Flechas

Una tempestad en un vaso de agua

Todos los niños y niñas tienen el derecho fundamental, desde su nacimiento, de poseer una identidad que les permita ser reconocidos como miembros de una sociedad.

La identidad les otorga el beneficio de tener amparo legal por parte de sus padres y del Estado, es decir, disponer de protección contra el maltrato, la explotación de menores, la pornografía infantil y la esclavitud, entre otros graves atentados a su persona; también, tener acceso a diferentes servicios como los de educación y sanidad, indispensables para su pleno desarrollo como individuos y lograr capacidades que les permitan construir una vida digna

Los niños y niñas abandonados, si no cuentan con documentos de identidad, son presas extremadamente fáciles del tráfico de personas con fines de explotación sexual y otras atrocidades. Si no están registrados, sus padres tampoco podrán encontrarlos o hacer algún tipo de denuncia o búsqueda.

La Convención de los Derechos de Niño, en su artículo 7º, establece que el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Desgraciadamente, no todos los niños y niñas tienen apellidos y los niños abandonados dominicanos y haitianos se vuelven invisibles para la sociedad; no solamente carecen de amparo, de un hogar, de cariño y amor, sino que les falta también una filiación y un apellido. 

Son necesidades reconocidas universalmente, cuya admisión ha provocado en nuestro país unos vientos ciclónicos, cuando la Junta Central Electoral emitió la resolución 03-2017 que dispone la creación de un glosario alfabético de apellidos para ser sorteados y asignados administrativamente a los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono por el tribunal competente, en su registro de nacimiento y su cédula de identidad y electoral.  

Estos apellidos, además, serían provisionales hasta que estos niños y niñas sean dados en adopción por CONANI, el organismo rector de la niñez. El interés, tanto de los niños como del mismo Estado, sería en estos casos la debida agilización de los procesos de adopción -que a veces son tediosos y desesperantes- para que los interesados encuentran rápidamente un hogar donde puedan reconstruir sus vidas y vivir una infancia muchas veces perdida.

Las críticas al procedimiento establecido por la Junta Central Electoral por parte de ciertos sectores de la sociedad, no toman en cuenta el interés superior del niño ni las inmensas necesidades psico emocionales de criaturas inocentes que sufren del traumatismo del abandono y de inmensas carencias afectivas.

Es ridículo oír o leer la burda desinformación que se pretende vender cuando se habla de los niños abandonados como si se tratara de un ejército de niños haitianos que estaría invadiendo el país. Según las explicaciones del presidente de la Junta Central Electoral, de “los 261 casos de registros de nacimiento declarados en estado de abandono por los tribunales, 11 menores han sido adoptados, por lo que a la fecha quedan 250 personas con filiación desconocida».  De esa cantidad, aclaró, “sólo 29 son menores de edad, los demás, es decir, 221 personas son mayores de edad que se encuentran en una condición de desamparo por carecer de un apellido que les permita ejercer sus derechos constitucionales”.

La invasión, si tal invasión hay, no es por el lado de la niñez que se la debe buscar, sino por el lado de la desidia de un gobierno que no tiene capacidad para controlar la frontera a causa, entre otros factores, de la corrupción.

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