Absurda Quisqueya

Presidente de la SCJ, preferiblemente de carrera

Durante los últimos meses ha rondado el rumor del deseo de un sector del gobierno de que dos grandes juristas, Flavio Darío Espinal y Olivo Rodríguez Huertas, que hoy sirven a la actual administración como funcionarios de alto nivel, presidan la Suprema Corte de Justicia. Ambos son catedráticos universitarios, de una sólida formación en Derecho Público, con vasta experiencia profesional y gran prestigio en la comunidad jurídica. De hecho, Olivo Rodríguez Huertas es el precursor del derecho administrativo dominicano del Siglo XXI y quien ha hecho grandes esfuerzos impulsando la modernización de la normativa administrativa en los últimos 15 años.

No dudo que tienen todo el mérito, la capacidad y la imparcialidad necesaria para presidir la Suprema Corte de Justicia, y con ello, el Poder Judicial a través de la presidencia del Consejo del Poder Judicial.

Sin embargo, en estos tiempos donde se estima que sólo el 21% de la población confía en el Poder Judicial, según el Latinobarómetro de 2018, la designación de estos o de cualquier otra persona por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estén directamente ligado al círculo político del actual gobierno, no contribuiría a generar confianza en el Poder Judicial desde la dirección de la Suprema Corte de Justicia.

El profesor Emmanuel Cedeño en su columna trató esto último en su brillante artículo “La desilusión del juez de carrera”, donde deja claro como el sólo fundamento político para la designación de jueces de altas cortes es un desincentivo a las funciones de los jueces

Es cierto que la designación de los jueces de las altas cortes es política por la naturaleza del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el diseño institucional previsto en la Constitución; pero eso no significa que la persona designada a dirigir el Poder Judicial tiene que ser político o directamente vinculado al poder político. Pienso que la experiencia actual nos deja claro que esto no necesariamente funciona en el país.

Pienso que el Poder Judicial se merece un presidente de la Suprema Corte de Justicia que sea de la carrera judicial, esa que quedó formalmente instituida en el 1998 con la Ley núm. 327-98, es decir, hace ya 21 años y que formó parte de esa importantísima ola de reforma judicial que ocurrió en el país y que mejoró sustancialmente el sistema de justicia.

Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea de carrera judicial evidentemente no garantiza que hará un trabajo extraordinario ni tampoco implica que será todo lo imparcial e independiente que requiere el cargo de juez supremo. Es decir, que sea de carrera tampoco es el remedio a la justicia enferma que ahora mismo tiene el país.

Ahora bien, la experiencia reciente me dice que sería mejor para la institucionalidad democrática que el background del principal representante del Poder Judicial esté alejado de los grupos partidarios que se debaten el poder político. Quizás de esta forma, las actuaciones y pasos que dé no se vinculen con los intereses de tal o cual grupo político.

Además de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea de la carrera judicial tiene varias presunciones a su favor que de alguna manera oxigenan la gestión del sistema de justicia. Por mencionar dos, es posible presumir que:

-No debe favores políticos y por tanto, sería más independiente en la toma de decisiones.

-Conoce desde su propia piel las condiciones de los tribunales y las precariedades del personal, lo que le convencería de la lucha por el 2.66% al Poder Judicial.   

Finalmente, otro motivo por el cual debe sentarse el precedente de designar a un juez de carrera como presidente de la Suprema Corte de Justicia es que le otorga sentido a los principios y valores de la carrera judicial. ¿Para qué sirve la carrera judicial si quien preside la Suprema Corte de Justicia es un tercero y siempre ligado a la actividad política?

El profesor Emmanuel Cedeño en su columna trató esto último en su brillante artículo “La desilusión del juez de carrera”, donde deja claro como el sólo fundamento político para la designación de jueces de altas cortes es un desincentivo a las funciones de los jueces.

La justicia necesita resetearse y ganar la confianza de las personas para que ésta pueda cumplir su rol en el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspira la República Dominicana. Un paso para esto es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea, preferiblemente, de carrera.

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