El deber del Congreso de despenalizar el aborto en las tres causales

Si la opinión pública lo ve como una necesidad y la despenalización del aborto en sus tres causales salva vidas y reduce el número de abortos, los legisladores tienen la obligación moral y ética de legislar en favor de la vida de la mujer.
Milagros Ricourt - 6 de octubre de 2017 - 12:02 am - Deja un comentario

El aborto inducido, sea por las razones que sean, es un tema de amplias ramificaciones legales y morales. Sin embargo todas ellas están alejadas de los derechos fundamentales de la mujer a la salud y a la vida, y donde más que nada se olvidan que se penaliza inclusive con la muerte a las mujeres más pobres de nuestro país.

El sector legislativo dominicano está atado por el precepto moral impuesto por la iglesia católica, la cual sostiene que la interrupción de un embarazo es pecado porque el feto se considera un ser humano desde el momento de la concepción. Con respecto a esta posición de la iglesia, el Papa Francisco se ha mostrado más flexible cuando decidió que no solo los obispos sino también los sacerdotes pueden absolver a quienes hayan procurado “el pecado” del aborto no únicamente en situaciones especiales sino también regularmente.

A pesar de los aires liberadores que emanan del Vaticano el pensamiento medieval católico, apoyado por las iglesias protestantes, rige en la mayoría de los países en desarrollo ubicados geográficamente en el sur global del planeta, en el cual están incluidos Latinoamérica y el Caribe.  Los países del norte global o países desarrollados (Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelandia y Japón), que son estados laicos en donde la iglesia no interviene en los asuntos del estado y en los cuales los servicios de salud son excelentes, el aborto inducido es legal.

Cuando comparamos las tasas de abortos entre el sur y el norte global nos damos cuenta de que en los países desarrollados estas son mucho más bajas que en los países en desarrollo. Por ejemplo, y de acuerdo con la revista Británica Lancet, el 88 por ciento de los abortos practicados en el mundo ocurren en países donde es prohibido legalmente y solo el 24 por ciento corresponde a los países desarrollados en donde el aborto es legal. Estos números aumentan cada día en nuestros países. Según el Banco Mundial en Latinoamérica y el Caribe se registran más de 6 millones de abortos al año;  de estos 90 mil abortos se practican en nuestro país.   

Por otro lado, cuando comparamos las tasas de mortalidad materna en los países avanzados estas son tan bajas como cero, a consecuencia de un sistema de salud efectivo. Pero, y de acuerdo al Banco Mundial, en nuestros países más de 529,000 mujeres mueren al año y 20 millones de mujeres sufren condiciones médicas de por vida como dolor de pelvis, incontinencia, fístula obstétrica e infertilidad durante o luego de un embarazo.  La tasa de mortalidad materna en la República Dominicana es una de las más altas en Latinoamérica y el Caribe. Según la Ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, esta ha bajado de 196 muertes por cada 100,000 niños nacidos vivos en 2015 a 177 muertes en el 2016, todavía una cifra alarmante e indicativa de un sistema de salud precario. Y más alarmante aún es que la causa principal de mortalidad materna es el aborto por encima de la hipertensión y la sepsia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en países como Argentina y Uruguay, estos tienen las mismas tendencias que la República Dominicana. Aunque datos oficiales indican que solo el 13 por ciento de mortalidad materna se debe a abortos. Y, además, son las mujeres de escasos recursos económicos las que más sufren de un sistema de salud ineficiente y leyes que restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. El 90 por ciento de mortalidad materna en el país ocurre en un hospital público y reitera el criterio de la Organización Panamericana de la Salud cuando afirma que la mala distribución de la riqueza significa mayor mortalidad materna.

Ante la situación descrita anteriormente, y en la que la iglesia tiene un gran peso, qué detiene al Congreso dominicano a despenalizar el aborto no en su totalidad, pero en lo que llamamos las tres causales; o sea cuando la mujer está en riesgo de muerte, el feto viene con una enfermedad congénita, o el embarazo es fruto de una violación o incesto.

¿Y aparte de la iglesia católica y el conglomerado de iglesias evangélicas, qué piensa el pueblo acerca de la despenalización del aborto en estas tres causales?

Les pregunté al respecto a veinte personas en una esquina de San Cristóbal por donde transitan motoristas, vendedores ambulantes, amas de casas y estudiantes. A cada una de estas personas les pregunté: ¿Qué piensan del aborto?

Para mi sorpresa todas y todos conocían de las tres causales. Una señora católica dijo: “Yo estoy entre la espada y la pared porque soy cristiana, pero si hay deformidad es la única razón que apoyaría”. Una señora de 89 años que escuchaba comentó: “Yo también soy católica y pienso que si una mujer no la salvan ¿quién va a cuidar de sus huérfanos, el cura?” Otra señora que trabaja en una casa de familia dijo: “Yo no lo hago, pero no estoy de acuerdo que a una mujer la obliguen a no abortar si la violan”. Un joven de 30 años, estudiante universitario, contestó: “Estoy de acuerdo con todo tipo de aborto siempre que sea hecho en un lugar adecuado y seguro”. Un jovencito de 20 años manifestó: “La mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él”. Otra joven dijo: “Es su cuerpo y tiene derecho a decidir”. Un hombre que vendía pescado en un camioncito entabló una discusión en la cual él argumentaba sobre las tres causales con las cuales estaba de acuerdo y el otro señor que compraba pescado reiteró lo mismo. Una señora ama de casa replicaba que ella no se haría un aborto bajo ninguna circunstancia, pero luego concluyó que ella no se mete con quien lo quisiera hacer o lo haga. El resto de las personas estaban muy de acuerdo con las tres causales.

Si la opinión pública lo ve como una necesidad y la despenalización del aborto en sus tres causales salva vidas y reduce el número de abortos, los legisladores tienen la obligación moral y ética de legislar en favor de la vida de la mujer.

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