Cobra “alante” y Reembolsa Después: Una Historia por el Estado Dominicano

Renny Reyes - 14 de junio de 2018 - 12:07 am - Deja un comentario

Ya todos sabemos las buenas nuevas: Todas las personas que compren desde fuera del país un pasaje para llegar a la República Dominicana deberán pagar US$10.00 adicionales en su pasaje, por concepto de tasa de turista, independientemente de que sean ciudadanos dominicanos, residentes o efectivamente turistas extranjeros.  Si eres ciudadano o residente dominicano, o de algún país con el cual la República Dominicana tenga algún acuerdo bilateral con respecto a esta tasa, entonces puedes solicitar el reembolso de estos US$10.00 a la DGII, en persona o a través de su página web.

Las preguntas que me surgen son dos, ¿Cuál es el problema que esta regulación quiere solucionar?; y, ¿Es esta la solución que produce más beneficios y menores costos?

Y es que cuando el Estado va a regular debe preguntarse, entre otras cosas, el porqué de la regulación, ¿por qué es necesaria la intervención del Estado en ese momento y de esa forma? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? En este caso, y de acuerdo a la motivación del Decreto 430-17 que dispone la incorporación del valor de la tarjeta de turismo en los boletos aéreos y marítimos, el problema es claro: La recaudación de tasas o impuestos no deben ocasionar colas o retrasos en los aeropuertos. Perfecto, tenemos un problema definido y solo debemos buscar su solución.

A pesar de que hay multiplicidad de soluciones, en la coyuntura en que estamos vale la pena evaluar dos de ellas. La primera es la solución adoptada por el Estado Dominicano, que es cobrar la tasa a través de los pasajes aéreos; y la segunda es la de eficientizar el cobro de la tasa en la misma modalidad en que se hacía antes, es decir, cobrándola a la entrada, procurando no ocasionar colas ni retrasos en los aeropuertos, ya que después de todo, este es el problema.

Costos, Beneficios y Otros Demonios

Como toda acción, la solución preferida por el Estado Dominicano, la de cobrar la tasa en los pasajes aéreos que se compren desde fuera de la República Dominicana, conlleva costos, beneficios y otros efectos. Por el lado de los beneficios, esta solución reduce los costos de recolección de la tasa para la administración, porque su cobro pasa de manos de ésta a las aerolíneas que a su vez se convierten en agentes de retención de esta tasa. Adicionalmente, los tiempos de espera de los turistas con respecto al pago de esta tasa cuando lleguen al país serán cero, porque ya no tendrán que esperar para pagar en la casilla designada para esto. El turista podrá utilizar esos cinco o diez minutos extra que tiene para actividades más productivas o relajantes en nuestra isla.

Ahora en cuanto a los costos. Comencemos porque, por un lado, los costos de la recolección se transfieren a las aerolíneas, que deben ahora actuar como agentes de retención de la tasa e ingresar los montos a la administración tributaria. Por otro lado, se crean unos costos de coordinación entre varias agencias estatales, como establece el Decreto, para garantizar que este cambio se haga efectivo. Entonces se generarán costos adicionales para el Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Migración, la DGII, entre otros, quienes deberán coordinar la implementación de este Decreto. Además, hay un costo adicional para la DGII que debe poner en funcionamiento un sistema de reembolso para las personas que pagaron esta tasa sin que les correspondiera pagarlas porque no clasifican como turistas.

Pero para llegar al punto de discordia, el costo mayor se transfiere al ciudadano o residente dominicano, persona con visado de otra naturaleza, o persona nacional de algún país con acuerdo bilateral con República Dominicana. Es decir, a un grupo de personas que previamente no estaba afectado por esta tasa, y que aún hoy en día continúa sin ser sujeto pasivo de dicha tasa. No me refiero solo al costo de los US$10.00 que tendrán que pagar en los pasajes que compran, porque ya la DGII facilitó los medios para solicitar el reembolso. Me refiero particularmente a los costos que implica para este grupo de personas realizar las gestiones necesarias para recuperar los US$10.00 que se le obligan a pagar bajo esta nueva modalidad de recolección de la tasa de turista. Y es que los costos no son solamente monetarios, también pueden ser de tiempo, oportunidades perdidas, y otros recursos. Así pues, hay costos de educación o información en los que debe incurrir el ciudadano y quizás algunas entidades estatales para hacer de conocimiento de las partes afectadas que se le está cobrando esta tasa, que tienen la facilidad de solicitar el reembolso, y el tiempo de aprendizaje del uso de la herramienta.

