necesidades tienen las personas más se involucran en los juegos de azar con la vana esperanza de salir de la pobreza, sin percatarse que se enredan cada día más.

Se dirá que nuestra población siempre ha sido jugadora: siempre hubo una quiniela, un palé, o un “san”. Sin embargo, algunos están hablando de que ya estamos en presencia de una ludopatía crónica de parte de mucha gente que procura conseguir un poco de dinero cada día, para su sobrevivencia.

Con más de una banca de apuestas en cada cuadra, no es raro ver niños hacer la fila con el mandado de jugar números para sus familiares; esta normalización ha llevado una proporción significativa de adolescentes a involucrase en los juegos de azar.

Y el juego lleva a la adicción. Hay un real problema con el juego cuando la persona comienza a consumir en este más dinero y tiempo del que puede permitirse, sacrifica los pocos recursos que dedica a su familia. El juego afecta así de manera negativa a diferentes dimensiones de la vida, incluyendo la salud física y emocional, las finanzas, las relaciones, el trabajo o el estudio.

La llegada al Congreso Nacional de inversionistas del sector de bancas de lotería ha tenido mucho que ver, sin lugar a dudas, con la proliferación de bancas ilegales.  Sus dueños tienen mayor poder y son intocables, con las garantías que acompañan a sus curules.

El negocio tiene alrededor de diez representantes legislativos, sin contar con los muchos dirigentes políticos y servidores públicos que le brindan sus diligentes servicios.

Es obvio que, en estas condiciones, hay serios obstáculos para la regulación del sector como se demostró en ocasión del voto de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuando se desveló crudamente el choque de intereses entre ser representante del pueblo y estar vinculado directamente a los juegos de azar.

En vez de trazarse metas de aumento de las recaudaciones fiscales estimulando una actividad dañina para la sociedad, es deber del Estado controlar los muchos desórdenes que la misma está generando en el cuerpo social.

Lo que procede hacer, por un lado, es cerrar las bancas ilegales, someter a un estricto control las ya autorizadas, y garantizar condiciones adecuadas de trabajo de los miles de trabajadores y trabajadoras de bancas, cuyos salarios sirven de fuente de contención social.

Por el otro, deben desarrollarse campañas educativas masivas y de concientización sobre los riesgos de la adicción, recordando siempre que sin educación de calidad seguiremos con tasas de las más altas de América Latina en desempleo, subempleo y marginalidad, con miles y miles de jóvenes obligados a sobrevivir a cualquier costo.

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