La justicia mediática no es justicia

Carlos Salcedo Camacho - 7 de diciembre de 2018 - 12:08 am - Deja un comentario

El título de este artículo fue motivo de la excarcelación del expresidente peruano Ollanta Humala y de su esposa, acusados de soborno por el caso Odebrecht. Sin que se haya juzgado el tema de fondo del caso, el presidente del Tribunal Constitucional indicó que en el caso también sirvieron como fundamento “los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia y la debida motivación de la sentencia judicial”.   

Los medios de comunicación deben ser canalizadores de información veraz y objetiva. Como sector de la sociedad su función sirve como contrapeso a las entidades de poder, tanto públicas como privadas, informando, verificando y cuestionándose asuntos de estado, asuntos de interés público y comerciales.

Para Oscar Wilde las cosas como las personas pueden matarse de dos maneras, por acción con cuchillo de un asesino, o por omisión o desatención consciente. A diario muchas noticias afectan personas e intereses colectivos. Lo peor es cuando las motivaciones que mueven reportajes, denuncias e investigaciones sobre casos diversos obedecen a intereses particulares y contrarios al bien colectivo y al derecho a estar informado como ciudadano.

La prensa tiene la obligación profesional de entregar noticias objetivas. Nosotros, consumidores de noticias, en el mejor de los casos, los críticos, podemos ser excusados por nuestra evaluación personal de los hechos sobre las noticias que nos presentan. Por esto nuestra opinión, si bien pudiera estar bien formada, siempre está condicionada. Lo interesante es darse cuenta de esos puntos ciegos en nuestros juicios y de los sesgos en nuestras opiniones. De esa manera podremos crear modelos de la realidad mucho más certeros.

Los jueces y fiscales no pueden ser presos de los medios de comunicación para sus decisiones, como viene ocurriendo en muchos casos, pues con ello la justicia paralela seguirá siendo en los hechos la que impone prisión preventiva y condenas, aun a costa de la insuficiencia probatoria y de la presunción de inocencia, lo que degrada la administración de justicia, al hacerse realidad la percepción, lo que es muy peligroso, como como lo advirtió acertadamente esta semana el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

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