La ONU denuncia graves crímenes de Estado en la Venezuela de Maduro

Foto: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, habla sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la sede europea de las Naciones Unidas (UNOG) en Ginebra, Suiza, el 5 de julio de 2019. ( Suiza, Ginebra) EFE / EPA / TREZZINI MARCIAL

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El texto es categórico. En 18 páginas, Bachelet criticó duramente la realidad que se vive en Venezuela y emplazó al Gobierno de Nicolás Maduro a parar “lo antes posible” lo que ha hecho. La cruda realidad se arrastra desde hace mucho, pero las denuncias de la ONU aluden a lo ocurrido en ese país solo el último año y medio.

Más de 6,800 ejecuciones extrajudiciales solo entre enero de 2018 y mayo de este 2019 registró la oficina para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Bachelet, del Partido Socialista del presidente Salvador Allende, quien debe revolcarse en su tumba cada vez que Maduro lo aplaude.

«Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales», subrayó Bachelet.

Miles de casos de tortura son individualizados ahí, incluido un último muy sonado: “la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana», destacó Bachelet, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria de este militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.

Pero la tortura es generalizada y se complementa con otras violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivos, denunció y exigió, entre otras cosas, «desarmar y desmantelar a los grupos armados civiles progubernamentales» y que se «garantice la investigación de sus delitos».

«Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios” hoy inexistentes dijo y denunció que «el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública” asimismo les alcanza “la represalia y la represión».

HASTA VIOLENCIA SEXUAL…

“Ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas», añadió Bachelet.

«La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación», concluyó.

En una única concesión al Gobierno de Maduro, afirmó que las sanciones internacionales impuestas sobre Venezuela, principalmente por Estados Unidos, «están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo», pero destacó que son castigos individualizados y que, además, no son causa de lo que sucede.

En lugar de ponerse manos a la obra para empezar a corregir lo denunciado, el Gobierno de Maduro replicó de inmediato. La delegación que lo representa ante el Consejo de DDHH de la ONU, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores, William Castillo, habló de carencias «de rigor científico” y “errores metodológicos».

Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta, todo debidamente documentado y verificado por la ONU, este vicecanciller dijo que Maduro «rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales».

AQUÍ EL INFORME COMPLETO DE LA ONU: A_HRC_41_18_SP (1)

En representación de varios países del continente, la embajadora peruana ente esta instancia de la ONU, Silvia Elena Alfaro, instó a Maduro a tomar en cuenta las recomendaciones del informe y encarar una crisis que, además, «está afectando a la estabilidad regional», alertó.

Maduro “debe implementar sin dilaciones las recomendaciones del informe, que incluyen (…) la liberación de presos políticos, el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura», indicó Alfaro y subrayó que «el orden democrático debe ser restablecido mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes», por lo que estas no deben ser organizadas por las actuales autoridades electorales, identificadas con Maduro.

Algunas de las partes fundamentales del informe de la ONU:

REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS «La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares».

USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN PROTESTAS «OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes».

DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS «En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas».

MUERTES EN OPERACIONES DE SEGURIDAD «Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como ‘resistencia a la autoridad’. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por ‘resistencia a la autoridad’. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019».

DERECHO A ALIMENTACIÓN «Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas».

DERECHO A LA SALUD «La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019».

LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas».

 

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