Flechas

Jugar con fuego

El día que uno menos se espera, de manera totalmente inesperada, ocurren las catástrofes. Llegan en silencio y se expanden como un incendio. No se sabe ni el día ni la hora en que han de ocurrir. Desde su inicio, una catástrofe puede producir muchas víctimas, causar el fin de un mundo. Desgraciadamente, en nuestro país todos los ingredientes de una eventual catástrofe están reunidos en torno al manejo de la migración haitiana.

Estamos ante una bomba de tiempo que debe ser desactivada de una vez, para no tener que lamentarnos de ser los testigos aterrados de escenas que no tendrán reparo. Es criminal estimular el lado más oscuro de las personas, dando rienda suelta a comentarios escalofriantes y peligrosos de corte racista, nazi o xenofóbicos en artículos de prensa, emisoras de radio, programas de televisión y redes sociales.

El escenario se compone de varios actores: uno engloba a personas de escaso nivel de instrucción, a grupos vulnerables de la sociedad que expresan muchas de sus iras y frustraciones de manera violenta; esto, tanto en el seno de la población dominicana, como en el de una población haitiana que se siente más acorralada que en tiempos anteriores.

Este grupo es muy diverso y reúne, en sentido general, a personas discriminadas socialmente. Con la agravante de que reina en el país una atmosfera de cierto descontento e incertidumbre con los propósitos reeleccionistas inconstitucionales, la corrupción, los increíbles indicadores de reducción de la pobreza y una marcada desigualdad social que tiende a agudizarse

El segundo grupo de actores se compone de personas más letradas. Algunos de sus integrantes “pichan” su juego económico y emplean hace desde décadas fuerza laboral haitiana, en su mayoría indocumentada, principalmente en la construcción y en el sector agropecuario.

Un tercer grupo está constituido por políticos conservadores que atizan las pasiones contra los migrantes y las políticas del gobierno: tergiversan las luchas a favor de los derechos humanos y en contra del despojo de su nacionalidad a ciudadanos dominicanos descendientes de progenitores extranjeros, agitan el mito de la unificación de la isla o de la fusión de las dos repúblicas que coexisten en ella. Han querido hacer creer que hay un bando que se opone al establecimiento de una política migratoria coherente y se especializan en llamar a la ciudadanía a hacer justicia con sus propias manos.

Otros actores se encuentran en una comunidad internacional que no habla el mismo idioma que nuestro gobierno y los sectores que se hacen llamar “patrióticos”. Amparados en los compromisos contraídos por el país y en el derecho internacional, denuncian que una parte de los descendientes de los migrantes nacidos en nuestro país han sido reducidos a la condición de apátridas. Mientras esta situación no se resuelva la Republica Dominicana seguirá siendo señalada internacionalmente como un país violador de los derechos humanos.

En último lugar, y no por ello el menos importante, tenemos un Estado soberano que está en todo su derecho de establecer y aplicar las leyes migratorias que estime conveniente, pero que no ha tomado el toro por los cuernos y no ha querido -o no se ha atrevido o considerado conveniente- asumir el asunto de la migración haitiana en sus reales dimensiones que son, entre otras, la lucha contra la corrupción, la emigración de los dominicanos del campo hacia las ciudades, el rechazo de los dominicanos a los trabajos más duros y donde hay más explotación, y la aplicación del Código de Trabajo a quienes emplean la mano de obra extranjera establecida irregularmente en el país.

Nuestro Estado hace tiempo debió diseñar una política de gestión migratoria respetuosa de los derechos de los migrantes firme, clara y coherente, para que sus medidas -como las últimas, de mandar más tropas a blindar la frontera- no sean tildadas de medidas reactivas a las críticas y no como un plan global de acción.

Un plan global debería, ante todo, enfrentar la corrupción en todos los estamentos de la sociedad para poder combatir las mafias de trata de hombres y mujeres en la frontera. Debería también incluir la reactivación de la Comisión Mixta Domínico-Haitiana, a fin de que esta se reúna de manera regular y, en caso de emergencia, pueda establecer un real diálogo y concertación entre dominicanos y haitianos sobre los problemas económicos, aduanales y migratorios; pero, sobre todo, para desarrollar un mejor conocimiento mutuo que contribuya a superar prejuicios muy vivos a ambos lados de la frontera.

Le convendría al gobierno, al igual que a la prensa dominicana, dar el ejemplo. El primero, llamando a instaurar una cultura de paz en todas sus instancias; los medios de comunicación, evitando manifestar un espíritu bélico en sus informaciones. De lo que se trata es de no echarle mas leña al fuego.

No podemos olvidar que las migraciones son uno de los grandes problemas políticos del siglo XXI, un motivo de apuestas en las candidaturas presidenciales de muchos países, y que nosotros estamos en una encrucijada como país receptor y emisor de migrantes.

“Una premisa fundamental de soberanía nacional –dice la Organización Internacional para las Migraciones, OIM- es que un Estado tiene el poder para determinar a los no nacionales que admite en su territorio, para expulsar a los no nacionales bajo ciertas circunstancias, para controlar sus fronteras, y para hacer lo necesario para proteger su seguridad. Sin embargo, este poder para gestionar la migración debe ser ejercido con el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales y libertades de los migrantes que se otorgan bajo un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario”.

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