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El desamparo de los huérfanos por feminicidios

República Dominicana se propuso, hace cuatro años, atender a las víctimas de feminicidios, pero el poco presupuesto y la desconexión institucional terminan de marcar a niños y adolescentes que necesitan protección urgente tras la muerte violenta de sus progenitoras.

Por: Kharla Pimentel y Mery Dorrejo

Cuando vio la cinta amarilla y una multitud agrupada sintió que algo malo había pasado. “Me tiré del carro que nos traía. Rompí la cinta, entré y los policías me agarraron: ‘tú no puedes entrar, tú no puedes entrar’, insistían. Y yo les dije: ‘sueltenme que es mi mamá’”. Al ver el cuerpo ensangrentado cubierto por una sábana la joven se desvaneció.

Julissa Trinidad se quedó sin madre a los 17 años. Se quedó sin el cariño y el apoyo que ella le había brindado, especialmente, cuando a los 13 años tuvo a su primer bebé por cesárea y pasó tres días hospitalizada. Ahora quedaba sola con su hijo y sus otros dos hermanos (de 12 y 15 años). “Mi madre era todo lo que yo tenía, era mi amiga”, relata la joven que alcanzó a estudiar hasta octavo grado.

Sención del Carmen Genao fue asesinada a puñaladas en la calle Nuestra Señora del Rosario frente al llamado “Parque de los Vagos” del sector El Tamarindo de Santo Domingo, por un hombre que la había amenazado varias veces con matarla si no volvía con él. Quedó tendida cerca del puesto de venta de textiles.

“‘Mami, a ti te mataron también, a ti te mataron también, porque yo te vi que tú estabas como muerta y a mi abuela también la mataron’”, recuerda que repetía su hijo cuando recobró el conocimiento. El hermano menor de Julissa también la acompañaba ese 12 de mayo de 2017, cuando se abrió paso entre el círculo de gente curiosa.

Después de esa muerte violenta, a Julissa y sus hermanos tendría que haberlos contactado la Vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Mujer o alguna de las instituciones que velan por los derechos de la niñez.

Ha tenido que asumir su propia maternidad y la de sus hermanos sin apoyo estatal. | Foto: Diana Peguero

Como una iniciativa para responder a las necesidades de menores en las condiciones de Julissa y sus hermanos, en marzo de 2015 comenzó a funcionar un protocolo de atención a las víctimas de feminicidio. Un año antes, el Congreso de República Dominicana había aprobado el delito de feminicidio y quedó tipificado en el artículo 100 del Código Penal así: “Quien, en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja, mate dolosamente a una mujer comete feminicidio. El feminicidio será sancionado con treinta a cuarenta años de prisión mayor”. Sin embargo, dicho código volvió a las comisiones de lectura y no se resolvió la tipificación.

La muerte de Sención fue la número 37 de ese año, pero en 2017 ocurrieron 107 feminicidios.

Tres años antes, el 18 de noviembre del año 2015, la Vicepresidencia de la República presentó, en el Palacio Nacional, el protocolo del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios con el fin de garantizar los derechos de los menores afectados por dichas tragedias. El anuncio fue considerado un avance para enfrentar, desde una perspectiva más amplia, un problema que colocaba a República Dominicana como el tercer país con la tasa más alta de feminicidios después de Honduras y El Salvador. Entre 2005-2015 fueron asesinadas 1,078 mujeres en el contexto de violencia intrafamiliar y sexual, según datos de la Procuraduría General.

Julissa, de 19 años, afuera de la casa en la que vive junto a su marido, dos hijos y sus dos hermanos. | Foto: Diana Peguero
Me casé para sobrevivir”,dice Julissa.  

La meta que se trazó la vicepresidencia fue que el Estado apoyaría a por lo menos 300 niños, niñas y adolescentes por año, con asistencia psicológica y socioeducativas. Un estudio realizado por la Procuraduría General de la República en 2012 había dado ese parámetro, pues estableció que por cada feminicidio quedan huérfanos un promedio 2.5 niños y adolescentes, lo que representa unos 300 por año.

Las cifras oficiales indican que la meta no se ha cumplido. Hasta diciembre, 328 menores de edad habían recibido apoyo individual y familiar, pero esta corresponde a lo acumulado en cuatro años de trabajo. Según el Programa, en el año 2015 acogieron 78 niños, niñas y adolescentes; en 2016, 96; en 2017, 72; y en 2018, 82.

En realidad, no se sabe exactamente cuántos niños y jóvenes como Julissa y sus hermanos, tras el asesinato de sus madres en algún hecho violento, están sobreviviendo solos o con ayuda de vecinos y familiares, especialmente, abuelos y personas de la tercera edad. El Estado sigue ausente de estos casos porque no existe un mecanismo claro de cómo registrarlos. Además, no todas las instituciones saben exactamente qué les compete. La batuta o coordinación la lleva la Vicepresidencia.

