Epidermis quisquillosa de la polis dominicana

En la entrega anterior expusimos la actual hipersensibilidad de la sociedad estadounidense a las manifestaciones de racismo y discriminación contra cualquier miembro o grupo de la colectividad, reaccionando de manera inmediata para sancionar severamente a los responsables de tales expresiones y acciones con medidas concretas de consecuencias económicas y rechazo social. Explicamos- no defendimos- las declaraciones de Di Blasio sobre los dominicanos de ascendencia haitiana y el peligro de su expulsión durante el proceso de repatriación de los inmigrantes indocumentados, precisamente en base al olfato hipersensible de los norteamericanos a todo lo que huele a racismo y discriminación contra grupos minoritarios, como se revela con frecuencia en hechos recientes. Ciertamente este sentimiento de fuerte rechazo al prejuicio racial y a la discriminación es característico de una sociedad madura que ha evolucionado desde el movimiento abolicionista del siglo diecinueve, y que aun lucha con ahínco por extirpar estas taras de su pasado. Si ignoramos este fenómeno del siglo XXI, arriesgamos sufrir el continuado deterioro de nuestra imagen en la opinión pública internacional, que podría traducirse en efectos económicos adversos para el pueblo dominicano. Y que conste, que no estamos amenazando, solo observando manifiestas tendencias históricas.

En cambio, los dominicanos somos en extremo sensibles a cualquier crítica sobre nuestro comportamiento, reaccionando airadamente cuando un extranjero se pronuncia sobre lo que entendemos es de nuestra exclusiva competencia.* Toda sugerencia la interpretamos como una intromisión que viola nuestra soberanía, y la rechazamos enérgicamente sin antes escuchar ni escudriñar a fondo lo expuesto para poder mejorar lo susceptible de mejora, y rebatir los errores de enfoque que pudiera revelar el proponente. Cuando coinciden dos señalamientos en el tiempo y/o en la temática, entendemos que necesariamente se trata de una conjura orquestada por los incontables enemigos de la Patria que nos acechan, con mucha probabilidad instigados por nuestros aviesos vecinos.** Las críticas a nuestras políticas y acciones – por constructivas que sean- son consideradas ataques a nuestra honra que provocan una contundente respuesta. Con frecuencia el contraataque no se limita al combate de las ideas, sino que rápidamente se torna personal con acusaciones e insultos que no contribuyen al debate. La irritabilidad de nuestra epidermis no tiene límites.

En este contexto debemos analizar el fallido intento de la ONG internacional, Human Rights Watch, de presentar a la consideración de la sociedad dominicana su informe con recomendaciones sobre la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, fruto de una rigurosa investigación de campo durante el periodo comprendido entre febrero y mayo 2015. La falta de conocimiento de la idiosincrasia dominicana fue motivo de no destacar en primera plana los aspectos positivos de las iniciativas del actual gobierno a partir de la Ley 169/14, y sobre todo de los últimos avances después de terminada su investigación en mayo. No pretendemos defender la destemplada reacción de muchos dominicanos a la presentación del informe, que rápidamente devino en una bochornosa campaña de difamación y acoso al expositor del documento institucional titulado: “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”. Pero el título del informe en sí es inadecuado al propósito de fomentar el trabajo en equipo para devolver a los desnacionalizados sus derechos como dominicanos, que les habían sido paulatinamente despojados por una minúscula facción política con fuerte incidencia en el Estado, culminando con la Sentencia TC 168/13 el 23 de septiembre 2013. Indudablemente, con solo conocer el título, las tropas de choque acudieron al evento, predispuestas en contra del informe, a torpedear a su asombrado expositor. Quizás con un título neutral (por ejemplo, “Logros y retos en el proceso de reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de inmigrantes indocumentados en República Dominicana”), se hubiese evitado lo peor de ese primer desencuentro y su secuela.

