Tribunal mete en cintura al alcalde Abel Atahualpa Martínez Durán

Foto: Acento.com.do/Archivo/Palacio Municipal de Santiago de los Caballeros

SANTIAGO, República Dominicana.-El Juzgado de Primera Instancia, de la Cámara Civil y Comercial, del distrito judicial de Santiago acogió un Recurso de Amparo en contra del Ayuntamiento de Santiago, presentado por Inversiones Bonafer SRL,  por cobros de impuestos ilegales.

El fallo fechado el 24 de octubre del 2017, pero dado a conocer este martes, establece que se prohíbe al Ayuntamiento de Santiago el cobro de tasas o arbitrios  en contra del demandante, cuando se trate de cobros que no hayan sido debidamente creados mediante ordenanza emitida por los integrantes del Concejo de Regidores  de Santiago.

 Desde la llegada del alcalde Abel Atahualpa Martínez Durán, el 16 de agosto del 2016, se han hecho frecuentes las denuncias de ciudadanos comunes, comerciantes y empresarios que se quejan por el cobro  ilegal de arbitrios o impuestos municipales de manera administrativa. Algunos comerciantes han actuado en los tribunales para  buscar  una salida a la situación y defenderse de lo que muchos han calificado como una política  en contra del desarrollo municipal.

El conflicto más reciente lo han librado las autoridades municipales con representativos de las asociaciones empresariales de Santiago.

En esta ocasión, Juan Carlos Ortiz, del Consejo para del Desarrollo Estratégico de Santiago (CEDS) y Carlos Guillermo Núñez, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), se quejaron por la acción del alcalde Abel Martínez de publicar en vallas los nombres de las empresas que supuestamente se negaban a pagar los impuestos municipales. Los empresarios consideraron que se trataba de una acción arbitraria e ilegal, que nos e corresponde con los mandatos constitucionales.

En el caso del fallo en favor de Inversiones Bonafer SRL,  el tribunal dictó que prohíbe a las autoridades municipales tomar cualquier acción en contra del demandante en este caso, como son imposición de multas, incautación de bienes y otras acciones.

El fallo también contempla el pago de RD$ 5, 000.00,  en caso de que las autoridades sancionadas incurrieran  en el incumplimiento de las prohibiciones dictadas en contra del Ayuntamiento de Santiago.

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