PASO

Las necesidades del país nos llaman a apurar el paso en la aprobación de una adecuada ley de partidos que regule entre otras cosas el financiamiento
Marisol Vicens Bello - 12 de octubre de 2017 - 12:08 am - Deja un comentario

Uno de los problemas principales que tenemos como país es nuestra corta visión lo que entre otras cosas hace que el debate público esté concentrado en los temas coyunturales y se conceda  poco espacio a la discusión de los aspectos fundamentales que deberían ocupar nuestra atención.

A veces se tiene la impresión de que perdemos tiempo dando vueltas a ciegas empantanados en problemas que se hacen eternos porque las autoridades insisten en no ver cuál es el camino hacia la solución, o porque en desprecio total al Estado de Derecho pretendemos hacer lo que la Constitución o la ley prohíben o desconocer lo que un órgano competente ya ha dictaminado en última instancia.

Esto hace que cualquier discusión adquiera ribetes de irracionalidad pues no se parte de postulados que deberían dejar de lado debates estériles, como está aconteciendo con la discusión del proyecto de ley de partidos; en ocasión de la cual la atención sorpresivamente se ha centrado en si las primarias deberían ser cerradas o abiertas, cuando este no debería ser un punto a discutir dado que el órgano que tenía competencia a la fecha, esto es la Suprema Corte de Justicia, declaró como contrarias a la Constitución las abiertas.

Igualmente provoca absurdos tales como que la comisión bicameral a cargo de la discusión y consenso del proyecto de ley de partidos cuya aprobación se espera desde hace 19 años se detenga para esperar que salga el humo blanco desde la cúpula del partido oficial, en un tema que se ha convertido en un duelo entre sus dos titanes, y que el presidente y representante del poder ejecutivo así como representantes del poder legislativo promuevan una moción que saben fue declarada inconstitucional, al extremo de que algunos incluso opinen públicamente sobre la constitucionalidad de la misma sin respetar no solo la decisión dictada sino la competencia exclusiva de otro poder del Estado, el judicial, para decidir al respecto.

Es lamentable que con tantos retos por delante que deberían retener nuestra atención como lo es, a propósito de la presentación del proyecto de ley de presupuesto del Estado, la insostenibilidad del modelo; nos desgastemos en querellas inútiles en vez de emplearnos en una discusión responsable sobre cuáles deben ser las prioridades para destinar nuestros limitados recursos y poner freno a distorsiones tales como que se transfiera a la insaciable CDEEE 3.3% del PIB mientras a todos los ayuntamientos del país apenas se asigne un 2.5% muy lejano al 10% dispuesto por ley, o que el poder judicial reciba menos de la mitad de lo que le correspondería, o cómo vamos a garantizar un adecuado uso del 4% asignado a educación.

Por eso toda la sociedad debería exigir que el debate nacional no se confunda con la agenda particular del liderazgo político de turno, y que el cortoplacismo así como el temor al costo político en un modelo  clientelar y asistencialista como el que tenemos, no castren el porvenir de la Nación, porque lo que no corregimos a tiempo inexorablemente se convertirá en un problema insalvable después.

Las necesidades del país nos llaman a apurar el paso en la aprobación de una adecuada ley de partidos que regule entre otras cosas el financiamiento, buscando reducir el alto costo que representan para el Estado las contribuciones a los mismos y para el país las campañas electorales, como uno de los aspectos a tomar en consideración en el impostergable análisis de nuestro modelo.

En Argentina llamaron a su cuestionado sistema de primarias abiertas, secretas y obligatorias PASO, y precisamente eso es lo que debemos hacer con este tema, pasar de él, porque una discusión bizantina sobre algo ya fallado por el órgano constitucionalmente competente solo erosiona más nuestra débil seguridad jurídica.

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