Flechas

“Invasión militar”, desigualdades y migraciones

En días pasados, un miembro prominente del partido de gobierno, más precisamente el alcalde de la segunda ciudad del país y ex presidente de la Cámara de Diputados, se permitió suponer que la vecina y hermana República de Haití invadiría militarmente la República Dominicana “si tuviera un ejército”. 

Lo menos que se puede decir es que destacar intenciones de invasión traídas por los pelos en vísperas de la República Dominicana ocupar su lugar como miembro del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas es lo más contraproducente que uno se pueda imaginar.

Hoy más que nunca las personas que ocupan funciones políticas de importancia deben cuidarse, pues están obligadas a abordar los temas delicados con toda la seriedad y responsabilidad que éstos ameritan. Como se demostró con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cuestión migratoria se presta a todas las amalgamas y a todas las confusiones. 

No debemos olvidar que somos un país productor y receptor de migrantes y que los vecinos de algunos sectores del Bronx, para dar un solo ejemplo, pueden emitir consideraciones similares a las del alcalde santiaguense sobre la “invasión silenciosa” de nacionales dominicanos a los Estados Unidos.

Tanto Haití como la República Dominicana son países de emigración y el número de emigrantes generados por cada uno de estos dos países es comparable. 

El fenómeno de las migraciones en la República Dominicana -internas, primero, hacia el extranjero, más tarde- obedece a toda una serie de factores económicos, sociales y políticos, y a medidas de políticas públicas que facilitaron la migración hacia el exterior después de la caída de la dictadura de Trujillo.  

 

Es importante destacar que una de las características fundamentales del crecimiento económico dominicano de los últimos 50 años es que este ha sido sumamente inequitativo. Los bajos salarios, la concentración del ingreso y la reproducción de la pobreza han sido rasgos dominantes de un modelo de crecimiento económico con inequidad social que explica los fenómenos migratorios hacia Estados Unidos con un PIB en constante crecimiento.

Las “teorías” sobre la invasión contradicen un análisis riguroso de las Encuestas Nacionales de Inmigración realizadas en 2012 y 2017. La rapidez del proceso de urbanización que ha conocido nuestro país en menos de 50 años ha provocado un vuelco dramático en la relación entre población rural y urbana

Los inmigrantes haitianos crecieron en número y se desplazaron desde la declinante industria azucarera hacia otros sectores productivos, principalmente hacia otros cultivos agrícolas y la industria de la construcción, aunque también pasaron a ocupar las más diversas actividades en la economía informal: de hacinados en los bateyes se hicieron más visibles en las ciudades dominicanas. 

Estos estudios revelan que la población inmigrante se mantuvo relativamente estable entre las dos encuestas, pasando su número de 524,632 personas en 2012 a 570,933 en 2017. De estos totales de inmigrantes, 458,233 provenían de Haití en 2012 y 497,825 en 2017.

El único cambio notable que aparece es que aumenta la presencia relativa de los trabajadores de origen haitiano en las zonas rurales dominicanas.

Según la encuesta de 2012, estos trabajadores representaban el 9.6% de la población rural. En 2017 ya son el 13% del total. En una provincia, Montecristi, los trabajadores de origen haitiano constituían un 18.9% del total en 2012 y un 26.7% en 2017.

Un análisis de las cifras por regiones y provincias revela que es en las provincias fronterizas con Haití y en aquellas en las que se extienden los cultivos comerciales en gran escala, sea para el mercado interno o para la exportación, así como en las antiguas provincias azucareras, en donde se manifiesta una presencia creciente de trabajadores de origen haitiano.

Es interesante notar también que, en un mundo globalizado, desde algún tiempo, al igual que las trabajadoras domésticas dominicanas buscan su suerte en Chile, algunos trabajadores haitianos utilizan la República Dominicana como puente para irse a Brasil o Chile, dejando atrás a sus familias a veces en situaciones precarias.

Ni los drones, ni las fuerzas militares, ni ningún muro, pueden impermeabilizar 360 kilómetros de frontera. El deportado de ayer, que alimenta las estadísticas del número de deportados, vuelve desesperadamente a la carga, una y otras veces, en una ronda sin fin enriqueciendo intermediarios, militares y empresarios que participan del tráfico. 

Sin una voluntad política férrea de poner fin al tráfico de personas, a la corrupción generalizada, de valorización de la zona fronteriza, no se puede hablar de una real política migratoria en nuestro país.

Las migraciones, tanto la haitiana como la dominicana, responden a las crecientes desigualdades e injusticias, políticas, económicas, sociales y culturales que no permiten a las personas lograr, en ninguno de sus dos países de origen, la satisfacción de sus necesidades básicas y el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Chocan dos vertientes del derecho internacional, las referidas a los derechos humanos y el principio de soberanía de los Estados en materia migratoria.

La soberanía de los Estados para fijar políticas migratorias no es argumento para que estas políticas restrinjan injustificadamente el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos reconocidos a todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado, aunque estos no sean nacionales de los mismos.

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