Luego, está el costo para el ciudadano de efectivamente solicitar el reembolso a la DGII. De acuerdo a los lineamientos establecidos por dicha dirección “los solicitantes deberán aportar una copia de su pasaporte y evidencia de haber sido afectados con el cobro del tributo”. Así que el afectado deberá apersonarse, o en el mejor de los casos hacerlo on-line, con copia de su pasaporte y alguna evidencia de que se le cobró la tasa. No se especifica cuál podría ser esa evidencia. Sin embargo, cuando se compran los pasajes, usualmente no se detallan cuáles impuestos se están pagando, ya que solo se indica un apartado que dice “Impuestos” o “Taxes”. Una vez asumidos estos costos, en unos 15 días la DGII realizará el reembolso. Por último, está el costo monetario asumido por el grupo de persona que nunca se enteró de que se le cobró este tributo, o que aun sabiéndolo nunca tuvo el tiempo de ir a la DGII a solicitar ese reembolso de US$10.00.

En conclusión, este costo que legalmente debe ser asumido por aquellas personas que entran en calidad de turista a la República Dominicana, es por un lado transferido a las aerolíneas y entidades estatales; y por otro lado, y aún más importante, a un grupo de personas que no tienen esta característica, a fin de beneficiar los intereses del Estado y la imagen del país mediante la reducción de tiempos de esperas y retrasos en los aeropuertos. Los beneficios pueden ser claros -o quizás no-, lo que definitivamente no es tan claro es que esos costos descritos justifiquen esos beneficios, ni que sea la forma menos restrictiva, como requiere la ley, de solucionar este problema.

No obstante todo lo anterior, vale todavía compararlo con la “opción cero”, es decir, lo que había antes de que se regulara; o bien, una opción cero ajustada, porque todavía hay un problema que resolver.

Opción Cero Ajustada

Cada aeropuerto en República Dominicana tiene ya establecida una estructura de cobro de la tasa de la tarjeta de turista. ¿Es posible mejorar esta estructura existente para reducir las colas y tiempos de espera? Una posible solución podría ser duplicar o incluso triplicar las estaciones de pago y agentes de cobro que hay en cada uno de los aeropuertos. Esto implicaría la contratación, entrenamiento y pago de personal, y quizás la habilitación de espacios adicionales. En cuanto al cobro de la tasa en sí, esta continuaría entrando a la autoridad tributaria por la misma vía que entraba previamente, lo que significa que ya existen los medios y que esto no implicaría costos adicionales. Tampoco habría una transferencia de costos a personas que no son sujetos pasivos de esta tasa, ni a otras entidades privadas o estatales. Finalmente, en cuanto a la eventual de evasión o fraude, -que es algo que se menciona brevemente en el Decreto como justificación de la regulación-, pues se dificulta pensar que un turista pase por Migración sin haber pagado la tasa de tarjeta de turista, ya que esto puede ser efectivamente revisado por los agentes de migración o aeroportuaria como hasta el momento.

Esta opción que presento no la he evaluado con números, ya que no tengo acceso a los salarios y costos de habilitación de espacios; sin embargo, esta comparación evidencia que los costos administrativos que conllevan una y otra opción son considerablemente diferentes, y que ambas soluciones tienen la capacidad de resolver “el problema”, produciendo probablemente los mismos beneficios.

Es labor del Estado al momento de regular encontrar las opciones de intervención que sean menos onerosas y produzcan mayores beneficios para el interés general.

Ya como última reflexión le dejo al lector las mismas preguntas, un poco modificadas: ¿Ese problema realmente existe? Y si existe, ¿Es esta la solución que produce más beneficios y menores costos?

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