Masiva violación de derechos

Juan Bolívar Díaz - 12 de julio de 2018 - 12:09 am - Deja un comentario

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que  pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-

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