Caso Odebrecht, Marcha Verde y Ministerio Público

El 2018 ha iniciado con el tema Odebrecht pendiente en la sociedad dominicana, porque se aspira a que haya sanciones por las sobre valuaciones de obras, por los sobornos recibidos por funcionarios gubernamentales entre el 2001 y el 2014. En definitiva la gente que se moviliza y reclama quiere que termine la impunidad y la corrupción en la administración pública.

Desde diciembre del 2016 se iniciaron las denuncias, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ubicara a la República Dominicana como uno de los puntos más comprometidos con la corrupción de Odebrecht, y luego de que varios funcionarios de la empresa brasileña delataran la colaboración y el buen ambiente que había en la República Dominicana para las operaciones del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Incluso, el área de sobornos de la empresa fue trasladada a la República Dominicana.

Operaba en el país una pieza política clave para coordinar los asuntos electorales y la estrategia de esa empresa: Joao Santana y su esposa Mónica Moura, y se había concertado en el país uno de los acuerdos más cuestionables y cuestionado, pero al mismo tiempo uno de los contratos más ambiciosos, por más de dos mil millones de dólares, firmado en 2013, para la construcción de las plantas de Punta Catalina.

Todo eso era parte de un negocio político, económico y social mayor, que implicaba la cooptación de los funcionarios públicos dominicanos, incluyendo el Congreso Nacional, para muchos y más negocios, con soborno en privado, para enriquecer más a los funcionarios y para la empresa cobrar más por sus trabajos. Brasil, con un Ministerio Público y un poder judicial independientes, hicieron un gran esfuerzo y develaron la trama de corrupción más grande y peligrosa hasta ahora puesta en ejecución en los países de América Latina.

Brasil, Perú, Ecuador, México, Argentina, Colombia, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Panamá, y varios países de Africa estaban implicados en lo que se reveló a través de la sanción impuesta por Estados Unidos a la empresa Odebrecht. República Dominicana estaba como el segundo país en más dinero recibido por soborno, después de Venezuela.

En todos los países han actuado judicialmente contra esta vergonzosa forma de hacer “negocios”. En Ecuador fue destituido el vicepresidente Jorge Glass, y procesado judicialmente, con una condena de seis años de prisión. En Perú el presidente Ollanta Humala y su esposa están en prisión, el ex presidente Alejandro Toledo anda huyendo de la justicia, y aún se mantiene la investigación sobre el ex presidente Alán García y sobre la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, mientras que el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski ha estado a punto de ser destituido, precisamente por haber recibido fondos de Odebrecht.

Los presidentes de Panamá y Colombia admitieron haber recibido fondos para sus respectivas campañas electorales, pero alegaron desconocer la procedencia del dinero. En Venezuela, México, Argentina, El Salvador hay muchas dudas sobre estos negocios relacionados con la política, pero se han encaminado procesos judiciales que todavía no dan resultados claros. Lo mismo que en la República Dominicana.

En nuestro país la empresa Odebrecht firmó un acuerdo con el Ministerio Público para revelar los nombres de los sobornados, y para que sus funcionarios en el país no sean procesados. La empresa ha tenido la suerte, incluso, de seguir operando y teniendo negocios con el gobierno, y hasta de reclamar un arbitraje internacional para que el gobierno pague 708 millones de dólares más al monto acordado para la construcción de las plantas de Punta Catalina.

El Ministerio Público dominicano, luego del acuerdo firmado con Odebrecht, no ha presentado ninguna diligencia para seguir las investigaciones a esa empresa. Tampoco ha realizado nuevas diligencias para obtener las pruebas de sus acusaciones contra 14 personas señaladas como las receptores de los sobornos. Las dudas sobre la seriedad de estas imputaciones son más que razonables. El Ministerio Público no ha realizado ninguna diligencia para investigar a Punta Catalina. Tampoco ha realizado ninguna indagación para conocer el monto de las sobre valuaciones de obras por parte de la empresa Odebrecht. Tampoco ha presentado queja o realizado diligencias para que se cumpla el acuerdo firmado con esa empresa para perdonar judicialmente a sus funcionarios. Nadie del gobierno dominicano ha sido investigado, con excepción de Temístocles Montás, a quien se entiende un chivo expiatorio, porque reveló que recibió fondos de Angel Rondón pero para la campaña electoral de su Partido de la Liberación Dominicana.

El Ministerio Público ha tardado ocho meses supuestamente investigando el caso Odebrecht, con 14 personas imputadas, y acaba de solicitar cuatro meses más para presentar las acusaciones, porque carece de las pruebas de los sobornos. Pruebas que el Procurador dijo que estaban en su poder, y que luego Odebrecht dijo que entregaría a la Procuraduría. Sin haber realizado diligencias procesales, está claro que el Ministerio Público tiene las manos vacías, y que trata de consumir más tiempo para que el tema desaparezca en la inquietud y las quejas de la sociedad dominicana.

Por eso es tan importante la concentración de este domingo frente al Palacio Nacional. Nadie olvida. El país no olvida. Los reclamos se mantienen. La exigencia de transparencia y los reclamos de castigo están vivos, pese a todas las argucias de los fiscales para el caso se olvide. Estamos en una situación de desamparo. Sin nadie que represente judicialmente a la sociedad. Esa es la calamidad dominicana. Es Marcha Verde que está representando el mejor sentimiento y la pasión más hermosa de la sociedad. Mientras el gobierno guarda silencio. La Marcha Verde hizo sus reclamos ante un Palacio Nacional sin representantes del poder. El centro del poder político dominicano estaba vacío. Allí nadie escucha estos reclamos, aunque haya gente dentro. Por eso estuvo muy bien que se hiciera ante un Palacio Nacional sin un alma, con excepción de los guardias de la seguridad. Se trató de un reclamo simbólico, ante un poder que no está dispuesto a escuchar estos reclamos, porque van dirigidos muy directamente a la responsabilidad del centro del poder.

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