Al amanecer

De escarmiento, fe y milagros

La decisión de la Procuraduría General de la República de encausar a 14 personas involucradas en el escándalo de corrupción de la empresa multinacional brasileña Odebrecht, acción que muchos consideraban muy lejana y que ahora es un hecho innegable, ha dividido de nuevo a diversos sectores del país respecto a la capacidad de la Justicia dominicana para procesar o encartar a personalidades que se perciben como intocables ante la opinión pública.

Hasta el momento, todos los señalados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio. La decisión es una sin precedentes dentro de la jurisdicción legal de la nación ya que involucra a dos senadores y a un diputado, quienes tendrán que responder a la justicia por una serie de alegados delitos –entre ellos lavado de activos– una vez sean despojados de su inmunidad legislativa y en virtud del principio de que todos somos iguales ante le ley.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, hizo lo que se espera de su función. Fue precisó en su discurso del lunes al subrayar que el caso fue declarado complejo, lo que implica la posibilidad de que el brazo de la Justicia continuará su labor de investigación, citación y sometimiento de otras personalidades que podrían ser parte del escabroso entramado de sobornos e ilegalidades que desarrolló la empresa brasileña en la República Dominicana, sumado a la negativa de algunos a presentar su declaración de bienes como dispone la ley.

De la manera como ejecute y tramite los procedimientos la institución de la Procuraduría General de la República, al igual que el accionar de los tribunales y sus protagonistas asignados para ventilar el caso histórico, dependerá en gran medida la confianza o la desconfianza de los dominicanos en su sistema judicial.

Cuando se toman acciones contundentes de esa naturaleza contra la corrupción y otros males, en un país con sectores acostumbrados al mal ejemplo, a la falta de ética, al dolo y a la maldad de elementos de los partidos políticos y sus secuaces, es lógico suponer que algunas de las partes afectadas cuestionen los procedimientos, intenten incidentar y torpedear el debido proceso con acciones descabelladas cuyo objetivo esencial es burlarse de la sociedad y del Estado. Resulta contradictorio que ahora los mismos partidos salgan a defenderlos.

Pero peor es que se confundan las instituciones con aquellos que las dirigen. La razón es que algunos de éstos suelen proyectar la idea de que la cosa pública es su parcela, una extensión de sí mismos, rancia herencia de la vena trujillista que late en el ADN del alma nacional. Los dominicanos tienen que aprender de nuevo a honrar y a confiar en sus instituciones y reforzar su razón de ser. La justicia no es privada o de acomodo, ni tampoco está para servirle al que la paga o no la paga. Es fundamental que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.

No podemos caer en la tentación de exigir a un funcionario que haga su labor como lo manda la ley, por un lado, y a la vez rechazarlo porque su decisión afecta nuestros intereses. Tampoco nos parece que se trate de una dictadura meter a la cárcel a personalidades “ilustres.” Los poderosos y sus diabluras no deben estar por encima de la ley. La única dictadura que necesita esta nación es la dictadura de la ley. Y para ello es menester cumplirla al pie de la letra y que todos estemos sometidos a sus dictados, nos agraden o no, favorezcan o no los intereses concernidos, sin abusos ni arbitrariedades.

Y es que desde hace tiempo andamos como chivos sin ley y ya el horno no está para galleticas. Se demanda justicia porque son más los que tienen fe en las instituciones que aquellos que las denigran. Muchos no comprenden que el problema no es el sistema, sino la naturaleza malévola, perversa de algunos seres humanos. Y a esos desmanes hay que ponerle frenos de una forma o de otra.

De la manera como ejecute y tramite los procedimientos la institución de la Procuraduría General de la República, al igual que el accionar de los tribunales y sus protagonistas asignados para ventilar el caso histórico, dependerá en gran medida la confianza o la desconfianza de los dominicanos en su sistema judicial. Cabe recordar, para quienes tienen una memoria selectiva, que la Justicia dominicana de hoy es la misma que en 1987 encausó, juzgó y condenó a un expresidente por prevaricación; y por otros delitos de corrupción a un exjefe de las Fuerza Armadas, un exsecretario administrativo de la Presidencia y un exasesor económico.

En ese entonces, se alegó persecución política y otras miles de excusas. Los escarmientos son necesarios para retornar al sistema de consecuencias en una sociedad por demás envilecida. Pero también resulta imprescindible tener la fe que mueve montañas y la certeza de que habrá milagros ejemplares para comenzar a enderezar el rumbo y el futuro de esta nación.

La Justicia dominicana tiene en sus manos otra prueba de fuego para restablecer la fe en los milagros. Debe aprovecharla como le ordenara Cristo a Lázaro. Levantarse de su ostracismo y asumir, ciega y sin tapujos, la redención social que se reclama en este nuevo capítulo.

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