La casa de madera y zinc que aloja a Julissa, sus hijos y hermanos. | Foto: Diana Peguero

“Generalmente, estos casos no nos llegan a nosotros por desconocimiento de las autoridades de las mismas comunidades”, explica Juana Angela García, coordinadora del protocolo de Atención de la Vicepresidencia de la República.

Tras el asesinato de Sención, los jóvenes fueron acogidos por su padre, quien tiene otra pareja y era él que supuestamente debía preocuparse por sus tres hijos adolescentes, ahora huérfanos de madre. Julissa se sentía triste y muy extraña con él. Los vecinos y cercanos le truncaron su duelo. “Siempre me agarraban y me decían: ‘tú tienes que ser fuerte por tus hermanos, por tu hijo; porque si tus hermanos te ven llorando ellos también se van a poner a llorar. Tú tienes que hacerte la dura’”. Ella lo asumió y se los llevó.

Julissa vive ahora en una pequeña casa de madera y láminas de zinc. Es un solo cuarto dividido en dos partes: la gran habitación para seis personas y la sala con el comedor en medio. Cuenta que estuvieron unos meses con su padre y baja la voz para soltar la siguiente frase: “Me casé para sobrevivir”. Dos años y medio después del asesinato, ahora carga a su segundo bebé y se preocupa de cuidar a los otros tres pequeños: dos hermanos y su primer hijo que ahora ya tiene seis años.

“Quien los está manteniendo es el esposo que ella tiene actualmente”, comenta Susana Trinidad, la tía de Julissa que vive cerca e intenta estar pendiente, pero tiene tres hijas que atender y no puede apoyarlos mucho. Al igual que Julissa, desconoce que el Estado tiene una responsabilidad con ellos, por tratarse de un feminicidio: “Aquí vino una vez una fundación que los estaba ayudando con el tema psicológico, pero nadie más”, afirma Susana.

Esa fundación internacional se acercó por algunos meses tras la intervención de los vecinos. “El Estado no nos ha ayudado”, enfatiza Julissa. “No sabemos quiénes son ellos”, agrega con sorpresa al escuchar el nombre del protocolo.

 

 

La sombrilla no cubre a todos

 


Muchas veces nosotros vamos, suenan casos por los medios de comunicación, por la prensa, y no sabemos dónde están esos niños”, agrega García.

Protocolo. Esa palabra rara es un programa que tiene el objetivo de proteger a los huérfanos de feminicidios en todo el territorio nacional y vincula a cinco instituciones públicas del país: la Vicepresidencia, el Ministerio de la Mujer, El Consejo Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes, la Procuraduría y el Ministerio de Salud Pública. Pero al revisar con otras fuentes el campo de acción hay zonas del país desconocidas o donde las instituciones como la Procuraduría o el Ministerio de la Mujer realizan otro tipo de acciones cuando suceden los feminicidios.

La falla de que Julissa y sus hermanos no estén vinculados a ningún registro es de origen. El camino para que los casos sean del conocimiento en la oficina de la Vicepresidencia, específicamente en el Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), depende de las coberturas mediáticas.

“Muchas veces nosotros vamos, suenan casos por los medios de comunicación, por la prensa, y no sabemos dónde están esos niños porque se da la situación de que el caso sucedió en Sábana Perdida pero a los niños se los llevó una tía para Elías Piña. Sucedió en X lugar pero no sabemos donde están los niños; no sabemos donde buscar esa orientación que nos dé ese seguimiento personalizado que nosotros realmente le damos a todos los niños que forman parte de este protocolo”, añade Juana Angela García.



 

Evangélico mata a su ex pareja a puñaladas en Santo Domingo Este”, indicaba el titular del periódico digital El Caribe

García es la cabeza de la oficina encargada de ejecutar el protocolo que solo la componen tres personas: su coordinadora, una psicóloga y la secretaria. Personal que no da abasto para llevar más de 300 casos fijos y tampoco para conocer todos los hechos que ocurren en las 32 provincias y los 158 de municipios del país. García asegura que el resto del apoyo viene de los miembros de las instituciones vinculadas al proyecto.

Pero las principales alertas vienen de la prensa. Lo curioso es que el asesinato de Sención del Carmen, la madre de Julissa, sí fue divulgado en los medios: "Evangélico mata a su ex pareja a puñaladas en Santo Domingo Este", indicaba el titular del periódico digital El Caribe. Pero luego del hecho, ninguna institución del Estado tomó nota para atender sicológicamente, o con apoyos para alimentación y educación, a los tres hermanos quienes se encuentran a la espera de reiniciar sus estudios escolares en algún momento. El crimen ocurrió en un sector de la provincia sede del protocolo. Según los informes, allí -supuestamente- apoyan a más de 30 familias con niños, niñas o adolescentes huérfanos luego de episodios de violencia como el que terminó con la vida de Sención.



