Las 5 "D"

El Consejo Nacional de la Magistratura y la independencia del Poder Judicial (2 de 2)

La demanda de independencia e imparcialidad a la justicia y a los jueces, obliga por un lado, tanto al estamento como a sus miembros, a no claudicar supeditando sus decisiones a influencias y mandatos de otro poder o individuo; y por otro lado, les constriñe a decidir, apartados de preferencias personales. De ahí que, ha sido siempre una aspiración, la independencia e imparcialidad de los actores judiciales, mediante los cuales se configura el Estado democrático de derecho; sin embargo, en el pasado esto iba en contraposición con el modo de elección de los jueces, por serle transferido el poder a estos, directamente por el poder político. 

Así surgen los consejos de la magistratura, los cuales transfieren y legitiman el poder a los jueces, además del otro propósito, de evitar que el poder político les controle. Pero en la actualidad no se puede negar el casi total contenido político de los consejos de la magistratura actuales.

En el artículo anterior nos veníamos refiriendo a las funciones que por mandato constitucional le atañen al Consejo Nacional de la Magistratura, las cuales, principalmente se circunscriben a la designación de los jueces de las Altas Cortes, así como la evaluación de su desempeño. En la República Dominicana, ha sido estatuida constitucionalmente la evaluación del desempeño de estos magistrados cuando se cumpla el término – que en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia –  establece la Carta Magna, consistente en 7 años a partir de su elección; tal requisito deberá ser cumplido por el Consejo Nacional de la Magistratura bajo una reglamentación especial que ordena la Ley NO. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura en su Artículo NO. 32.

Este consejo, por ser un órgano de rango constitucional, está investido de la autoridad que lo inviste con potestad reglamentaria; por lo tanto es el único llamado a reglar la evaluación de desempeño de los jueces de las altas cortes. Pero, debemos recordar que para el año 2O11 se elaboró el Reglamento NO. CNM-2-11 para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que a la sazón iban a ser designados; es decir, que en esa ocasión no se separaría a ningún juez que estuviera ejerciendo sus funciones, por lo que el mencionado reglamento no consideró la evaluación de jueces con tal propósito, de manera que en la actualidad, cualquiera de los jueces actuales – siempre que no sea de los que se sustituyen por edad- tiene derecho a optar por otro período igual al que concluye.

Igualmente, en el mes de junio del pasado año 2O17 el Consejo Nacional de la Magistratura puso en vigencia el Reglamento NO. 1-17 para la aplicación de la Ley NO. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objeto “… de regular el funcionamiento de este órgano constitucional en cuanto a los procedimientos para la selección, sustitutos y vacantes de los honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral y sus suplentes”. Sin embargo, tampoco en este reglamento se cuenta con las pautas a seguir para la evaluación del desempeño de un juez de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional que quiera seguir en el cargo. Además, la Constitución de la República, establece en su Artículo 181 que en caso de que el Consejo “decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.  

De manera que es preciso que el Consejo Nacional de la Magistratura se aboque  a la elaboración de tal documento, o en su defecto, modificar el existente, estableciendo cuales serían los criterios para la evaluación de aquel juez que manifieste su deseo de seguir en sus funciones, a lo que tiene derecho. 

Sólo así, la elección de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, estará revestida de legalidad y apego a la Constitución de la República y a la propia ley Orgánica del Consejo.

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