El final del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros

Por otro lado, en Haití habrá elecciones el 25 de octubre de este año, y casi a unanimidad los políticos haitianos entienden que las deportaciones dominicanas podrían incendiar el panorama político y afectar las elecciones presidenciales.
Acento.com.do - 17 de junio de 2015 - 12:03 am - Deja un comentario

Este miércoles 17 de junio concluye el plazo otorgado por el gobierno del presidente Danilo Medina, a través del decreto 327-13, para la regularización de todos los extranjeros que viven en la República Dominicana. El 95% de esos extranjeros son nacionales haitianos que, en diferentes momentos, han cruzado la frontera y se han establecido en el país.

El decreto del presidente Danilo Medina fue claro y estableció las normas para la regularización. Estaba vinculado con un programa del gobierno haitiano para documentar a los haitianos que residen en la República Dominicana.

El gobierno dominicano impuso muchos requisitos para que las personas pudieran cumplir el plan de regularización. Apenas el 1.8% de los inscritos en el Plan Nacional de Regularización pudieron presentar todos los documentos requeridos por el gobierno dominicano. En ese sentido, el gobierno dominicano fue muy ambicioso y ahora tiene un resultado vergonzoso. El propósito del proyecto era regularizar a las personas que viven sin autorización en el país. Un alto porcentaje de ellas apenas tenía un pasaporte, otro grupo importante apenas tenía un acta de nacimiento. Lo ideal hubiese sido registrar a las personas con un documento, no con una lista exhaustiva de requisitos que dificultó todo el plan de inscripción.

Las autoridades haitianas actuaron con desgano, tardaron en conocer su responsabilidad en la documentación de sus nacionales que viven en RD, y además establecieron tarifas muy altas para documentar a los haitianos. Hubo muchos problemas y hasta denuncias de mafias haitianas que cobraban por permitir pasar a los haitianos que buscaban documentarse. Haití apenas estableció dos lugares para registrar a sus nacionales. Insólito y vergonzoso que un país no responda rápidamente cuando sus ciudadanos que viven fuera de su territorio le necesitan.

Haití y República Dominicana dialogaron a través de sus cancilleres en Puerto Príncipe el pasado 6 de junio. Y acordaron algunas medidas, en especial para los 260 mil que lograron inscribirse en el Plan Nacional de Regularización. Una cantidad probablemente igual no lo hizo, por razones obvias, y estos fueron los que en las últimas semanas han formado larguísimas filas frente a los centros de inscripción del Ministerio de Interior y Policía.

La Dirección General de Migración ha dicho que las deportaciones de los indocumentados comenzará tan pronto concluya el proceso, este 17 de junio, y que los candidatos a ser repatriados son los que carecen de documentos y no están inscritos en el Plan Nacional de Regularización. Es una gran cantidad de personas, probablemente más de de 200 mil. Para las deportaciones previstas el gobierno ha brindado apoyo de las Fuerzas Armadas dominicanas a la Dirección General de Migración, además de que adquirió 50 autobuses, y acordó un modelo de entrega y recepción de los repatriados con las autoridades de Haití.

El presidente Danilo Medina ha pedido cautela a las autoridades y ha recomendación resguardar los derechos humanos en el proceso de repatriación. Si se realizan deportaciones masivas habría problemas con los organismos internacionales de derechos humanos, por tanto hay que cuidar mucho la manera en que esto se haga. Habrá que cumplir con el decreto 327-13, pero sin apresuramientos y sin convertir ahora a los migrantes en víctimas de otros despojos ni en abusos injustificables, que convertirían a la República Dominicana en blanco de nuevos ataques. Hay mucho en juego con la imagen del país.

Y resulta con con este tema del Plan de Regularización de Extranjero hay cuestiones políticas en juego. Del lado dominicano está planteada una campaña electoral, con reelección incluida, que pudieran desbordarse afectando especialmente al gobierno.

Habrá quienes entiendan que las deportaciones podrían favorecer políticamente al presidente Medina. Sin embargo, tal vez no es así. El presidente podría afectar los intereses del turismo, de la industria de la construcción y de las agroindustrias que utilizan mano de obra haitiana, si procediera de manera desproporcionada a repatriar de manera masiva a los obreros haitianos.

Por otro lado, en Haití habrá elecciones el 25 de octubre de este año, y casi a unanimidad los políticos haitianos entienden que las deportaciones dominicanas podrían incendiar el panorama político y afectar las elecciones presidenciales.A la hora de engañar a incautos, en cualquier país del mundo, los políticos irresponsables hacen uso del discurso patriotero, para culpar a extranjeros de los problemas creados por su propia irresponsabilidad.

Si en Haití no se realizan elecciones, como están previstas, podría producirse una situación indescriptible en este momento, que podría generar violencia y numerosas olas migratorias, que afectarían otra vez a la República Dominicana. Nos conviene que en Haití haya estabilidad y haya elecciones, y que se produzca la transición y se elija un congreso que valide las actuaciones del gobierno. Lo otro es el caos y la incertidumbre. Pensemos bien estas cuestiones migratorias.

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