La compra-venta política en RD: corrupción y clientelismo

Nuestra definición de la política es la siguiente: “Es una actividad que se desarrolla ideológicamente, y que persigue llegar a la toma de decisiones para lograr un fin específico en bien de toda la sociedad, a través del uso legítimo de la fuerza, ejerciendo el poder, para resolver o minimizar el choque de intereses encontrados”.

Todos estamos contestes de que cuando se gobierna se tiene poder. Para el autor inglés Richard Henry Tawney, el poder era “La capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos, en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea”. En otras palabras es tener el control, imperio, dominio y jurisdicción para imponer un mandato.

Tradicionalmente se conceptúa sobre la corrupción como el abuso autoritario del poder, llegando incluso al ejercicio tiránico del mismo. Lord Acton decía que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Actualmente no sólo se habla de corrupción en el sentido del ejercicio del poder, sino que se hace énfasis en uno de los tipos de corrupción en el poder, que es el enriquecimiento ilícito o favorecimiento indebido de un político o grupo de políticos que detentan tal poder.

Hablemos ahora sobre el clientelismo. Este es un fenómeno puramente político o gubernamental que consiste en aquella relación entre los políticos en el gobierno, y ciudadanos o grupo de civiles, mediante el cual se intercambian favores que supuestamente deben ser de beneficio mutuo. Ha de suponerse que tal intercambio es visiblemente informal, entre quien tiene el poder y su cliente. Mayormente se verifica el fenómeno con la finalidad de conseguir el voto (en tiempo de elecciones).

En la República Dominicana el enriquecimiento ilícito está a la vista de todos, producto de que el flagelo de la corrupción política no encuentra valladar, y su magnitud ya alcanza niveles alarmantes de saqueo del erario público, ante la impunidad asegurada por factores como la falta de voluntad política para atacar el mal; la impunidad de una justicia “costurera” (pues esta se imparte a la medida del imputado y de los intereses envueltos); y la desidia y falta de denuncia de los ciudadanos. No existe en la actualidad sano propósito de hacer política para el “bien común”, sino mas “bien como’un” medio de enriquecerse.

Pues asimismo, el poder se usa para comprar adhesiones, algo que es del diario vivir político de nuestro querido país. El político que forma parte del partido que está en el poder se vuelve un “compraventero” que ofrece ciertos beneficios o favores a sus clientes a cambio de apoyo electoral o solidaridad con su causa, que no es otra que apoderarse de los recursos del tesoro público. Es un “yo te doy, tu me das”, con la agravante de que lo recibido por el cliente (siempre que este no tenga poder económico) es ínfimo ante el beneficio logrado por el político, y la mayor parte de las veces, aquel es timado en esta relación clientelista, o no se le cumple lo prometido.

De esta manera se evidencia la estrecha relación existente entre los conceptos y los fenómenos a que nos referimos.

Ya se dijo más arriba “El poder absoluto corrompe absolutamente”. Un gobierno que controla los tres poderes de un Estado no tiene contrapeso ni fiscalización efectiva que resguarde los intereses de toda la nación, por lo tanto, no se verifica una democracia saludable. De ahí que no se vean resultados ejemplarizantes en los casos de corrupción política o administrativa que se llegan a ventilar en la justicia, o se juega al tiempo con estos, hasta que se diluyen en la conciencia nacional.

Lo mismo se da con un Poder Legislativo que sólo responde a las directrices del Ejecutivo. No hay manera de que cumpla con su sagrada función de actuar en nombre y representación de la voluntad del pueblo, de manera que regule y defienda los derechos y obligaciones de aquel, en la creación y promulgación de buenas leyes en beneficio de la colectividad.

Reclamamos fervientemente de un concierto de voluntades en las que se vea el protagonismo franco y veraz del gobierno y todos los demás sectores de la sociedad dominicana, para en conjunto buscar de una vez por todas las soluciones que pongan fin a estos flagelos de la corrupción y el clientelismo político, comenzando por fortalecer la educación en ese sentido, y con la correcta ponderación y aprobación de buenas leyes, entre ellas una buena Ley de Partidos Políticos.

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