Ambientalistas no cederán en defensa de Áreas Protegidas

El Tribunal Superior Administrativo ordenó al MINARENA a desalojar todo asentamiento agrícola dentro del Parque Nacional Valle Nuevo en un plazo de dos meses.
Nicole Espejo - 8 de enero de 2019 - 6:00 pm - Deja un comentario

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Diversas organizaciones ambientalistas manifestaron hoy su preocupación ante la grave situación en que se encuentran las Áreas Protegidas de la República Dominicana bajo la actual gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA).

Para los ambientalistas “resulta preocupante la actitud asumida por el ministro Ángel Francisco Estévez, pues en lugar de aceptar el diálogo para buscar soluciones, se empeña en retarlos a demostrar los delitos ambientales que denuncian”.

Del mismo modo, resaltan que desde que asumió como ministro de Medio Ambiente, la institución ha emprendido en los medios una campaña de desinformación, llegando al extremo de negar situaciones evidentes, que finalmente se comprueban al estar sustentadas con pruebas documentales fehacientes.

Mientras tanto, los ambientalistas se han tomado la tarea de informar y aclarar noticias falsas que ha publicado el MIMARENA, donde afirman que no hay agricultura ilegal, o incriminan a los haitianos en esas zonas para desviar la atención del verdadero problema.

“De hecho, hace varios meses en el Ministerio de Medio Ambiente tuvimos un conversatorio íntimo con el ministro, entre los ambientalistas y él, y realmente no vimos su posición hacia nosotros, hacia la causa que nosotros estábamos planteando. Realmente siento un poco de resistencia por su parte, además de que él se ha dignado a negar lo que nosotros estamos declarando”, señaló Melina González, parte de los ambientalistas que ha tomado acción ante la problemática.

Melina González: “Cumplir la ley significa detener cualquier tipo de actividad agrícola dentro de esa área protegida, ya que es ilegal y también está dañando los recursos bióticos y abióticos del parque”.

En el documento difundido durante el encuentro con la prensa, los miembros representantes del Grupo Jaragua, Acción Verde, SOS Ambiente, Fundación Moscoso Puello, Comisión Ambiental UASD, Equipo Ambiental Academia de Ciencias R.D. y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI); dicen que la realidad es que el ministro parece no estar interesado en cumplir el rol para el cual fue juramentado y que lo obligan a cumplir las leyes del organismo público que encabeza.

Por su parte, el Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo impuesta por el grupo SOS Ambiente y ordenó al MINARENA a desalojar todo asentamiento agrícola dentro del Parque Nacional Valle Nuevo en un plazo de dos meses. Para esto, el grupo demandante recolectó evidencia asesorada y revisada por el mismo Tribunal, entre las que se encuentran vídeos georreferenciados de las zonas donde están los rubros agrícolas y de las zonas donde operan las excavadoras que están haciendo caminos para facilitar el movimiento de los rubros.

“El sistema nacional de áreas protegidas está bajo ataque. Hay una situación que cada vez es mayor y cada vez más están sustituyendo una vegetación especializada en la producción de agua por cultivos intensivos”, dijo Luis Carvajal, ambientalista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Luis Carvajal: “Los trabajadores y obreros agrícolas que están en esta zona están vendidos porque han sido llevados por gente con mucha capacidad y mucho poder económico, y es sobre ellos sobre es que hay que concentrar el ojo de la justicia”.

La situación que pone en riesgo parques nacionales como Sierra de Bahoruco, Jaragua, Los Haitises, Manolo Tavárez, Nalga de Maco, Sierra de Neiba y otros; deja las pistas claves para poner en tela de juicio las intenciones de éxito la nueva administración.

“Si el problema era defender la Ley 6400 de áreas protegidas y garantizar la protección de esos patrimonios con sus funciones ambientales, entonces, si es así, han fracasado”, Luis Carvajal.

El aprovechamiento turístico de la zona depende del desarrollo integral. Esto implica evitar el “turismo minero” o de “zona franca turística”, es decir, aquel que se instala en un sitio, pero no está articulado con la pesca, con la agricultura, con la cultura, ni con las dinámicas sociales de la zona.

“Debemos evitar que el encarecimiento de la zona termine desplazando a los trabajadores rurales y convirtiéndolos en extranjeros en su propia zona. Necesitamos un desarrollo que sea inclusivo, no que excluya a la población local”, argumentó Carvajal.

 

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