Promesas por el camuflaje

En el mundo de los pactos, el revisar los parámetros de una promesa o postura pública, luego de haber llegado a un compromiso, no es mentir. Eso es política. Y a pesar de que soy de los que piensan que, lo único permanente en nuestras vidas es el cambio, en lo que se refiere a estipulaciones en favor de la sociedad o un segmento de ella, cuando algo se promete, lo correcto es cumplirlo.

Aprovecho el marco de lo que bien pudiera ser el “Mes de la Patria” para los estadounidenses, para  pormenorizar sobre temas que afectan las diásporas de nuestras naciones latinoamericanas. Esas que han optado por hacer vida en esta noble nación, que actualmente parece ser un tanto apática a nuestra presencia, a pesar de nosotros insistir en querer ser parte de su tejido y su pensamiento de país.

Para abordar el tema que traemos hoy, es necesario escapar las tormentas de Twitter y remontarnos setenta años atrás. Justo en este mismo mes de julio. Allí encontraremos, bajo mantos de listas y estrellas, al Presidente Harry S. Truman firmando una Orden Ejecutiva para eliminar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, toda discriminación racial, étnica, religiosa o de procedencia que hasta ese entonces arropaba esas instituciones. El dignatario escogió objetiva y ecuánimemente el marco de la conmemoración de liberación de la nación que bien dirigía, para emitir la anulación de esas inequidades.

Sin embargo, a una semana de haber celebrado la idea de América junto a mis hijos y un grupo de inmigrantes, este pasado Día de la Independencia, se ha hecho público que, desde el inicio de septiembre del año pasado, del núcleo del Pentágono, ha surgido una mal intencionada política de exclusión de reclutas inmigrantes, aparentemente influenciadas por las opiniones abiertas de la Casa Blanca.

Para entender el conflicto que ha causado la medida, conozcamos del importante gesto que la forzó. En el 2001, el presidente George W. Bush, implementó un nuevo proceso de naturalización para reclutas inmigrantes. El programa que surgió de esa política, conocido por sus siglas como MAVNI (Adhesiones Militares Vitales para el Interés Nacional), ha logrado que más de 110,000 bisoños se hayan juramentado como estadounidenses. Es un esquema que agiliza los procesos de naturalización para todo expatriado que sirve en las filas castrenses. Sin embargo, esta nueva postura por parte del Departamento de Defensa, de adición por substracción, no solo permea negativamente la integridad del programa, sino que también la estructura militar misma e igualmente impacta a más de 10,000 inmigrantes altamente calificados que fueron reclutados por medio del programa.

No es de conocimiento público, que más de 65,000 soldados del ejército norteamericano, son inmigrantes. Ni que de esos, casi 20,000 poseen residencia permanente pero no ciudadanía. Y es a esos a quienes las actuales medidas más pueden afectar. Mesuras que consisten en someter a los reclutas no ciudadanos, a un escrutinio superior al que son sometidos los soldados nacidos en los territorios americanos o naturalizados antes de inscribirse en la milicia. Esta medida también busca excluir a los no-nacionales a optar por posiciones oficiales o escalar en sus estamentos. Para aspirar a rangos, responsabilidades mayores o tener acceso a información sensible en cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es necesario ser ciudadano.

A pesar del ejército no poder cumplir con las metas de nuevos reclutas que se ha impuesto, desde el pasado otoño, el cuerpo militar ha estado cancelando los contratos de centenas de militares nacidos en el extranjero. Esto no es tan solo un acto de segregación, sino uno que está trastornando las vidas de estas familias, que en ocasiones han expuesto a estos soldados a una innecesaria deportación. Increíble pensaríamos. Sin embargo, en las páginas del New York Times pudimos leer excerptas del Associated Press que reportaban que por lo menos 40 reclutas inmigrantes del ejército, algunos procedentes de naciones con idiomas vitales para la seguridad nacional, fueron abruptamente descargados o su estatus migratorio cuestionado, justo antes de poder calificar para la naturalización expedita.

Pero en una peor situación están aquellos que a pesar de haberse enlistado hace más de dos años, aun no pueden vestir el camuflaje, debido a que el proceso de investigación aun no culmina para ellos. Por el momento, estos aspirantes a servir ni pueden iniciar sus carreras militares ni tampoco laborar en el sector privado, según el contrato que han firmado.

Para elevar el razonamiento y ver su atadura a la política anti-inmigrante del gobierno federal, tenemos que ver y entender los números. Según cifras publicadas por el “National Immigration Forum” en noviembre del 2016, el crecimiento de los inmigrantes en la milicia, es evidente. En la década entre el 1999 y 2010, más de 80,000 inmigrantes han optado por el camuflaje. En el 2012 sumaban 24,000 los inmigrantes activos. Pero la cifra que parece haber alarmado a las autoridades, lo es la que fija que de los más de medio  millón de veteranos inmigrantes vivos y que han servido, un 82% de ellos optaron por la ciudadanía estadounidense.

Para mejor comprender el impacto de una medida de este tipo, opté por consultar a la veterana dominico-americana Daisy J. Báez, quien sirviera en la Primera División de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. Nos cuenta Báez, que ha estado “siguiendo con mucho interés y asombro la noticia que le están dando de baja a inmigrantes que optaron por servir a esta gran nación, con la esperanza de también validar su situación migratoria.”

Recuerda la criolla naturalizada que, durante su tiempo en el ejército, lo que vió “en sus compañeros inmigrantes hispanos y minoritarios fue un deseo ardiente de servir y una gran determinación por hacer un buen trabajo.” De hecho agrega la ex-militar, que estos soldados han sido la espina dorsal de estas instituciones, a raíz de la eliminación del “draft” y el surgimiento a final de los años 70,  de una milicia voluntaria. Ve la actual medida, como una “extensión de la política anti-inmigrante de esta administración.” Y entiende que es “muy penoso que no sepan apreciar la contribución que estos soldados hacen o podrían hacer por las organizaciones militares.”

Entendí en sus palabras que, además de números, estos inmigrantes habían hecho de estas instituciones, estamentos plurales, diversos y ricos en nuevos recursos. Es por ello que entiende como un grave error, el despacho de estos. Báez nos cierra la consulta fijando que esta medida va “en detrimento de una fuerza militar capaz de adaptarse a diversas situaciones, cuando cuenta con menos opciones dentro de sus rangos”.

Los temas que abarcan “seguridad nacional” siempre serán una justificación correcta, pero no cuando esta está siendo utilizada como una política intencional de inequidad y prejuicio. Una que incluso, ni está acorde con la historia, ni la realidad actual. Uno de cada 5 destinatarios de la Medalla de Honor ha sido un inmigrante, sumando más de 700 soldados en total. Esta conjetura es un fraccionamiento social de estructura, totalmente innecesario. Mas cuando te enteras que el camino a la ciudadanía a cambio de servicio militar, no es algo nuevo. La milicia norteamericana era más dependiente de inmigrantes en el pasado de lo que es hoy. Antes de la guerra de Vietnam, todo inmigrante legal, sin importar estatus, podía enlistarse en las Fuerzas Armadas. En el año de la independencia, el Congreso incluso, llegó a autorizar la creación de un  batallón alemán. Y en la Guerra Civil, más de una quinta parte de la Armada de la Unión era inmigrante.

Exhorto a todo aquel que está considerando la vía de servir en el ejército de los Estados Unidos, como opción para fijar su estatus migratorio, que resulta más ágil y favorable, asumir otros métodos. Pues aparentemente, el pacto que una vez se fijó como oferta, se ha tornado político. Y las promesas por el camuflaje que una vez hicieron, ya no se están cumpliendo.

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