La CAASD contrató grado a grado proyecto de más de RD$3,325 millones

El funcionario alega además que el costo de la planta aumentó porque al principio se concibió para desarrollarse en el Distrito Nacional
Carolina Batista/Acento.com.do - 15 de febrero de 2014 - 5:00 am - Deja un comentario

SANTO DOMINGO., República Dominicana.–La gestión de Alejandro Montás aumentó en más de 11 millones de euros (RD$658 millones) al contrato firmado entre la CAASD y la española Incatema Consulting para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, mediante la modalidad “llave en mano”, que conllevará un financiamiento de unos 55.7 millones de euros (más de RD$3,325 millones).

El presidente Danilo Medina presentó el contrato entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo e Incatema Consulting, representada por Ángel Ventura Cano Saorin, mediante una comunicación enviada al Senado el 24 de diciembre de 2013. El financiamiento, que se conocerá en la próxima legislatura, será de 55,743,480 euros, a diferencia de los 44,720,000 acordados el 12 de septiembre de 2005, cuando la CAASD estuvo dirigida por Manuel de Jesús (Freddy) Pérez.

Aunque Freddy Pérez firmó el contrato sin licitación, el actual director de la CAASD resta importancia a ese hecho, argumentando que para entonces no existía la Ley número 340­06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el 18de agosto de 2006.

“Lo primero es, lo primero, es que el contrato se firmó en 2005. No había una ley de compras y contrataciones. Ése proyecto es mío, de compras y contrataciones públicas, la 340-06. Ése proyecto fui yo que lo introduje al Congreso. En 2005 no había una ley de compra y contrataciones”, dice Montás, en respuesta a un Milton Olivo, fundador de un movimiento político llamado Quisqueya Potencia, que denunció que era ilegal el contrato entre la CAASD e Incatema porque se hizo “grado a grado”.

“Hacemos de público conocimiento que este contrato por más de tres mil millones de pesos, firmado irregularmente entre las autoridades de la CAASD y la empresa española Incatema Consulting. Es un contrato establecido de grado a grado, violentando las leyes de la Republica”, expresó Olivo.

Montás entiende además que se trata de una denuncia política, aunque la CAASD no aporta ningún documento que certifique que para la contratación de la planta de tratamiento Freddy Pérez recurrió a una licitación pública internacional.

Incatema Consulting realizó otras obras contratada de la misma forma. La empresa participó, junto a Mercasa, en la construcción –sin licitación– del Merca Santo Domingo, una obra levantada en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte bajo la modalidad “Llave en mano” que la gestión de Hipólito Mejía que se concibió en 69 millones de dólares y terminó en más de 125 millones.

Incatema informa, a través de su web, de sus proyectos en República Dominicana: Proyecto llave en mano: construcción mercado mayorista en Santo Domingo fase 1 (2002- 2005); levantamiento comercial en áreas de influencia de seis mercados minoristas (2006); construcción del mercado minorista de Cristo Rey en Santo Domingo Fase 2 (2007-2011); construcción del mercado minorista de Avenida Duarte en Santo Domingo Fase 3 (2008-2013); diseño de un plan de desarrollo turístico del destino La Romana (2011-2012) y construcción, instalación y puesta en marcha de la estación de aguas residuales del río Ozama (2012-2015).

Después de firmar el contrato en 2005, Incatema envió el 22 de septiembre a la CAASD la documentación financiera por el 100% del importe del proyecto, presentada por el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española.

El acuerdo establece una penalidad de 10% en caso de que el Gobierno dominicano renunciara a su ejecución.

“En caso de que el Contrato fuera rescindido o terminado anticipadamente por la CAASD, ésta pagará al CONTRATISTA, además de los costos en que se incurra por causa de la terminación, una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor por ejecutar del Contrato, salvo cuando la terminación ocurra por causas imputables exclusivamente al Contratista”, dice.

Establece que la CAASD pagará a Incatema el importe del contrato con cargo al financiamiento de la siguiente manera: 15% (8,361,522 euros) en anticipo, 10% (5,574,348 euros) a la entrega del proyecto de ejecución y el 75% restante (41,807,610 euros) mediante certificaciones aprobadas por la institución según el programa de suministro y tareas ejecutadas.

Alejandro Montás asegura que desconoce si Incatema tiene algún socio local. “No, pero yo no sé. Eso tiene tú que preguntárselo a Incatema”, responde.

Contactada con insistencia por Aceto.com, la empresa Incatema rehúso referirse al proyecto. Su personal, ubicado en la oficina localizada en el edificio Sarasota Center, informó que sus ejecutivos se encuentran fuera del país.

De su lado, Montás asegura que lo que su gestión sólo se limita a  dar seguimiento a las iniciativas de la CAASD respecto a la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Santo Domingo.

“Le hemos estado dando prioridad a ese tipo de proyectos porque cuando llegamos nos entregaron el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario. Encontramos varios proyectos que ya estaban contratados y estaban programados”, dice.

“Estamos contaminando desde hace muchos años los ríos Haina, Isabela y Ozama. En el entorno del Isabela y el Ozama se va a construir La Barquita, que son 1,800 viviendas y la ciudad Juan Bosch que son 25 mil viviendas. Tenemos que dar una respuesta a esos asentamientos humanos. Porque esa planta tiene que depurar todos esos desechos líquidos”, sostiene.

c, pero ahora se establecerá en la zona norte y que, en vez de tener una capacidad para manejar un caudal de 0.7 metros cúbicos por segundo se ampliará a 1.2 metros cúbicos por segundo.

Montás firmó dos enmiendas al contrato, incluyendo la que aumentó el monto del financiamiento que sería proporcionado por Deutsche Bank. La del 15 de marzo de 2013 recuerda que la ley de contrataciones establece que la entidad contratante “podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 25% del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público”.

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