El sueño que se volvió pesadilla: dominicanos víctimas de tráfico en Chile

Servicios de Acento.com.do - 28 de agosto de 2016 - 1:00 pm - Deja un comentario

Por Greta di Girolamo / Fotografía: Cris Guzmán/ http://www.paula.cl/

Desde que en 2012 Chile les exige a los dominicanos una visa de turismo difícil de conseguir, ha aumentado su ingreso ilegal. Muchos, con la ilusión de venir a un país próspero, caen en manos de redes criminales que les prometen ayuda para entrar y encontrar trabajo. Y, en cambio, los dejan en la frontera para que crucen el desierto minado, a pie, de noche. Una vez acá, el sueño se esfuma. Porque el ingreso ilegal equivale a expulsión.

 

La sede de Extranjería y Policía Internacional de la PDI en el centro de Santiago está atiborrada de extranjeros haciendo filas con papeles en la mano. Detrás de una puerta con un cartel que dice “Firmas”, varios dominicanos esperan pacientes su turno.

Todos cuentan la misma historia: en su país contactaron a gente que se dedica a traer dominicanos a Chile con la promesa de que acá consiguen trabajo estable, pagaron grandes sumas de dinero para ingresar -algunos creyeron sería un ingreso legal, otros sabían que no-, y pasaron todo tipo de pellejerías en el camino. Una vez aquí, se enteraron de que entrar sin la visa consular y hacerlo caminando por el desierto sin pasar el control de la frontera se condena con expulsión y que, en ningún minuto, la ley chilena los considera víctimas de tráfico de personas porque estima que hubo voluntad de parte de ellos al momento de entrar ilegalmente.

Isidro Reinoso (42) y Pamela Polanco (32) son parte de ese grupo de dominicanos que están ilegales en Chile. Vienen una vez al mes a estampar su firma a esta pequeña oficina que sienten como una especie de purgatorio por el que tienen que pasar hasta que los echen.

Dicen que sabían que desde 2012 Chile les exige a los de su país una visa de turismo para ingresar (es el único país latinoamericano con esta exigencia además de Cuba), pero se saltaron ese trámite. No cumplían con las exigencias para conseguirla: demostrar solvencia económica mediante cuentas bancarias, propiedades y trabajo estable, además de tener reserva en un hotel en Chile o una carta de invitación dirigida al cónsul –legalizada ante un notario y dos ministerios– por parte de un anfitrión con buena situación económica. Requisitos que a la fecha han cumplido solo 5.461 dominicanos, aunque Óscar Canelo, presidente de la Comunidad de Dominicanos en Chile, calcula que desde 2012 han ingresado cerca de 15 mil de sus compatriotas al país.

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Santa Rosa y John están en calidad de ilegales. Ella trabaja como nana y él como mecánico mientras hacen trámites para no ser expulsados de Chile.

Isidro y Pamela querían venir a Chile porque aquí el sueldo promedio es el doble que en su país. Ellos estaban quebrados: el emprendimiento de venta de celulares que tenían no había funcionado y necesitaban hacer algo. Por eso les pareció atractivo cuando una mujer dominicana les aseguró que podía ayudarlos a entrar a Chile y les prometió que acá tendrían trabajo estable. Dicen que hipotecaron su casa y le pagaron los 6 mil dólares que les cobró por traerlos. Se despidieron de su hija de 6 años, que quedó al cuidado de una tía, e iniciaron la travesía rumbo a Santiago.

“La mujer nos dijo que nos iba a traer legal, que nada de lo que iba a hacer era irregular. Nos pasó a cada uno un papelito timbrado con la fecha en la que llegaríamos y nos dijo que con eso nosotros ya estábamos legal en Chile y podíamos hacer los papeles para conseguir un trabajo rápido”, cuenta Isidro mientras hace la fila en la oficina de la PDI.