En la presentación del informe, José Miguel Vivanco debió explícitamente celebrar la reciente publicación – en 184 páginas y en dos diarios impresos- de las más de 50,000 personas a las que la Junta Central Electoral promete entregar inmediatamente sus documentos de identidad nacional con la misma numeración que tenían antes de ser despojados de los mismos, en cumplimento parcial y tardío de la 169/14. Vivanco también pudo haber aprovechado para alabar el compromiso del Estado dominicano- anunciado en Guatemala por el Presidente Medina igualmente en fecha posterior a la elaboración del informe- de que ningún dominicano será deportado y de que no hay un solo apátrida en el país, ofreciendo el acompañamiento de su ONG al gobierno dominicano para certificar ante el mundo el cumplimiento de este firme compromiso, ya repetido en varios foros internacionales por nuestro Canciller. Escondido en el texto del informe se reconoce el esfuerzo del gobierno, liderado por el Presidente Medina, por enderezar tuertos que vienen acumulándose y multiplicándose desde hace décadas; pero es evidente que desde la perspectiva dominicana la mención de los logros en ese lugar anodino es insuficiente para contrarrestar la crítica de los errores y deficiencias en la ejecución, en cierto sentido propios de todo gran emprendimiento y tolerables si se acompaña con un proceso de mejora continua. Además, Villanco ignora nuestra propensión por solo leer titulares y quizás los primeros párrafos para formarnos una opinión del conjunto y reaccionar tajantemente sobre esa base, sin ruborizarnos.

Para obtener mejores resultados, en su exposición Vivanco debió iniciar resaltando lo positivo, con la afirmación del final del resumen del informe que dice:

La decisión del gobierno dominicano de adoptar la Ley de Naturalización representó un primer paso importante para intentar resolver la crisis de desnacionalización que subsiste en el país. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.

Y a continuación pudo haber resaltado el compromiso del Estado, anunciado por el Presidente Medina en Guatemala y la publicación de la lista de la JCE, explicando que no se mencionaban en el documento porque ocurrieron después de su edición, pero que se dan actualmente nuevos pasos importantes en la dirección correcta de restablecer el derecho a la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados. Con ese bálsamo hubiese tenido al menos mejor chance de ser escuchado, en lugar de irritar a los asistentes por la forma. Entonces hubiese podido intercalar las recomendaciones de HRW que van en la dirección de lograr precisamente lo prometido por el presidente dominicano, sin mencionar a CARICOM, que es ortigar la delicada epidermis de los dominicanos, y completamente innecesario, pues a nadie le cabe duda que la República Dominicana jamás será miembro de ese organismo regional mientras Haití se oponga a nuestro ingreso, y mucho menos después de la 168/13 y su secuela.

En fin, por desconocer la hipersensibilidad de la epidermis dominicana, Human Rights Watch y su representante José Miguel Vivanco han desaprovechado la oportunidad de una estrecha colaboración para completar el proceso desencadenado por la Ley 169/14, que es el propósito del informe de marras, como descubriremos si nos tomamos la molestia de leerlo. Su ofrecimiento de acompañarnos en el proceso de completar la importante si imperfecta obra iniciada con la 169/14 no fue escuchada por la irritada sociedad dominicana, y prácticamente se ha imposibilitado una colaboración de esa ONG para trabajar en equipo documentando como dominicanos a los desnacionalizados por la TC 168/13, y garantizando sus derechos a futuro.

Y la sociedad dominicana, por tener la epidermis en extremo quisquillosa, ¿cuantas oportunidades ha desperdiciado?

*Y para estos fines, es foránea prácticamente toda persona o entidad que hace un señalamiento recomendando posibles mejoras, sobre todo los dominicanos de ultramar como Junot Díaz y Julia Alvarez). Cuando se hace absolutamente imposible negar la dominicanidad del interlocutor, entonces le llamamos “traidor”.

**Sin duda que en ocasiones recientes, los políticos de la vecindad han dado suficientes motivos para alimentar la percepción de ensañamiento contra la República Dominicana, al querer aprovechar para fines de sus campañas electorales domésticas el tema de los desnacionalizados y las repatriaciones de inmigrantes indocumentados. Ese no es el caso de las ONG internacionales con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

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