Informe Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Vicepresidencia de la República.




Testigos directos de la tragedia

Uno de los casos mediáticos que sí registra y acompaña la oficina que ejecuta el protocolo desde la vicepresidencia ocurrió en 2012. Aunque las redes sociales aún no estaban tan difundidas, el caso generó un impacto en la opinión pública. Una mujer contó ante las cámaras las constantes amenazas de su pareja: “El martes yo me le fui corriendo porque él me dijo que me iba matar, hoy hace 15 días y la Fiscalía no me ha dado ni una orden de arresto”, expresó Miguelina Martínez. Seis años después del asesinato se pueden ver estas declaraciones en un video en youtube.

La amenaza se concretó. Su pareja la mató en el interior de la casa, semanas después de esa declaración ante un medio de comunicación local de la provincia Santiago de los Caballeros, el 12 de septiembre de 2012. “Vino con un ramo de flores y la sorpresa fue el cuchillo que trajo ahí con el que la mató”, relata Manuel Martínez, padre de Miguelina. Manuel está a cargo de los cuatro hijos que su hija había procreado. Dos son del padre y asesino que ahora cumple una condena de 30 años de prisión.

Los otros dos menores habían vivido ya otra tragedia: su padre fue asesinado seis años antes por un familiar. “Ese muchacho se ha criado con una mente frustrada por esas dos muertes”, comenta Manuel sobre uno de los nietos, de 16 años. Según su abuelo, ya no asiste a la escuela y se ha dedicado a vagar por las esquinas. No valen los psicólogos ni las ayudas externas para que retome los estudios.

Tras la muerte de la abuela de los menores, Manuel se convirtió en su apoyo principal | Foto: Diana Peguero

El joven llega después de las 12 del mediodía a la casa, luce una camiseta desmangada donde muestra varios tatuajes en el pecho y los brazos. Casi no emite palabras, pero Manuel reitera que no puede con el comportamiento: “Ya lo han botado de varias escuelas y no coge cabeza”.

Ha pasado por varios psicólogos y ha recibido ayuda constante desde el hecho, pero los médicos dicen que ya no pueden con él”, añade Manuel.

“El venía de un proceso de pérdida porque perdió al padre por la razón que sea, pero lo perdió y ya es un duelo que estaba viviendo, que muchas veces las personas por desconocimiento entienden que ese niño es normal y que no le hace falta, y que todo el mundo pierde algo”, explica María Crisleidy Candelaria, psicóloga del protocolo y quien lo ha atendido en varias ocasiones después del asesinato de su madre Miguelina. El video provocó muchas opiniones y críticas sobre papel de las instituciones del Estado, especialmente porque la mujer había denunciado 18 veces en la Fiscalía. Comenzaron a recibir algunas visitas y apoyos. Cuando arrancó el protocolo de Atención siguieron en la lista de beneficiados.

Candelaria es la psicóloga del protocolo y asegura que hace viajes con frecuencia al interior del país donde recibe retroalimentación del personal de las demás instituciones que prestan ayuda a los 328 menores que se encuentran dentro del proyecto. Aclara que no tienen una agenda previa y se acerca a los casos dependiendo la necesidad inmediata que se presente.

“Ha sido duro para él”, insiste. Asegura que el menor ha tenido una vida disfuncional que le ha acarreado los comportamientos actuales y que aún necesita mucha ayuda. Según el abuelo Manuel todos recibieron terapia de duelo en algún momento por parte del protocolo de Atención a Niños, Niñas, y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios en República Dominicana, pero el joven es a quien más ayuda le han brindado.

Informe Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Vicepresidencia de la República.

“Ha pasado por varios psicólogos y ha recibido ayuda constante desde el hecho, pero los médicos dicen que ya no pueden con él”, añade Manuel quien además relata que a su nieto ya nadie lo visita porque los expertos abandonaron su caso.

Con una expresión de pesar en su rostro, el abuelo explica que la psicóloga que lo atendía “tiró la toalla” y lo dejó a la deriva porque “el menor ha sido difícil de manejar por lo cual ya no recibe ningún tipo de ayuda psicológica”. El adolescente encontró a la madre muerta en su casa.

Manuel aprecia foto de Miguelina colgada en habitación de sus hijos. | Foto: Diana Peguero

Según datos del protocolo, la mayoría de los hijos e hijas huérfanos de feminicidios han sido testigos del acto violento, por lo que el 88.5 por ciento de las familias se encuentran recibiendo apoyo emocional y psicológico.