Siguieron al pie de la letra cada instrucción que les dieron los ayudantes de la mujer. Tomaron un avión a Ecuador, cruzaron en un bus a Perú, donde se reunieron con otros seis dominicanos con los que cruzaron, a las cuatro de la mañana y en bote, la zona del río Desaguadero hacia Bolivia. Cuentan que en La Paz los paró la policía y les pidió 280 dólares: “Les explicamos todo, pero el caso era quitarnos dinero. Estaban asociados a la red”, dice ahora Pamela, quien a esas alturas del viaje dudaba de que todo lo que estaban haciendo fuera legal.

Atravesaron la frontera evadiendo el control de Colchane, a la altura de Iquique y finalmente llegaron el 10 de julio de 2014 a Santiago. Lo primero que hicieron fue ir al Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior, con sus papelitos timbrados. “Mostré el papel pensando que iba a estar todo bien, que íbamos a poder normalizar nuestra situación, pero cuando lo vieron llamaron a la PDI y me acusaron de falsificación de documentos”, cuenta Isidro.

Después de que los registraran en el sistema, la pareja quedó confinada a la expulsión del país. Una situación cada vez más común según datos de Extranjería, que indica que desde la aplicación de la visa consular han aumentado las expulsiones de dominicanos por ingreso clandestino. De hecho, el año pasado esa fue la razón del 95% de los casos de expulsión de los dominicanos de Chile.

La expulsión es un proceso largo. Tienen que firmar una vez al mes en la oficina de la PDI hasta que les llega la carta de expulsión que emite Extranjería y finalmente un funcionario de investigaciones los lleva de vuelta a su país, viaje que paga el Estado chileno. Cuando eso pasa, ya no pueden volver a Chile.

“Llevamos dos años esperando a que nos llegue la carta”, dice Isidro, quien pretende apelar a ella con ayuda de un abogado. Pero las probabilidades de que la respuesta de la Corte de Apelaciones sea favorable son bajas: la razón de más peso para no expulsar a un extranjero que ingresó de manera ilegal es que haya tenido un hijo en territorio nacional. Y no es el caso.

Al lado de Isidro también esperan para firmar Carolina González (35) y Carmen Lucía Capellán (45), hermanas dominicanas que llegaron hace seis meses a Chile. También hipotecaron su casa y su auto para pagar los 1.500 dólares que, la misma mujer que timó a Isidro y Pamela, les pidió a cada una por traerlas. Cuando cruzaban la frontera a pie fueron interceptadas por funcionarios de la PDI.

Mientras los cuatro dominicanos esperan su carta, se las arreglan como pueden viviendo en la ilegalidad. La pareja trabaja informalmente en una pyme de distribución de agua en bidones que le permite arrendar una casa y enviar dinero a su hija, a quien no ven hace dos años. Las hermanas, por su parte, envían dinero a sus cuatro hijos juntando los 370 mil pesos mensuales que gana Carmen Lucía como empleada doméstica de lunes a viernes en Las Condes, sin contrato, y la plata que hace Carolina lavando platos en el mercado Tirso de Molina.

Isidro está ilegal, en trámite de expulsión. Dice que fue engañado. La mujer que lo ayudó a venir, y le cobró 6 mil dólares por traerlo, le pasó un papelito timbrado y le dijo que con eso estaría legal en Chile. Cuando mostró el papel en Extranjería, lo acusaron de falsificación de documento.

“Estas personas quedan en un limbo porque el proceso de expulsión puede durar años, años en los que no van a tener residencia, rut, trabajan en las peores condiciones, no tienen pago de cotizaciones, no tienen salud. No existen”, dice Florencia Saffirio, encargada del área social del Servicio Jesuita a Migrantes, organización que se dedica a la inclusión social de inmigrantes y que atiende 200 casos como estos.

A pesar de que no figuran en las estadísticas, son tantos los dominicanos que viven ilegales en Chile, que el año pasado cada jueves llegaban cerca de 80 a la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP buscando asesoría legal gratuita. “Muchos se ven expuestos a una mayor vulnerabilidad; muchas mujeres a la explotación sexual. La irregularidad migratoria lo que hace es alentar los mercados informales de trabajo y las personas tienen que acudir a estos para poder sobrevivir”, explica la abogada Delfina Lawson, directora del lugar.

