Nuestro apátrida favorito

“Si no aceptamos el hecho de que existe un problema, no habrá solución.” –Daniel Supplice

Nuestro apátrida favorito no es un hijo de extranjeros impactado por la Sentencia 168 del 23 de septiembre 2013 sin haber podido beneficiarse de la Ley 169-14 aun. Esos son otros quinientos.

Luis es nuestro apátrida preferido, porque es compañero de trabajo en la empresa desde hace más de siete años. Junto a él hemos sufrido sus incontables penurias, sin poder creer que esta pesadilla pase entre nosotros, y sin poder hacer nada al respecto.

Nuestro apátrida favorito supo a principios de 2013 que había problemas con sus documentos cuando al solicitar un extracto de acta de nacimiento para sacar su pasaporte, le informaron que no podían expedir la copia por estar suspendido su registro. En la empresa donde labora supimos de sus dificultades poco después en junio 2013, cuando no se pudo cotizar los seguros de trabajo y demás obligaciones laborales, por carecer el empleado de cédula vigente. Desde entonces Luis ha andado la seca y la meca en procura de recuperar su identidad oficial, ha gastado todos sus ahorros y algo más en diligencias y trámites legales, hasta este momento sin éxito a pesar de todos sus esfuerzos. Como se descubriría eventualmente, resulta que sin ton ni son su cédula había sido cancelada por la Junta Central Electoral en junio 2011, sin haber mediado sentencia de un tribunal competente ni haber notificado a Luis esa decisión administrativa.

Nuestro apátrida favorito nació en San Pedro de Macorís el 25 de abril de 1969. Según consta en su acta de nacimiento fue declarado tardíamente cuando tenía 10 añitos por Juana, madre soltera de nacionalidad dominicana, y obtuvo su acta de nacimiento sin dificultad en 1979. En abril 2000 fue ratificada su acta de nacimiento por sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, pues le exigieron a Luis ese trámite para expedirle un extracto de acta de nacimiento en ocasión de inscribirse para completar el bachillerato, cuando ya tenía 31 años.

Pero resulta que en 2011 la Junta Central Electoral administrativamente suspende el acta de nacimiento y cancela la cédula de Luis, “por haber sido instrumentada de manera irregular después de la clausura legal del Libro”. Increíblemente procede sin someter la solicitud de anulación al tribunal competente, y sin notificar al afectado. En el mismo libro de registro de la oficialía civil había otras 69 almas también inscritas irregularmente después de la clausura legal del tomo, y se entiende que sus actas de nacimiento también fueron suspendidas. Desconocemos la suerte que han corrido esas personas, y tampoco sabemos si ese libro es el único en el sistema con esa anomalía administrativa. Solo conocemos el caso de Luis, nuestro apátrida favorito.

Cuando Luis y su abogado gestionan la validación de sus documentos, la Junta Central Electoral recomienda que Luis someta una demanda en nulidad de acta de nacimiento, en lugar de la JCE cumplir con su obligación de hacerlo. Con esta rara acción supuestamente podría acelerarse el proceso, y Luis accede al singular procedimiento con tal de recuperar sus documentos de identidad en el más breve plazo posible.

En febrero 2015 finalmente la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís se pronuncia en torno a la demanda en nulidad, sorprendentemente rechazando la petición y nuevamente revalidando el acta de nacimiento de Luis, a pesar del reconocido error administrativo en el Libro de Registro. El tribunal ordena a la Junta Central Electoral entregar una copia de su acta de nacimiento a Luis, y que se ejecute la sentencia, “no obstante cualquier recurso que se interponga en su contra.” ¿Con ese dictamen deja Luis de ser apátrida?

De ninguna manera. Luis cumplió sus 46 abriles hace tres meses, sin el privilegio de tener documentos de identidad expedidos por la Junta Central Electoral. Pasaporte para viajar a visitar a su esposa que trabaja en Chile nunca obtuvo. No tiene cobertura de accidente de trabajo, ni seguro médico para él y su familia desde hace más de dos años. No puede acceder a servicios bancarios, pues ya el plástico de su cédula vieja no le sirve más que de recuerdo de su pasado. Pronto no podrá renovar su licencia de operador de equipos pesados- su único medio de sustento- si no supera su condición de apátrida en breve. Pues hasta el lunes 27 de julio 2015, la Junta Central Electoral no ha cumplido con el mandato del tribunal de justicia que ordena la reposición inmediata de sus documentos. Y la JCE no parece tener ninguna premura en cumplir con la orden judicial.

Habiendo llegado ya al límite de nuestra capacidad de ayudar al desesperado compañero de trabajo, apelamos a la solidaridad de los dominicanos de buena voluntad para sugerir los próximos pasos de Luis en procura de su identidad oficial. Mejor aún, solicitamos un voluntario que quiera apadrinar a Luis, acompañándolo en su estoica búsqueda de justicia, y así eliminar este vergonzoso caso de un apátrida en tierra dominicana.

En última instancia, ¿podría ser una tarea digna de la Defensoría del Pueblo velar por el cumplimiento de la sentencia judicial que revalida el acta de nacimiento de Luis?

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