Presidente del CARD objeta mediante recuso resolución que cobra impuestos a notarios públicos

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD manifestó que la Resolución 21/2018 dificulta el ejercicio de los notarios públicos.
Romilka Pérez - 14 de septiembre de 2018 - 8:00 am - Deja un comentario
Foto: Foto de archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sometió este jueves un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra del Reglamento sobre Registro de Actos Notariales, por entender que el pago impositivo de RD$ 550 pesos es un aporte en perjuicio de la ciudadanía y reduce la potestad del notario.

El presidente de la organización jurídica, Miguel Surun Hernández manifestó que la Resolución 21/2018 del 6 de junio del 2018, emitida por el Consejo de Poder Judicial, es ilegal, debido a que la facultad de imponer impuestos es una atribución del Congreso Nacional.

Asimismo, resaltó que dicha posición dificulta el ejercicio de los notarios públicos.

Aseguró que el gremio de los abogados llegará hasta las últimas consecuencias para lograr que la disposición sea anulada.

Surun explicó que la disposición aprobada mediante Resolución número 21/2018, entró en ejecución el pasado lunes, y esta “establece que el registro de actos notariales estará a cargo del Secretario de la Presidencia o Sala que funja como presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación a la cual correspondiere el Juzgado de Primera Instancia donde está adscrito el notario”.

Indicó que cuando se trate de actos levantados por los funcionarios consulares de la República en el extranjero, en funciones de Notario Público, el registro estará a cargo de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el subregistro a cargo de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la citada jurisdicción.

El Reglamento además estipula que todo notario que levante un acto notarial, lo depositará en los 10 días siguientes a su fecha, en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia al que está adscrito.

Precisó que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia no pueden implantar impuestos, modificar leyes, ni establecer procedimientos y sanciones disciplinarias sino en virtud de la ley, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Surun explicó que el Consejo del Poder Judicial solo debe circunscribirse a sus funciones administrativas, no judiciales, las cuales tienen que ver con los procedimientos de administración de justicia, potestad que como es lógico le corresponde al pleno de la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo consagra la Constitución de la República y la ley 821.

Agregó que solo existe la obligatoriedad de registro de los testamentos y los poderes, pero por ante las Cortes de Apelación; y no de la generalidad de los actos auténticos como pretende la ilegal resolución 21/2018, por lo que espera que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) se pronuncie sobre el tema.

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