Tráfico y bombas en el desierto

Cada paso que daba Santa Rosa Reyes (41) en el desierto de Atacama, lo hacía con miedo a que explotara una bomba bajo sus pies. “No te desvíes de la línea del tren”, le había sugerido el coyotero para evadir las minas antipersonales que hay en esa zona entre Tacna y Arica, la que hay que cruzar para evadir el control del complejo fronterizo Chacalluta. El mismo lugar donde explotó una bomba a fines de mayo en la pierna de un joven dominicano que venía a Chile a probar suerte como ella.

Era de madrugada, llevaba dos horas caminando sin abrigo, sin comida y sin ver absolutamente nada, cuando una de las mujeres del grupo de 14 extranjeros se tiró al suelo porque una lesión en el pie no le permitía seguir caminando. No alcanzaron a pasar ni cinco minutos entre que Santa Rosa fue a ayudarla y llegaron dos funcionarios de la PDI con traje de camuflaje a detenerlas. Esa noche la pasaron en un calabozo y al día siguiente fueron a prestar su declaración ante la policía en Arica.

–¿Sabe que usted está ilegal aquí?– le preguntó el funcionario.

–Sí– contestó ella.

–Entonces, ¿por qué lo hizo?

–Porque ustedes no nos dan la visa. No nos dejan venir. Hacemos esto por necesidad, porque tenemos que trabajar por nuestra familia.

Fotografía de pisadas tomada por la PDI en una de las rutas clandestinas cercanas a Colchane que se utiliza para tráfico ilícito de migrantes.

El 17 de febrero Santa Rosa se había subido eufórica a un avión luego de endeudarse para pagar los 2.500 dólares que le pidió un hombre con la promesa de traerla a Chile con trabajo asegurado. “Yo había presentado todos mis documentos en el consulado para tener la visa de turismo, pero me la negaron. Sabía que esta otra opción era ilegal, pero necesitaba mantener a mi familia. Nunca pensé que nos iba a hacer cruzar así la frontera y que iba a pasar por todo lo que pasó”, dice.

“Tenemos redes enormes de tráfico de migrantes fortalecidas gracias a la visa dominicana. Es una de las medidas más desastrosas”, dice Rodrigo Sandoval, director nacional del Departamento de Extranjería y Migración.
Cuenta que cuando llegaron a Quito, el señor que les había prometido cielo, mar y tierra se esfumó y el sueño se transformó en pesadilla. Algunos pensaron en volver a República Dominicana, pero ella no. Organizó un pozo común en el que puso los 300 dólares que le quedaban y con eso fueron pagando a diferentes personas que les ofrecían traerlos a Chile.

“Nos iba engañando. Un señor nos pidió 150 dólares y nos dijo que nos iba a llevar hasta Tacna. Esperó a que fuera de noche y nos cruzó por la frontera entre Ecuador y Perú, pero ahí nos dejó botados y se llevó todo nuestro equipaje. Antes de irse, llamó a otro señor que nos pidió más dinero para llevarnos hasta Tacna”, dice Santa Rosa, quien entregó el resto de plata que tenía y se quedó solamente con la ropa que llevaba puesta, su pasaporte y cuatro fotos de su hija y sus nietos que conserva hasta el día de hoy.

Dice que en Tacna estuvo ocho días durmiendo en el suelo de una casucha, muerta de frío y alimentándose de pan, junto a 24 extranjeros que también habían pagado para que los trajeran a Chile. Hasta que llegó la noche en que cruzaron el desierto. “Este señor, que se dedicaba a eso, nos acompañó a pie hasta la frontera. Nos escondía en unas lomas de arena y nos decía cuándo salir para seguir avanzando. Cuando llegamos a tierra chilena nos dejó solos y seguimos así hartas horas”, agrega.

Lo que vivió fue parte de una operación de tráfico, un delito que consiste en transportar a personas a través de la frontera por pasos ilegales. A quienes facilitan este traslado se les llama coyoteros, que pueden ser personas oportunistas que esperan cerca de la frontera o bien pertenecer a redes criminales internacionales. En cualquier caso, quienes son objeto de tráfico, como ella, suelen estar expuestos a amenazas, robos, golpes y abusos sexuales.

