“En este momento, el que se está encargando de que esta movilización se mantenga, es Daniel Ortega”

Publicado el 21 de junio de 2018 - 10:55 pm

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La generación que participó en la revolución se desempoderó rápidamente de la política. Es una generación ausente de la vida política por la experiencia traumática de la guerra en contra de la dinastía Somocista (1934 – 1979), protagonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Josefina Vijil Gurdián, especialista en educación, narra que luego de la llamada Revolución Popular Sandinista – julio de 1979 hasta febrero de 1990 –, los jóvenes “buscaron qué hacer con sus vidas”, cuando si quiera los campos dejaban de humear.

Pasó de ser una generación que tenía “el poder de la juventud”, fundamental para la victoria, a ser una generación domesticada, que adoptó un concepto de poder dentro del Frente Sandinista, que era un sistema de mando único, donde era aquellos que “pusieron los muertos en la guerra” pasaron a ser una correa de transmisión que cumplía órdenes.

“Lo aceptamos porque creímos que era el bien mayor de la revolución – afirma Josefina al otro la do del teléfono –. Posteriormente nos cuestionamos haber entregado esa creencia absoluta en una dirigencia que no honró su compromiso y que no va a honrar jamás”, sostiene.


Algunas organizaciones calculan por lo menos 200 muertos en dos meses y más de 1400 heridos. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, afirmó que está comprometido con frenar la “ola terrorista” en el país, en referencia a las protestas.

Según la doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua, ese era el pensamiento dominante de la época.

Pero tuvo un costo muy alto. Ese pensamiento se convirtió en el germen de la corrupción del Sandinismo, que aflora con fuerza en la derrota electoral de 1990, con un factor clave para la deformación completa de lo que fue el sandinismo: la apropiación ilícita de bienes del Estado para el enriquecimiento personal.

Con seis millones de habitantes y un PIB de USD 14.532 millones (según datos del Fondo Monetario Internacional), Nicaragua es el país más pobre de América Latina después de Haití.

Sin embargo, en el 2014, había por lo menos 210 personas con una fortuna igual o mayor de treinta millones de dólares cada una. Esto equivale a unas 76 veces lo que el país destina para Educación y 59.4 veces la inversión pública en Salud.

Nicaragua posee más millonarios que países con mayor PIB como Costa Rica (100 personas con fortunas de US$ 14 millones), El Salvador (160 personas con fortunas de US$ 21 millones), Panamá (120 personas con fortunas de US$ 17 millones) o Uruguay (125 personas con fortunas de US$ 18 millones).

Privatización del Frente

En la primera mitad de la década del 90 hubo un proceso para tratar de democratizar el Frente Sandinista, sin embargo, en el Congreso, en 1995, apunta Josefina, hubo una campaña por parte de Daniel Ortega y sus seguidores contra sus opositores en la dirigencia intermedia. El resultado fue la salida de numerosos miembros de la FSLN.

“Quedó Daniel Ortega con un grupo pequeño de sus seguidores y una gran base que le permitió crear un modelo de poder que le facilitara acaparar todos los poderes del Estado”.

También pactó con el principal líder de oposición del momento, Arnoldo Alemán, del Partido Liberal, para dividirse los poderes del Estado a la mitad. Sin embargo, mediante la extorsión, Ortega logró quedarse con más poder.

Finalmente logró el objetivo de bajar el techo electoral para ganar las elecciones del 2007, con el 35 % de los votos, sin la necesidad de una segunda vuelta.

Tenemos un país donde se ha ido quebrando poco a poco la institucionalidad mínima para la supervivencia democrática de la nación.”

“Hugo Chávez – indica – se encargó de suministrar todos los recursos que necesitaba. Para un país pequeño, 500 millones de dólares al año, manejados por la familia de Daniel Ortega, le dio los fondos suficientes para, no solo comprar los medios de comunicación y muchas empresas, sino también para establecer una alianza con el gran capital empresarial de Nicaragua, que gobierna con un modelo corporativista donde todas las decisiones se toman entre el gran capital y Daniel Ortega”.

