Un derecho sagrado

Paso a paso se va consagrando en el mundo desarrollado el derecho fundamental de todo ser humano a la calidad de la educación que el estado debe garantizar para potenciar talentos y habilidades individuales así como cohesionar el tejido social.  Es un giro significativo, por cuanto en esas sociedades  se entiende que toda persona tiene un derecho a la excelencia en los servicios educativos que debe recibir sin mediar las posibilidades económicas de su familia. Una reciente sentencia de un tribunal de California es sintomática del significado de este giro en la interpretación de la jerarquía de los derechos ciudadanos en los estados que están a la vanguardia del desarrollo humano.

Aun en esas sociedades en la vanguardia del cambio social este proceso de enfocarse en la calidad, “desconstruyendo” todo el andamiaje histórico de los sistemas educativos de la era industrial cuya finalidad era pasar por la fábrica-escuela a todos los futuros ciudadanos sin importar demasiado la calidad del proceso, encuentra fuerte resistencia de los intereses creados y la inercia de lo conocido y la resistencia al cambio. La calidad en la educación es un imperativo en la era del conocimiento, de los rápidos cambios, y del aprender a aprender. Sin embargo, la escuela como la conocemos no fue diseñada con estos parámetros, y se resiste al cambio.

Por eso seguimos de cerca este muy controversial proceso en California (conocido como ‘Vergara vs. California’)  que enfrenta los sindicatos de maestros a los demandantes de que sean revocadas cinco leyes que regulan la permanencia prácticamente garantizada de profesores después de dos años de ejercicio en las escuelas financiadas con fondos públicos, porque se entiende que la inamovilidad  magisterial en muchos casos lesiona el derecho supremo de recibir una educación de calidad que tienen todos los niños de ese estado, y sobre todo a los que más necesitan de mejores maestros. Los sindicatos alegan que los padres de nueve alumnos  que han demandado a California para que anule las provisiones del Código Estatal de Educación porque la retención de maestros con prácticas docentes deficientes ha incidido negativamente en los aprendizajes de sus hijos son solo la punta de lanza de los intereses de grupos privatizadores de la educación, capitaneado por David Welch, un empresario muy exitoso de Silicon Valley. Los sindicatos de educadores argumentan que el motivo real es obtener mayores ganancias en las escuelas financiadas con fondos públicos gestionadas por empresas privadas.

Ver el siguiente artículo publicado antes de la sentencia de la semana pasada:

http://laeducacion.us/educacion/hoy-el-juez-decide-o-apoya-a-multimillonarios-privatizadores-de-la-educacion-o-los-derechos-de-325-mil-maestros-californianos/

Sin embargo, el juez Rolf Treu del Tribunal Superior de Los Ángeles recién  dictaminó  que en efecto las leyes que dificultan excesivamente el despido de los maestros después de dos años en el sistema escolar en muchos casos  contribuyen significativamente  a violar el derecho fundamental que tienen los niños a una educación de calidad, y por tanto son anticonstitucionales.

http://www.elnuevoherald.com/2014/06/10/1769491/california-juez-elimina-proteccion.html

El mismo juez suspendió la ejecución de la sentencia hasta tanto sea conocida en apelación, por lo que el debate continuará  por un tiempo hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Lo que podemos vislumbrar es que el derecho a la calidad en la educación quedará  elevado a rango constitucional en este proceso  desatando muchos cambios en los sistemas escolares iniciando por los estados desarrollados y extendiéndose por todo el mundo, como una importante conquista en la lucha por los derechos humanos en el siglo XXI.

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