La justicia enferma

La justicia dominicana está enferma. Hace unos años que ha venido dando muestras de que los efectos de la ola de reforma y modernización del Poder Judicial que inició a finales de los años noventa se agotaron.

Los tribunales están sobrecargados de expedientes, no hay suficientes jueces ni abogados ayudantes para agilizar los fallos. Y este exceso de trabajo conjugado con la presión de dictar decisiones al vapor incide negativamente en la calidad jurídica de las sentencias. Encima de esto, los bajos salarios de los servidores judiciales y las precarias condiciones de algunos tribunales de la República agudizan la enfermedad de la justicia.

El sistema judicial no está dando las respuestas que la sociedad espera. El descontento social con los tribunales es palpable. La gente e incluso los mismos operadores desconfían del sistema, lo cual pone en peligro la estabilidad social. Esta desconfianza aumenta cuando se trata de la justicia penal, la cual demuestra que es férrea contra los más desfavorecidos y débil contra los poderosos.

Es necesario reformar el acceso a la Escuela Nacional de la Judicatura y sus cursos, para formar mejores jueces. La carrera judicial debe tomarse en serio. El sistema de evaluación tiene que cuestionarse y hacerse los ajustes de lugar

La Ley la cumplen algunos y otros simplemente son inmunes. Que el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional desacaten la sentencia en amparo de los derechos de los manifestantes frente a la OISOE es un llamado a la anarquía. El mensaje es que la justicia solo funciona para unos pocos.

Parecido sucede con los circos montados por los escándalos de corrupción judicializados, que han dejado al desnudo un sistema de justicia completamente secuestrado por la clase política gobernante. Las garantías procesales se aplican en toda su extensión cuando los imputados son funcionarios públicos o están vinculados a los círculos del poder político tradicional.

Igualmente, esos fallos muestran las incapacidades de los fiscales, los cuales también forman parte del sistema de justicia penal.

Domínguez Brito ha querido tirar todo el lodo al Poder Judicial, sin hacer un mea culpa, sin admitir que muchos casos se caen por las deficiencias de las fiscalías. Son muchos los casos que se pierden por mal manejo de las fiscalías.

Tenemos que recuperar al sistema judicial y para eso debemos comenzar por exigir una mayor asignación presupuestaria y así tener más tribunales. Es necesario reformar el acceso a la Escuela Nacional de la Judicatura y sus cursos, para formar mejores jueces. La carrera judicial debe tomarse en serio. El sistema de evaluación tiene que cuestionarse y hacerse los ajustes de lugar.

Lo anterior vale para el Ministerio Público, que necesita más recursos y mejores fiscales. Pero sobre todo garantizar su independencia y que el mismo tome el control pleno de la investigación, no estando sujeto a la Policía Nacional.

Comenzando por estas pequeñas; pero importantes acciones, podremos ir sanando a la justicia.

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