El camino que siguió Santa Rosa hasta que la encontró la policía es una de las tres principales rutas de tráfico de personas que ha detectado la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI de Santiago. Las tres parten en República Dominicana. Es más, el 33% del total de personas que fueron objeto de tráfico” de las 9 operaciones que ha desarticulado la brigada son dominicanos, entre ellos los afectados de la red liderada por la dominicana Josefina Corporán, quien está presa en Iquique.

“Si bien hay corrientes que dicen que la visa de turismo ha incrementado el tráfico, nosotros hemos perdido la cuenta de cuántos dominicanos vienen a denunciar que han sido afectados por tráfico sin nunca haber ido al consulado a obtener una visa, entonces es importante recalcar que no hacen el trámite. Los exponen a una serie de aberraciones que se dan en la frontera, son personas que sufren, pero están conscientes de que ingresan de manera ilegal”, dice Cynthia Contreras, a cargo de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.

En la Subdirección de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores explican que la visa de turismo se instaló para ordenar el proceso migratorio de dominicanos a Chile. Esto, luego de una solicitud explícita del gobierno de República Dominicana y de una serie de situaciones complicadas, dentro de las que nombran redes de trata y el ingreso de dominicanos que no cumplían los requisitos para entrar como turista. “Ambos países estaban preocupados y se puso la visa como forma de proteger a las personas que vienen de República Dominicana al país de grupos inescrupulosos que los sometan a trata o tráfico”, señalan.

El jefe nacional del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, dice que en la práctica ha ocurrido todo lo contrario: “Tenemos redes enormes de tráfico de migrantes alimentadas y fortalecidas gracias a la visa dominicana. Es una de las medidas más desastrosas y menos útiles; cuando impides el ingreso para los dominicanos que no tienen visa, lo que estás haciendo es crearle el negocio al traficante”. Sandoval espera que la visa consular sea eliminada cuanto antes, algo que Relaciones Exteriores pretende solucionar antes de fin de año.

Santa Rosa y John están en calidad de ilegales. Ella trabaja como nana y él como mecánico mientras hacen trámites para no ser expulsados de Chile.

“Estas personas quedan en un limbo porque el proceso de la expulsión puede durar años. No van a tener residencia, rut, trabajan en las peores condiciones, no tienen pago de cotizaciones, no tienen salud. No existen”, dice Florencia Saffirio, encargada del área social del Servicio Jesuita a Migrantes.

Delfina Lawson, de la Clínica de la UDP, piensa que no es suficiente con sacar la visa. “Eso solo soluciona el problema de los dominicanos que vendrán, pero no el de los miles que ya están en Chile ilegales ¿Qué haces con esa gente? La visa consular le genera al Estado chileno la obligación de resolver la situación de esas personas con un plan de regularización migratoria especial. Además, desde el punto de vista de la seguridad nacional, ahora no se sabe quién está en el territorio”, dice la abogada. A eso, según ella, debería sumarse una visa especial de derechos humanos para quienes sufrieron vejaciones en su trayecto hasta el país por redes de tráfico.

Santa Rosa ya recibió la carta de expulsión. A fines de septiembre tiene cita con un abogado para apelar y, con suerte, regularizar su situación y traer a su hija y a sus nietos a Chile.

Por ahora trabaja como nana en una casa en Vitacura y le envía a su familia 250 mil pesos de los 350 mil que gana. Se las arregla para vivir aquí con cien mil pesos; arrienda un espacio en una casa en Conchalí donde hay otros extranjeros y camarotes hasta en la cocina. Ahí viven John (21) y Ani (44), también dominicanos ilegales que llegaron por redes de tráfico. “Le pido al Señor que no me expulsen. Acá estoy trabajando; no estoy viviendo del gobierno, sino de mi esfuerzo. Me arrepiento de no haberme informado mejor, no sabía lo de la expulsión”, dice Santa Rosa Reyes. Y agrega: “Pero si tuviera que volver a hacerlo, lo haría; el sueldo que gano le sirve mucho a mi familia”.

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