Organizaciones piden Procuraduría establezca responsabilidades por niña quemada en maternidad

Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do / Manuel María Mercedes, presidente Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Coalición de ONGs por la Infancia solicitaron ante la Procuraduría General de la República el establecer responsabilidades en el caso de la recién nacida que perdió la vida luego de sufrir quemaduras en el 40 % de su cuerpo a causa de un incendio provocado por la explosión de una bombilla en la Maternidad Evangelina Rodríguez.

Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, destacó que el incidente se enmarca en el contexto de la crisis estructural del Sistema de Salud Público que se manifiesta en las deplorables condiciones del servicio de atención materno-infantil.

“En los últimos tres años 10 mil niños han nacido, y de esos más de 500 han fallecido como resultado de la irresponsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud. No puede quedarse en la simple impunidad, situaciones como estas”, manifestó Mercedes.

Asimismo, resaltó que en el país se registran 20 muertes por cada 1000 nacidos vivos dentro de los primeros 28 días de vida, lo cual sitúa a la República Dominicana como el segundo de América Latina con el mayor índice de mortalidad infantil.

“Solamente en la maternidad Doctor Robert Reid Cabral -Nuestra Señora de la Altagracia- han fallecido 507 de 10,980 nacidos vivos hasta octubre 2017, según denunció el Colegio Médico Dominicano”, recordó el presidente de la Comisión.

En tanto el representante de la coalición, Isaac Terrero, señaló que “este caso pudiera ser entendido como un hecho aislado, pero lo cierto es que en las maternidades y los hospitales infantiles del país todos los días mueren niños y niñas recién nacidos por causas prevenibles”.

Para reducir los alarmantes índices de mortalidad infantil las organizaciones expusieron las siguientes propuestas:

  • Aumentar la inversión en el sistema de salud público, focalizando y priorizando el gasto en el financiamiento de los servicios de prevención y atención médica a las mujeres embarazadas e infantes más vulnerables, esto incluye el mejoramiento de la infraestructura y adecuado abastecimiento de los recursos básicos a los hospitales.
  • Fortalecer el modelo de gestión administrativa de los hospitales materno-infantiles.
  • Fortalecer las competencias del personal médico para elevar la calidad de la atención.
  • Implementar de manera consistente un sistema de consecuencias contra las malas prácticas médicas, negligencia y corrupción en estos centros de salud.

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