2.66% para la Justicia

Año tras año el Poder Judicial viene solicitando la asignación de un 2.66% de los ingresos internos que contempla el presupuesto general del Estado en cumplimiento con la Ley No. 194-04. Esto es un reclamo justo al cual debe unirse toda la ciudadanía y principalmente quienes somos auxiliares de la justicia.

Somos nosotros los principales usuarios de los servicios judiciales y quienes sufrimos diariamente las precariedades del Poder Judicial, en parte por una gestión -quizás- ineficiente de los pocos recursos y en otra gran parte por los escasos fondos que recibe este Poder tan importante para el desarrollo y la estabilidad social.

El tema del sistema de justicia es recurrente en mis escritos y hace casi un año, en este mismo espacio describí la situación actual del sistema en mi artículo “la justicia enferma”. Evidentemente, no han pasado años desde que los escribí y por tanto lo vertido en él sigue tan vigente como en noviembre de 2015, por lo que me permito copiar algunos párrafos que dan al traste con el tema:

La justicia dominicana está enferma. Hace unos años que ha venido dando muestras de que los efectos de la ola de reforma y modernización del Poder Judicial que inició a finales de los años noventa se agotaron.

Los tribunales están sobrecargados de expedientes, no hay suficientes jueces ni abogados ayudantes para agilizar los fallos. Y este exceso de trabajo conjugado con la presión de dictar decisiones al vapor incide negativamente en la calidad jurídica de las sentencias. Encima de esto, los bajos salarios de los servidores judiciales y las precarias condiciones de algunos tribunales de la República agudizan la enfermedad de la justicia”.

La sociedad está consciente de que es necesaria otra reforma integral y profunda del Poder Judicial (y del sistema de justicia en general), para mejorar sustancialmente los servicios judiciales, facilitar el acceso a la justicia y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial; pero para ello necesariamente hay que aumentar significativamente su presupuesto. Claro está que una mayor asignación presupuestaria no supone que automáticamente tendremos servicios judiciales más modernos y eficaces, ni tampoco que las decisiones saldrán más rápido y con mejor calidad jurídica ni mucho menos que tendremos un Poder Judicial con una independencia incuestionable.

Sin embargo, no podemos esperar que las sentencias salgan más rápidas cuando los tribunales están atiborrados de expedientes y todos sabemos que hacen falta más tribunales (Ej. Los tribunales contencioso-administrativos).  Ni tampoco una gran y efusiva motivación para agilizar los procesos o fundamentar mejor los casos de parte de los servidores judiciales cuando en pleno agosto se dañan los aires del tribunal, se va la luz (típico del país), la planta eléctrica funciona cuando le da la gana, y los ventiladores, si hay, apenas alcanzan para las diminutas oficinas rodeadas de cajas de expedientes amontonadas una sobre la otra, donde muchos jueces redactan sus decisiones. Y encima de todo: salarios bajos.

Un primer paso para palear esos males es reclamar una asignación presupuestaria superior para el Poder Judicial. Y esto significa exigir el 2.66% que los jueces y servidores judiciales demandan ahora que se abrirán las discusiones sobre el presupuesto de 2017.

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