Más sobre la cancelación de visa como sanción extrajudicial

«A solicitud de los medios de comunicación nacionales, la Embajada de Estados Unidos confirma que la visa B1-B2, del señor  xxxxxx xxxxxx, ha sido revocada por haber sido encontrado inelegible de acuerdo a una disposición del Acta de Inmigración y Nacionalidad.  Debido a que los registros personales de visas son confidenciales conforme a las leyes de  Estados Unidos, no podemos ofrecer más detalles sobre este caso.”

Al menos hasta tiempos recientes, los Estados Unidos de América solía- en algunos casos al menos- anunciar con nombre y apellido a los sancionados extrajudicialmente mediante la cancelación de la visa de visitante en mensajes escuetos entregados a la opinión pública por voceros de diferentes rangos, dependiendo del reo sancionado. Así vimos en una entrega anterior* como en el caso del entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper, lo anunció con bombos y platillos el portavoz del Departamento de Estado en 1996, Nicholas Burns, en rueda de prensa en Washington. Debido a la gravedad de su caso y su condición de jefe de estado de una nación aliada, el Tío Sam no escatimó detalles sobre los motivos de la sanción a Samper. Para protagonistas de menor rango, como un ministro o un legislador, la costumbre es delegar la función en la legación de EEUU en el país de la personalidad afectada. El anuncio casi siempre sucede después de haber(se) filtrado la información sobre la cancelación de la visa sin ofrecer detalles sobre la motivación específica del caso, y quizás solo cuando la persona afectada niega la especie a la prensa. Tal parece haber sido el caso del senador Amable Aristy Castro, pues el 15 de agosto 2006 fue “castigado” con el anuncio oficial que figura como epígrafe de este escrito.

La cancelación de visa no es un instrumento aislado utilizado antojadizamente por el Tío Sam para ejercer su hegemonía en las repúblicas bananeras. Es concebida como una de un conjunto de herramientas a su disposición para incidir en casos que evidencian fallos en la administración de la justicia en países amigos. Para despejar las dudas de los que creen que Washington solo se entromete en su patio trasero, evocamos el caso de la cancelación en 1987 de la visa de Kurt Waldheim, el entonces Presidente de Austria (y exsecretario general de la ONU), después de la revelación de su participación en actividades nazis durante la Segunda Guerra Mundial sin producirse la persecución judicial correspondiente en su patria. El brazo del Tío Sam se extiende hasta el mismo corazón de Europa, en las pocas ocasiones cuando se estima necesario porque la justicia autóctona falla.

Usualmente la cancelación de visa llega precedida de mensajes claros del interés del Imperio en determinado caso que puede ser de muy variada índole: crímenes contra la humanidad, usurpación de poder, narcotráfico y lavado de capitales, peculado, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros. Declaraciones en foros y eventos públicos son utilizadas para señalar temas y delitos específicos de particular interés y seguimiento, por ejemplo. Entre los recursos utilizados recurrentemente, figuran de manera prominente las visitas puntuales del jefe de legación o algún delegado  del Departamento de Estado o la Justicia federal a diferentes funcionarios que inciden en la administración de justicia local, casi siempre en coyunturas que permiten interpretar claramente el propósito de la reunión sin necesidad de dar declaraciones oficiales sobre lo tratado. El propósito tanto de los mensajes previos como de la eventual cancelación de visa a un alto funcionario o figura pública es impulsar o apoyar la acción judicial del país anfitrión, antes de recurrir- en caso de no recibir los mensajes una respuesta adecuada- a medidas extraordinarias. Washington se cuida sobremanera para  evitar que sus acciones no se malinterpreten como dirigidas contra el estado o el pueblo amigo, enfatizando que se trata de sanciones a individuos que deben responder ante la  justicia por sus acciones criminales. Sin embargo, no deja de ser una crítica indirecta al débil (o fallido) sistema de justicia en cuestión, y por ende a los responsables de esa lamentable situación.

Un desenlace posible en casos extremos y cuando sus mensajes diplomáticos y sanciones blandas no producen el efecto deseado (la acción enérgica de la justicia para procesar al inculpado), es la solicitud de extradición para que sea la justicia estadounidense la que conozca el caso de marras. Naturalmente para que la acción extrema de la extradición sea factible, por lo menos parte de los delitos deben haberse cometido en “territorio” de EEUU y ser penalizados de acuerdo a sus leyes. En este mundo globalizado e interconectado usualmente no es nada difícil encontrar motivos para convencer a un juez federal de que la justicia estadounidense tiene jurisdicción, sobre todo en base a las modernas disposiciones legales que tipifican el lavado de activos de manera muy amplia. El reciente ejemplo de altos oficiales de la FIFA debe servir de advertencia al respecto.

El escalamiento de medidas por parte del Tío Sam en gran medida depende de la respuesta que demos a los mensajes admonitorios de su diplomacia que buscan motivar la mejoría en la administración de la justicia local. EEUU canceló la visa al expresidente Alfonso Portillo de Guatemala en 2004, y nueve años más tarde, ante la pasividad de la Justicia guatemalteca, procedió en 2013 a la extradición para procesarlo por lavado de dinero. Si queremos evitar la intervención del largo brazo del vecino del norte mediante la extradición de los inculpados de delitos que Estados Unidos considera lesivos a sus intereses, debemos asegurar un buen desempeño de nuestro sistema judicial en procesar expeditamente a los implicados sin importar su condición o jerarquía.

*Ver http://acento.com.do/2015/opinion/8246035-los-tiempos-de-la-justicia-interludio-extrajudicial/

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