La ruptura Odebrecht impone sanciones y reformas políticas: Análisis de Juan Bolívar Díaz

Los nuevos testimonios sobre financiamiento electoral ilícitos agravan el escándalo en el país y mientras el expresidente Hipólito Mejía rinde cuenta y exige sanciones, el presidente Medina se limita a pedir pruebas de que recibió dinero de Odebrecht
Juan Bolívar Díaz - 12 de marzo de 2017 - 8:00 am - Deja un comentario

Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con  sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.

El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.   

Un clamor que no cesa

Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.

El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medos de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.

Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.

Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y  CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó. 

Presión de Hipólito Mejía 

El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la línea noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.

El primer contrato había sido negociado en 1999  durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.

Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia,  están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.

Un testimonio terremoto

Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital  de la reconocida revista Veja informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.

El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.

Santana no sólo dirigió las éxitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó  que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la vedad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.         

No aceptan la gravedad

El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.

Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos.

Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció  los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.

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De la Ley Electoral 275-97

Artículo 47: “Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos, son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas”…

Artículo 55: “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizados a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas vinculadas a actividades ilícitas”.

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Ineludible reforma política

Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrán que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeistas.

Si no contara con que se diluirán la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales .

En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.-

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Cuestiones que nadie puede ignorar

1.- Las dimensiones internacionales del escándalo de corrupción más grande de la historia continental

2.- La confesión de Odebrecht ante la justicia de EU de que pagó sobornos en 11 países latinoamericanos y Angola por 788 millones de dólares para lograr contratos.

3.- Que la dramática confesión conllevó la aceptación de pagar a EU, Brasil y Suiza una multa por 2 mil 600 millones de dólares.

4.- El testimonio de que en RD los sobornos alcanzaron 92 millones de dólares, el tercero mayor y primero en términos proporcionales.

5.- Que a consecuencia del escándalo, la justicia brasileña ha imputado a más de un centenar de empresarios y políticos, incluyendo a los mayores ejecutivos de Odebrecht.

6.- La realidad de que hace un año que Marcelo Odebrecht está condenado a 18 años de cárcel y está preso.

7.- Los testimonios de que además de los sobornos, la constructora montó una estructura para financiar campañas electorales en seis países, incluyendo RD, y que tenía como brazo ejecutor al asesor político Joao Santana.   

8.- Que Joao Santana y su esposa Maura tenían una oficina en el Palacio Nacional y manejaban la campaña por la reelección del presidente Medina cuando fueron requeridos y apresados por la justicia brasileña en febrero del 2016 y ya condenados a 8 años de cárcel.

9.-  Los viajes de Danilo Medina a Brasil en el 2005 como ministro, en la campaña electoral del 2011, cuando trajo a Joao Santana de asesor, y como presidente electo en el 2012, y sus contactos con los líderes políticos y los ejecutivos de Odebrecht imputados.

10.- Que tan pronto empezó, el gobierno de Medina canceló una licitación para dos  plantas eléctricas con financiamiento privado e inició la asignada a Odebrecht, cuestionada.

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