Flechas

El precio de un niño

La conmemoración del Día Nacional del Niño es una ocasión propicia para pasar balance y examinar el camino recorrido en el último año en cuanto a los derechos de la niñez, particularmente en la República Dominicana, que figura internacionalmente en la palestra como un país que ve vulnerada la protección de su población infantil.

Una constatación se impone: la implementación de los múltiples planes y hojas de ruta destinados a garantizar el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en República Dominicana no tiene efecto en la realidad. Las leyes existentes muchas veces no se aplican y las disposiciones de los convenios internacionales sobre la niñez se quedan todavía a nivel de proyectos pilotos y no han sido integradas a la política global del gobierno.

Se promueven sólo para alimentar algún golpe mediático y no han aportado los frutos esperados a pesar de notables esfuerzos en áreas específicas de la cartera educativa. Está claro que la niñez no se encuentra en el centro de las políticas públicas del gobierno. Sin embargo, sentimos a veces, como parte de una organización que trabaja en la base con la niñez dominicana, que dejamos de lado aspectos fundamentales de la cuestión.

Varios casos que atañen a la niñez dominicana me han llamado particularmente la atención en estos últimos días: en Santiago Rodríguez, el novio de una menor de 13 años la entregó, para conseguir droga, a unos hombres que la violaron;  en El Nacional del 1 de octubre, un reportaje sobre Los Casabes de Villa Mella hace hincapié en Glennys Cabrera, de 32 años, que vive del buceo y del chiripeo en un sector donde la justicia social no es la característica prevaleciente, una de las tantas moradoras de este lugar deprimido que a su corta edad ya tiene 8 niños que andan por su cuenta. En el mismo periódico, se reporta que un grupo que traficaba niños con falsos documentos a Estados Unidos recibía beneficios económicos de un promedio de 15,000 US$ por niño.

Estos sucesos tan diversos, que tienen lugar a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, podrían multiplicarse hasta el infinito; solo abarcan tres días e ilustran las diversas y peligrosas situaciones que afectan a nuestros menores y permiten inferir la multiplicidad de causas que provocan su desprotección.

Por un lado el crecimiento desigual de nuestra economía mantiene a la mayor parte de nuestra niñez en un estado de desamparo y de miseria que se arrastra de generación en generación. Sin políticas reales de redistribución de la riqueza, la justicia social seguirá siendo letra muerta. Las medidas de compensación económica por medio de tarjetas y bonos -las alabadas “transferencias condicionadas”- solo acaban por provocar más asistencialismo, más clientelismo, más dependencia, a través de lo que algunos han llamado la “profesionalización de la pobreza”.  Concebidas para ser la panacea de la pobreza, no han logrado romper el círculo vicioso de desprotección y violencia al cual asistimos. 

Por el otro lado, la corrupción es un mal que permea el tejido social y que se refleja en  todos los estratos de la sociedad.  Genera un deterioro de los valores éticos y morales y una tolerancia social peligrosa.  La permisividad filtra de arriba hacia abajo y abre las puertas a toda una serie de situaciones gravísimas: los niños son considerados aptos para el trabajo, incluyendo trabajos peligrosos; se les utiliza en el micro tráfico y son mercancía de intercambio en la deleznable trata de niños. 

La defensa y protección de la niñez tiene diferentes vertientes que no dependen solamente de la legislación y de los convenios sino de la forma en que la sociedad está organizada, de la educación, de la cultura, de los valores imperantes y de las políticas que se aplican efectivamente desde el Estado.  Así, por ejemplo, educar formalmente a niños maltratados y con hambre, sin trabajar su resiliencia y sin garantizar ingresos suficientes y estables a sus padres, no garantiza la protección de la niñez. Las políticas públicas trazan las grandes directrices y el Estado, por medio de la acción gubernamental, vela por su aplicación.  Influir sobre estas políticas es tarea de los distintos actores que trabajan cada uno desde su ámbito particular, cuando estos actores asumen verdaderamente sus responsabilidades.

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