Si bien el impuesto para rescatar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se convirtió en el punto de quiebre en Nicaragua, la situación es resultado de un cúmulo de situaciones guardadas dentro de los nicaragüenses.

“La inmensa mayoría de la gente trato de mirar para otro lado. Renunció a sus principios con tal de no regresar a la guerra, hasta que fue imposible. Trataron de aguantar hasta que no pudieron más. Ese momento fue cuando los muchachos universitarios se levantaron y la respuesta a ese levantamiento fue la represión armada”.

Disparar a matar

Al 12 de mayo de 2018, Amnistía Internacional registraba un saldo de 51 muertos como consecuencia del uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad durante las protestas.

En el informe Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, redactado por la organización, de esos 51 muertos, 47 eran personas que se encontraban en el contexto de la protesta pacífica, dos más eran policías y las restantes eran dos personas que fallecieron presuntamente al incendiar una radio en León.

Sólo en los cinco primeros días de protesta, la Cruz Roja Nicaragüense habría atendido a más de 400 heridos, de los cuales 235 ameritaron ser trasladados a unidades de salud. Asimismo, 311 del total de las atenciones habrían sido brindadas en Managua, principalmente en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), una de las zonas que registró el mayor número de agresiones contra manifestantes en todo el país.

Amnistía Internacional, luego del análisis de la información y evidencia disponible, consideró la existencia de un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de personas de manera intencional, en un significativo número de casos.

“A través de la documentación de nueve casos de personas fallecidas, la organización ejemplifica los patrones encontrados en la comisión de posibles ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la autoridad con la participación de grupos parapoliciales”, indica el documento. Ocho de ellos presentaban herida por arma de fuego.

De los ocho casos documentados por Amnistía Internacional con lesión por arma de fuego, todos presentaban orificio de entrada de proyectil en una zona de alta letalidad: uno presentó el orificio en el cuello, dos en la cabeza, y cinco en la región torácica superior.

Destaca que de las 36 muertes producidas por herida de arma de fuego reportadas por el CENIDH entre los días 19 de abril y 2 de mayo de 2018, al menos 22 recibieron los impactos en cabeza, cuello o tórax.

Sin vuelta atrás

“En mi opinión esto no tiene vuelta atrás. El país que había antes del 18 de abril no va a volver. Hay 127 muertos asesinados de la manera más cruel. Las ciudades están levantadas”, explica Josefina Vijil Gurdián sobre una situación que aceita la posible salida de Daniel Ortega del país.

La doctora en Ciencias de la Educación explica que a diferencia del presidente Nicolás Maduro y las protestas en Venezuela, el gobernante tiene acceso a dinero fresco gracias a la comercialización del petróleo.

El dinero que Ortega tenía era gracias a la cooperación venezolana, recursos que ha invertido en Nicaragua, según la educadora, por temor a que sea expropiado fuera del país.

Los sectores comerciales también se han alejado del presidente nicaragüense. Las protestas han dejado en sus manos pérdidas.

“Daniel – Ortega – no tiene el flujo de capital que tiene Maduro. No puede resistir mucho tiempo si no saca plata de algún lugar”.

Hay barricadas en todas las calles creando un cerco en Managua. Ante la represión armada, en ciudades como Masaya (a 35 kilómetros al sureste de la capital) y Sébaco (90 kilómetros al norte de Managua), la población ha decidido atrincherarse con barreras de adoquines.

También hay decenas de bloqueos en las carreteras para impedir el paso de por lo menos seis mil camiones cargados con productos provenientes del extranjero, dejando pérdidas que superan los 70 millones de dólares.

El pasado lunes 11 de junio, la aerolínea norteamericana American Airlines canceló sus vuelos a Nicaragua para los días 11, 12 y 13 de junio, debido a los disturbios civiles. Los vuelos cancelados son el AA 993, Miami-Managua, y el AA994, desde Managua hacia Miami, según confirmó el portal web oficial de la empresa.

La Iglesia Católica ha mantenido la posición de mediar entre el Gobierno y los manifestantes.

