Los partidos políticos y los fondos privados. Un contrasentido de la ley

Vale recordar que la sentencia 192-15 dictada por el Tribunal Constitucional no soluciona esta duda puesto que en ese caso se trató de fondos de origen público.
Antoliano Peralta Romero - 18 de mayo de 2017 - 12:07 am - Deja un comentario

A simple vista la ley 200-04 de acceso a la información pública parece disponer que los partidos políticos deben rendir información a quien la solicite sobre sus contribuyentes económicos, así como sobre el origen y destino de los fondos que administren aun provengan estos de fuentes privadas. Pero resulta que el párrafo único del articulo cuatro de esa ley se refiere al tema siguiendo o completando una idea relativa a la obligación de las instituciones de rendir cuenta de los fondos de origen público y no así de los provengan de contribuyentes extraños al Estado.

El reglamento dictado por el Poder Ejecutivo trata de enmendar la situación y extiende el alcance de la ley hasta donde no lo hizo el legislador disponiendo claramente y hasta con motivaciones la obligatoriedad de los partidos políticos de informar sobre todos los recursos que administren.  En síntesis, el reglamento dice con precisión lo que la ley deja oscuro.

Vale recordar que la sentencia 192-15 dictada por el Tribunal Constitucional, que obligó al presidente de un partido político a rendir cuentas de fondos recibidos, no soluciona esta duda puesto que en ese caso se trató de fondos de origen público.

Algunas legislaciones, como la ley argentina sobre la materia, permiten a los donantes solicitar que sus nombres no sean revelados, aunque los partidos conservan la obligación de mantener en sus archivos el registro de las donaciones por un periodo de por lo menos tres años.

En nuestro caso, no obstante, la oscuridad de la ley, es la Constitución de la Republica que da el fundamento a la obligación de los partidos de dar información sobre ingreso y manejo de fondos de cualquier origen. Me remito al artículo 216 de la Constitución que preceptúa que los partidos políticos serán organizaciones libres sujetas sus principios, debiendo sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Es este principio de la transparencia, sumado a la ética y la decencia política, los que obligan a las instituciones políticas dominicanas a dar cuenta de dónde sacan el dinero que gastan y en que lo gastan. En estos tiempos en los cuales rueda tanto dinero de origen oscuro se hace más urgente aún  acogerse a esta norma constitucional.

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