Inspecciones en el Poder Judicial se quedan a medias ante posibles casos de prevaricación

Foto: Acento.com.do / Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de 900 inspecciones e informes han sido elaborados por el Consejo del Poder Judicial en aproximadamente tres años, pero que al parecer no han pasado las puertas de la Inspectoría del Ministerio Público, dirigida por el magistrado Bolívar Sánchez Veloz.

Hasta el mes de octubre se presentaron 116 inspecciones extraordinarias, de situaciones concretas que la Comisión Permanente consideró necesarias su profundización, a diferencia del año 2016 que se realizaron 136.

Según el Consejo del Poder Judicial, las inspecciones ordinarias tienen como finalidad el conocimiento general y detallado del estado de cada órgano inspeccionado a diferencia de las extraordinarias que buscan profundización de un hecho concreto. En lo que va del año se llevaron a cabo 37 ordinarias, mientras durante el 2016 fueron 29.

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Las inspecciones llamadas de Conocimiento se triplicaron en un tiempo de nueve meses, mientras en que en el año 2016 se realizaron solamente en los tres primeros trimestres del 2017 se llevaron a cabo 34.

En tanto los informes Ministeriales en el año 2016 fueron 14, y en el 2017 aumentaron a 11. Empero en ninguno de los años se llevaron a cabo inspecciones de seguimiento de los casos presentados.

76 ha sido la diferencia de inspecciones e informes entre los años 2016 y 2017.

Se elabora todo tipo de informes que les son requeridos por la Comisión Permanente, el Promotor de la Acción Disciplinaria y los distintos Servicios y Secciones del Consejo General del Poder Judicial (medidas de refuerzo, concursos de traslado, compatibilidades, licencias etc.

Asimismo se realizan informes para órganos y entidades externas cuando le son requeridos, según el reglamento del Sistema Judicial.

Jueces suspendidos o cancelados

En el año 2015 el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, denuncia una supuesta red de jueces prevaricatos encabezada por el exconsejero de la misma entidad, Francisco Arias Valera.

Dicha red estaba compuesta por la destituida jueza, Awilda Reyes Beltré, y tres magistrados que pasaron por un letargo de casi doce meses sin cobrar ni llevar un proceso consistente en su contra. Luego fueron destituidos y se manifestó podrían llevar un proceso fuera del Consejo.

Arias Valera y Beltré, aún se encuentran en un proceso penal y bajo prisión domiciliaria.

Rosó Vallejo Espinosa, José Dionisio Duvergé y Víctor Mejía Lebrón, fueron destituidos en el año 2016 por faltar a los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial.

Mientras que en el año 2017 los casos fueron más divulgados o de verdad se trabajaron las inspecciones ya que el primer trimestre, el Consejo del Poder Judicial destituyó a los tres jueces que ordenaron mediante sentencia un nuevo juicio al imputado Winston Rizik, acusado por el Ministerio Público de narcotráfico y lavado de activos.

Estos fueron Manuel del Socorro Pérez García, Saulo Ysabel Díaz y Rosaly Yovianka Stefani Brito, quienes el día 1 de febrero y frente a la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, anularon la sentencia que condenó a Winston Rizik y a su hermano.

En este último trimestre, fueron suspendidos Willy de Jesús, juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal de San Cristóbal, y Aleyda Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, por la presunta fuga del país de Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”.

Mientras que varios miembros de la sociedad han denunciado que los jueces utilizan la figura jurídica de prisión preventiva a su propio criterio y deciden a quien darle prisión o no, utilizando además sus influencias para tomas de decisiones de casos que les convienen.

Al contrario de los mismos jueces, que deploran las suspensiones sin disfrute de sueldo y sin previo proceso disciplinario.

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