Piccini mantiene el silencio a pesar de ser el único preso por caso corrupción aviones Super Tucano

Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do / Carlos Piccini, imputado caso Super Tucano.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En silencio ante los medios permaneció el coronel Carlos Piccini al salir de una oficina a otra, dentro de las instalaciones de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) donde fue interrogado por su directora, Laura Guerrero Pelletier.

Piccini quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el mes de agosto del pasado año cuando junto a los demás implicados del caso Super Tucano se le dictó medida de coerción, negó emitir palabras ante los medios sobre el caso de 3.5 millones de dólares en sobornos que supuestamente recibió.

En tanto tras casi siete horas de interrogatorio, su abogado Alejandro Tejeda calificó de un abuso el hecho de que por el caso de corrupción sea el único que se encuentre bajo prisión “por simplemente mandar unos correos electrónicos que no han sido comprobados”.

Todo sobre los Super Tucano

Mientras que los demás implicados son el exsecretario de las Fuerzas Armadas (2008-2010) mayor general Pedro Rafael Peña Antonio señalado de adquirir más ocho inmuebles de valores millonarios en distintas partes del país entre ellas en la provincia de Samaná, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

En su caso según el expediente inicial presentado por la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Peña Antonio posee terrenos en el sector Arpes I, Santo Domingo Este (dos distintas parcelas); dos en San Isidro, Santo Domingo Este; y otras dos en Prado Oriental, Santo Domingo Este.

Asimismo, en el Distrito Nacional tiene terrenos en Villas Palmares, Bella Vista; y Naco. Además posee parcelas en Las Galeras y El Cabo de Samaná, en la provincia de Samaná.

Asimismo, los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, a quienes se les impuso como medida de coerción presentación periódica e impedimento de salida del país, variándosele luego a utilización de localizadores.

El Ministerio Público le atribuye la presunta violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en perjuicio del Estado dominicano.

Durante la investigación de la Pepca sobre el caso que involucra a la empresa brasileña Embraer, han vinculado a legisladores como el senador de la Provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas.

La aprobación del informe en 2008

El 16 de septiembre del 2008, es leído el informe de la comisión de Hacienda conformada para ello que rindió un informe favorable al proyecto remitido desde el Poder Ejecutivo, tras considerar que las aeronaves implicarían “la recuperación del control del espacio aéreo, marítimo y terrestre” del Estado dominicano y “deduciendo que cualquier inversión que se realice en materia de seguridad nacional, será menor frente a los costos y los estragos que provoca el avance del narcotráfico”.

Dicha comisión estuvo presidida por el senador Tommy Galán y además la integraron Amílcar Romero, Francis Vargas, César Díaz Filpo, Félix María Vásquez Espinal, Dionis Sánchez y Luis René Canaán Rojas.

Ese mismo día fue aprobado el contrato en el Senado, presidido por Reinaldo Pared Pérez, pese a que los senadores por Santiago y Peravia, Francisco Domínguez Brito y Wilton Guerrero, se opusieron y expusieron sendas objeciones contra la ratificación del acuerdo debido al costo de operación de las aeronaves que implicaba un gasto de 2, 000 dólares por hora de vuelo.

Cuatro senadores del entonces opositor Partido Revolucionario Dominicano se retiraron de la sesión.

La compra de las aeronaves obtuvo el voto favorable de 18 de 20 senadores.

El 5 de noviembre del 2008, la iniciativa tuvo que ser dejada sobre la mesa porque no se logró la votación requerida.

Durante esa sesión, el diputado peledeísta Elso Segura acudió con la boca tapada con una cinta adhesiva y denunció que sus compañeros habrían recibido sobornos para aprobar varios préstamos, entre éstos el contraído con el BNDES para comprar los Súper Tucano.

El 11 de noviembre del 2008, el contrato con el BNDES y Embraer fue aprobado en la Cámara de Diputados, presidida por Julio César Valentín, con 87 votos a favor y 11 en contra.

Otros 30 legisladores no votaron.

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