Opinión

El imperio de la ley

Independientemente del gusto por la expansión hegemónica que muchos les suponen a los norteamericanos, es evidente que a lo interno, el fundamento de la reciedumbre de Estados Unidos descansa en la solidez de sus instituciones, esto es, sin ánimo de templar demasiado el lenguaje, nadie está por encima de la ley.

No importa la posición social o política que ostente, quien ose poner en ascua ese principio sustentador del sistema se corre el riesgo, no sólo de terminar asfixiado en el fango de la degradación pública, sino de ver transcurridos sus mejores días detrás de los barrotes de una mazmorra, “porque los hombres pasan y las instituciones quedan”.

Sobre esa concepción rigurosa ha echado cimiento la sociedad norteamericana y fruto de ello hubo de desalojar de la Casa Blanca a uno de sus presidentes; y a otro distinguido huésped, con una histórica popularidad, por poco lo barren, solo por haber mentido bajo juramento, algo tan ordinario en el que quehacer dominicano que ya forma parte de la tradición nacional.

La ley es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza, o vista en su aspecto formal, es toda disposición sancionada por el poder legislativo, de acuerdo con el mecanismo constitucional. El origen de la norma trae implícita la prohibición de que se use como instrumento político para satisfacer propósitos de particulares.

Los hombres prefieren la esclavitud de la ley y no acogotarse a la voluntad de otro hombre, porque la norma surge para que no sea la voluntad de una persona la que se erija en criterio último de ordenación, sino para que se mantenga fuera del alcance de las subjetividades de aquel que detenta el poder.

El Estado que tiene respeto por sus leyes es un Estado que se respeta a sí mismo, y asume como razón insoslayable de su propia existencia el principio de que “todos somos iguales ante la ley”, por lo que nadie tiene derecho de sustituir la regla escrita, por la voluntad, porque de ser así, en el caso nuestro, estaríamos retrotrayendo nuestra vida institucional a los execrables episodios de la época de la dictadura.

La ley nos obliga a todos, gobernantes y gobernados, y en hombros de aquéllos coloca un enorme fardo de responsabilidad, pues no sólo están llamados a hacer cumplir la norma, sino también a obedecerla, a fin de compendiar la suficiente moralidad para exigirles a los gobernados el cumplimiento irrestricto, de lo que el ordenamiento jurídico sabiamente ha denominado regla social obligatoria.

Cuando el imperio de la ley sucumbe, los gobernados delinquen y los gobernantes se corrompen, entonces adquiere sentido aquel sabio aforismo de Lord Acton: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.

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