La columna de Miguel Guerrero

La libertad de prensa (1 de 2)

Con el auge de los medios digitales, ha cobrado intensidad una discusión tan añeja como la prensa misma. Me refiero a si la  imposición de reglas a la conducta y responsabilidad de los medios de comunicación lesiona el papel de la prensa independiente en una sociedad democrática.

En los últimos años ha crecido la tendencia de los gobiernos a fijar reglas para definir el concepto de la responsabilidad periodística, como son los casos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y desde hace más de cinco décadas en Cuba, bajo el régimen de los hermanos Castro. No es tarea fácil determinar cuáles son esos límites, a menos que sean  los que se fije a sí misma cada medio.

Resulta chocante la aceptación que goza en ciertos medios periodísticos, tanto dentro como fuera del país, la teoría de que la potestad de establecer límites y reglas a esa responsabilidad cae o encaja dentro de las atribuciones del gobierno. La experiencia ha demostrado que siempre que la autoridad pública, cualquiera sea su naturaleza, pueda directa o indirectamente limitar esa responsabilidad, la independencia y la libertad de prensa quedan virtualmente suprimidas.

La intervención de un gobierno en el campo de la actividad periodística equivale a otorgarle la capacidad de decidir qué puede o debe publicar un diario. Transferir esa capacidad de las redacciones a los despachos de algún ministerio equivale a asestarle una puñalada a la libertad, y la posterior desaparición de una prensa crítica y libre. No existe un solo ejemplo que permita dudar de esta aseveración tan categórica y bastaría citar como ejemplos los casos de Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet; de Cuba, bajo el régimen castrista y en Nicaragua, en la era sandinista y antes bajo la dictadura de los Somoza. Y, por supuesto, bajo el chavismo en Venezuela. En muchas etapas los dominicanos han pagado un alto precio por la libertad.

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