El Ministerio Público de hoy (1)

Evidentemente, en nuestros días la Republica Dominicana cuenta con un Ministerio Publico constitucionalizado, regido por una Ley Orgánica que lo norma y con principios cardinales que deben ser respetados.
Juan Alberto Liranzo - 21 de junio de 2018 - 12:00 am - Deja un comentario

En una conversación sostenida con una de mis colegas en el afanado ejercicio de la fiscalía, reflexionamos sobre la idea de que aun en nuestros días, y no obstante a los evidentes avances que registra el Ministerio Publico como institución fundamental en el sistema de justicia, es menester el estudio de reformas posibles que aporten a la buena salud de la institución persecutora. Mi contertulia (cuyo nombre prefiero obviar por respeto a su privacidad) convino con la idea de que el Ministerio Publico, al paso del tiempo, tendrá necesariamente que adentrarse a un proceso de reforma que garantice la consolidación de su independencia y la cristalización a todos los niveles de sus principios rectores.

Evidentemente, en nuestros días la Republica Dominicana cuenta con un Ministerio Publico constitucionalizado, regido por una Ley Orgánica que lo norma y con principios cardinales que deben ser respetados. El papel de los miembros del Ministerio Publico (fiscales) se ha importantizado en los últimos años y se hace un esfuerzo evidente para lograr la profesionalización del fiscal; pero aún subsisten realidades que no variarán a menos que se impulse una reforma estructural en la institución.

Llama la atención, por ejemplo, la confusión que genera la existencia de dos denominaciones institucionales para referirse a lo que parece ser el mismo órgano. Existe la Procuraduría General de la Republica cuya dirección recae sobre la figura del Procurador General, y el Ministerio Publico, presidido por el mismo gestor. En nuestro país, el Ministerio Publico haya razón legal en la misma Constitución de la república y en la Ley Orgánica del Ministerio Publico. Igualmente, la Ley de Organización Judicial al referirse al organismo encargado de la persecución de los delitos y de la dirección funcional de la investigación se refiere al Ministerio Publico. La Procuraduría General de la Republica, en cambio, parece que debe entenderse como una instancia administrativa en razón de la función persecutora que le asiste al Estado.

Antes del año de 1960, existía en el país la llamada Secretaria de Estado de Justicia que fue derogada en el 1964 por la ley 485. A partir de la reforma las funciones de la antigua Secretaria de Justicia le fueron conferidas a la naciente Procuraduría General de la Republica, siendo la figura del Procurador el titular de dicha institución. Por otro lado, al constitucionalizarse el Ministerio Publico en el año 2010, se genera la percepción de que en la estructura estatal coexisten dos instituciones íntimamente vinculadas en las funciones de investigación de los delitos. Sucede que dicha connotación se trata de una situación muy particular si la comparamos con otros países de Latinoamérica; donde el organismo encargado de la investigación funcional de los delitos se haya bien definido con un único y exclusivo nombre.

En Colombia, por ejemplo, existe únicamente la llamada Fiscalía General de la Nación, cuyo Fiscal General es elegido por el Poder Judicial en base a una propuesta de terna presentada por el Poder Ejecutivo. Allí, aunque el sistema que rige la fiscalía es evidentemente Judicialista, existe una dependencia indirecta al Poder Ejecutivo.

En Ecuador, por otro lado, lo que es en República Dominicana la Procuraduría General o Ministerio Publico, se le denomina en aquel país Fiscalía General del Estado. A diferencia de Colombia, en Ecuador el Fiscal General del Estado es elegido por un concurso de oposición abierto, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y finalmente nombrado por la Asamblea General.

En Costa Rica existe el Ministerio Publico de Costa Rica y en México, país que experimentó en los últimos años una reforma sustancial de su organismo persecutor, existe la Fiscalía General del Estado. México, en el año 2014, promovió una reforma constitucional en la cual la Procuraduría General de la República pasaba a llamarse Fiscalía General del Estado, incluyendo además un sistema de elección de su fiscal general distinto al que hasta entonces primaba en dicho país. México, a pesar de ser un país federal, el esquema de lo que era hasta el 2014 su Procuraduría General guardaba cierta relación con la Procuraduría General de nuestro país, al menos en la dependencia al Poder Ejecutivo que aún se conserva en la estructura directiva de la institución.

No aceptamos comentarios ofensivos ni denigrantes.
Estamos interesados en el debate de las ideas, no auspiciamos ninguna ofensa contra nadie. Los comentarios que contengan mensajes denigrantes, ofensivos, difamatorios, injuriosos, por razones de raza, de política, de religión o de cualquier otra índole serán eliminados y sus autores excluidos de continuar comentando.