La doctrina social de la Iglesia (y 2)

Uno de los teóricos más sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, escribió que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.

El planteamiento de Gestel tiene consonancia con lo expresado por Monseñor Montini (luego Pablo VI) en su carta a la 13 Semana Social de España, de fecha 24 de abril de 1953, en el sentido de que nadie puede negar al Estado el derecho a imponer restricciones o de gravar con obligaciones el ejercicio del derecho de propiedad, no solamente en interés de evitar y castigar los abusos, sino en aras de una mejor satisfacción de las necesidades de la colectividad.

El tema había sido objeto de tratamiento extenso por Pío XII en su radio mensaje del uno de septiembre de 1944, cuando todavía Europa se debatía en los horrores de la guerra. “La política social y económica de lo por venir, la actividad ordenadora del Estado, de los municipios, de los institutos profesionales”, dijo, “no podrán conseguir permanentemente su alto fin—la verdadera fecundidad de la vida social y el normal rendimiento de la economía nacional–, sino respetando y tutelando la función vital de la propiedad privada en su valor personal y social”.

Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común, el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “la conveniente indemnización”.

La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega de ayer. En Octagesima Advenies, años después, el Papa Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”.

Surgía así el fundamento de lo que ha sido llamado después “opción por los pobres”, concepto que adquirió categoría importante en la Doctrina Social de la Iglesia en la reunión de obispos latinoamericanos de Puebla, México, y que Juan Pablo II delineara más detalladamente en  su viaje posterior a Brasil. Opción que a juicio de ese Papa, es “una llamada a tener una abertura especial con el pequeño y el débil, aquéllos que sufren y lloran, aquéllos que son humillados y dejados de lado en la sociedad, para así ayudarlos a ganar su dignidad como personas humanas”.

Los temas  sociales relacionados con la doctrina oficial de la Iglesia Católica dejan un campo muy amplio para el debate, a propósito de las demandas recientes de  rompimiento del Concordato suscrito hace más de medio siglo entre el Vaticano y la tiranía de Trujillo, que entonces controlaba todos los aspectos de la vida nacional.

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