Finalmente, el 16 de mayo se realizó la primera jornada de un diálogo nacional entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado para poner la crisis en el país, en la que participaron Daniel Ortega y la vicepresidenta – y esposa del mandatario – Rosario Murillo.

Durante la intervención del gobernante, el estudiante de cuarto año de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA), Lesther Alemán encaró duramente a Ortega a quien le exigió el cese de los ataques a los manifestantes y su dimisión.

El académico Carlos Tünnermann Bernheim y monseñor Abelardo Mata también exigieron la retirada de las fuerzas policiales.

El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) se ha mantenido dentro de la protesta articulando redes de apoyo a los heridos, pero no dirige las protestas.


Josefina Vijil Gurdián

El miércoles 23, la iglesia católica anunció la suspensión de manera indefinida del diálogo con el Gobierno por falta de consenso.

“Existen tres propuestas de salidas en el país, todas ellas amparadas en la Constitución de la República: la primera y mejor de todas, es que Daniel Ortega y Rosario Murillo renuncien”, explica la académica al otro lado del auricular, admitiendo sin embargo, que es el escenario más difícil.

Otra opción es la renuncia de los miembros del Gobierno, creándose una junta de gubernamental provisional por un año para reestructurar y llamar a elecciones.

La tercera sería una reforma constitucional que permita el adelanto de las elecciones como en el año 1989 y la reestructura del Consejo Supremo Electoral. Empero, afirma que esa opción era viable antes de la ruptura del diálogo.

“Ahora no es posible. Eso implica que Daniel Ortega se va a quedar aunque sea unos días más legitimado. Ya no es aceptable por nadie que Daniel Ortega se quede un día más ahí”.

Detalla que fuera de las formulas constitucionales, la última opción sería un enfrentamiento armado.

El ejército será determinante. Aunque hay muchas dudas sobre la participación del ejército en la represión de las protestas, Josefina Vijil Gurdián expone que el ejército, a que define como un gran capitalista que controla el sector de la construcción que ha perdido millones de dólares, podría estar ausente, por lo menos de manera oficial.

“La postura que tome el ejército va a ser determinante para una salida de guerra”, afirma. “Si el ejército no se mete en la represión, Daniel Ortega no tiene salida”.

“Aquí nos quedamos”

El pasado 30 de mayo, durante una actividad gubernamental por el del día de las madres, el presidente Daniel Ortega dejó claro que no dejaría el poder antes de que concluya su mandato. El mandatario responsabilizó a supuestos “grupos delincuenciales y vándalos de la derecha” por la violencia en el país.

“Nicaragua es de todos y aquí nos quedamos todos. Nicaragua no es propiedad privada”, declaró el presidente nicaragüense como respuesta a los reclamos de su renuncia.

Ese mismo día, miles de personas marcharon de forma pacífica por el centro de la capital, Managua para exigir justicia para las madres de los jóvenes asesinados. La actividad terminó en tragedia, con al menos 15 muertos y 199 heridos, según el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Pese a esto, Josefina no ve una normalización de la situación con Daniel Ortega al mando, incluso con la posibilidad de que las manifestaciones lleguen a estancarse.

El Estado debe hacer frente al impacto económico de las protestas. La crisis sociopolítica que inició el 18 de abril mantiene casi paralizada la economía, lo que, según economistas, arrojaría un crecimiento del Producto Interno Bruto muy por debajo del 3.5 por ciento estimado por el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes a mediados de mayo.

También arrastra el peso de los muertos que se incrementan cada día. El demoledor informe preliminar sobre las recientes protestas en Nicaragua publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados.

Eso dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana.

Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados.

“En este momento creo que todo puede pasar. Pero no veo posibilidades de que en Nicaragua esto se extienda a perpetuidad ni de que Daniel Ortega pueda quedarse”, explica la catedrática sobre el futuro inmediato del país centroamericano.

“En este momento, el que se está encargando de que esta movilización se mantenga, es Daniel Ortega matando gente. Entre más muertos hay, más movimiento va a haber”.