Al amanecer

¿Política sin partidos o partidos sin política? 

La palabra partido, en el sentido etimológico de agrupación minoritaria organizada de individuos con intereses afines y cuyo objetivo es tomar o arrebatar el poder a otro grupo similar, ha caído a tal nivel de descrédito que ya algunos núcleos políticos de Europa, en particular España, Francia e Italia, han optado por eliminarla de su nombre oficial y léxico interno y prefieren otras modalidades y adjetivos.

En el caso dominicano, los llamados partidos políticos –cuyas élites se han erigido como rectores de la vida pública sin permiso ni autorización de alguien, y le han robado casi todo el espacio a la otrora dinámica de la sociedad civil y a su mandato, han llegado a un nivel tan paupérrimo que pretenden violar todos los principios constitucionales y las leyes vigentes con tal de justificar el fin por todos los medios.

El pasado lunes, el expresidente de la Junta Central Electoral, JCE, Roberto Rosario Márquez, declaró al programa Hoy Mismo, de Color Visión, que los partidos han violado el Artículo 216 de la Constitución, el cual los obliga a realizar procesos internos para la renovación de su matrícula interna. Y subraya, primero, que “los partidos se las han ingeniado para burlar ese mandato de la Constitución y llegan a pactos entre ellos para conservar las posiciones que tienen en esos partidos.” Y segundo, “porque mantienen los recursos que les otorga el Estado a través de la JCE.”

La realidad impone en democracia que la política sin partidos es más débil y vulnerable, aunque en la fase electoral parezca más atractivo.

Las dos actitudes citadas por el exfuncionario electoral, a contrapelo de los todos los chanchullos, acuerdos de aposento, pacto de caballeros y de todas las demás argucias que invocan los mal llamados partidos políticos dominicanos, confirman una vez más que el sistema político y electoral tal y como está les rinde pingües beneficios, por lo tanto debe permanecer tal cual, y actuar como chivos sin ley. Por lo que resulta lógico que se opongan a la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, lo que ratifica que su interés particular está por encima del bien común.

La práctica del bien común en la política ancestral dominicana ha quedado congelada, paralizada en el tiempo. Los referentes políticos siguen siendo los mismos, los instrumentos decisivos momificados, las responsabilidades y capacidades de sus gestores han sido superados por los cambios profundos, extraordinarios y sin precedentes. Tanto, que gran parte de los electores rechaza de plano la palabra política porque en sus ofertas no incluyen nada nuevo, transcendente ni promisorio para las nuevas generaciones.

En un manifiesto europeo de finales de 2012, denominado Por una democracia global, se advierte que las instituciones públicas y la democracia, ante el avance arrollador de la tecnología y las transformaciones indetenibles, no han tenido un efecto similar en la evolución de las instituciones responsables de su regulación, de los partidos y la democracia. La economía se ha globalizado, pero las instituciones y la ampliación de la democracia, no. Y menos la inclinación de muchos ciudadanos para adaptarse a lo nuevo.

Señala que “pese a sus peculiaridades, diferencias y limitaciones, abundan las protestas y el malestar con el sistema de toma de decisiones, las formas de representación existentes y su escasa capacidad para proteger los bienes comunes del sistema político, y expresa la necesidad urgente de más y mejor democracia.” El documento resume en diez puntos las debilidades de los partidos políticos y abunda en razones de por qué el sistema no funciona, por más mercadeo, ofertas, promesas y retórica invocadas por las élites y conglomerados de intereses contrarios al pueblo.

El documento es tan válido hoy como ayer. Recuerda que los partidos políticos perdieron la capacidad de comprender, por lo que no representan ni sirven bien a la sociedad que no se entiende. En su mayoría, han fracasado en su capacidad de elección, identificación y captación de capital humano para la gestión de la cosa pública. Muestran muy poca capacidad de conexión con la sociedad y su mandato. Los electores quedan aislados de su territorio y sus grupos de intereses. Los sistemas electorales sucumben ante la falta de rendición de cuentas y la desconfianza que ello genera.

A ello se suma la ausencia de debates y la desconexión de los legisladores con los problemas nuevos, para convertirse en una caja de resonancia, ante la falta de garantías para que prevalezca el interés general en sociedades abiertas y complejas. La inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial han dado la idea de que los partidos y los legisladores son irrelevantes e imprescindibles.

Y por último, la capacidad de gobernar. Las administraciones necesitan mecanismos, instrumentos más sólidos y capaces para emprender la tarea de gobernar. Definir la política de conducta en término de lo pragmático podría modificar la conducta colectiva hacia un rumbo más adecuado, con miras a las transformaciones, competencias y los recursos necesarios. Pero en el carnaval político dominicano, administrar lo posible es la solución que impide, de hecho, hacer lo factible necesario.

La realidad impone en democracia que la política sin partidos es más débil y vulnerable, aunque en la fase electoral parezca más atractivo. Es seguro que quienes apuestan a menos partidos en el sistema dominicano, los prefieren de papel, menos valorados y altamente cuestionados, como ocurre en la actualidad. El debate debería ser dotar de más y mejores instrumentos al sistema. Rosario Márquez tiene razón. Ahí está la prioridad. Lo demás, es puro cuchicheo de infidelidades, como afirma Joe Veras en su bachata. Y eso sí que molesta.

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