Pero al revisar el respaldo presupuestario y las dinámicas de trabajo se encuentran muchos vacíos. El apoyo y seguimiento psicológico no supera los 150 mil pesos por año, según datos proporcionados por Prosoli.

También se reporta una inversión de 700 mil pesos en acompañamiento familiar para el desarrollo sano de los huérfanos, esto incluye el traslado de su personal y supuestas ayudas puntuales a las familias. “Si a una casita hay que ayudarla con materiales de construcción pues ahí estamos nosotros. Que si hay familias con ayudas puntuales, que si hay que hacerles un estudio X a un niño donde lleva esto pues ahí están esos medicamentos y el dinero para esos estudios, no solamente para los niños sino para la abuela porque es un todo incluido”, señala García.

Desde tempranas horas de la mañana él dice que busca ocupaciones fuera de la casa. | Foto: Diana Peguero

Los gastos en estos dos rubros de atención son menores de lo que se reporta para las fiestas colectivas, los cuales han sobrepasado el millón de pesos. El 19 de diciembre de 2018 se realizó el tercer encuentro con las familias acogedoras y los menores con motivo de la Navidad y Reyes Magos. Cientos de niños y niñas arribaron de diversas partes del país a la ciudad de Santo Domingo en los vehículos estatales para un encuentro que duró unas tres horas.

El gasto del convivio fue de $1, 028, 987 pesos. El encuentro tuvo como anfitriona a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, así como invitados especiales del medio social e informativo. Payasos, santa claus y diversos personajes animaron alrededor de varias mesas de comidas y juguetes que adornaban los jardines de la Biblioteca Infantil República Dominicana.

No existe una partida presupuestaria establecida para garantizar que los niños huérfanos tengan un soporte económico y sicológico directo. “Nosotros solicitamos dependiendo de las necesidades porque lo de nosotros es parte de este programa Progresando con Solidaridad (Prosoli)”, dice la coordinadora del protocolo.

Por eso, los datos relacionados con apoyos económicos suelen ser bajos, porque se trata de ayudas esporádicas: 80 fundas de arroz son algunas de las cifras reportadas como ayudas anuales a los huérfanos y familiares.

El presupuesto de Prosoli, programa adjunto de la Vicepresidencia, posee una partida de más de 2 mil millones de pesos anuales pero no hay ninguna partida destinada específicamente para el protocolo. Como dijo García, ellos van solicitando de acuerdo a necesidades. “De la sombrilla que es Progresando con Solidaridad nosotros somos una franjita con este protocolo”, reitera.

Informe Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Vicepresidencia de la República.

Es decir, esta franjita no tiene una asignación exacta para cumplir con el mandato de protección y reparación de los daños sociales que genera la violencia. En cambio para gastos en publicidad del programa Progresando con Solidaridad se invirtieron $11 millones de pesos en 2018.

Los enredos institucionales

La defensa que salta desde la vicepresidencia es que no es fácil ver el aporte por el número de instituciones involucradas. “La cosa más importante es que no trabajamos solamente con los huérfanos, nosotros trabajamos con las familias integradas. Sí en esas familias hay 2, 3 o 4 niños, y 2 que llegaron ahora, entonces trabajamos con la familia completa en todo el sentido de la palabra: en la parte emocional, en la parte puntual del apoyo”, señala Juana Angela García”, coordinadora del protocolo.

¿Tienen coordinación con miembros del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI), el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la Procuraduría General de la República?

“Cada quien tiene su rol y nosotros cumplimos con nuestro rol: coordinamos con las diferentes instituciones que están involucradas en esto porque esto no se puede trabajar solo”, expresa García. Señala que cuando hay casos donde el homicida se encuentra prófugo entonces se vincula con la Procuraduría y la Policía, “para que le den seguimiento al caso”. Por su parte, “Conani va a certificar todas las familias que tienen niños, niñas y adolescentes”, explica. Conani posee 10 oficinas técnicas regionales en todo el país, así como oficinas municipales en las provincias de Salcedo, Boca Chica, Las Terrenas, Pedernales, Villa Altagracia, Sabana Grande de Boyá, Nagua, Azua, Higüey, Los Alcarrizos, Cabrera, Puerto Plata, Jimaní, Constanza, Bávaro-Verón, Sabana de la Mar, Hato Mayor, El Seibo, Sabana Perdida, Haina, Bonao, Cotuí, Samaná, Sosua, San José de Ocoa y Elías Piña.

Mientras que el Ministerio de la Mujer asegura tener 32 oficinas tanto provinciales como municipales donde se les da atención a las familias víctimas afectadas por la violencia de género. “Nosotros vinculamos a las familias con el Ministerio de la Mujer que le va a ofrecer un servicio gratuito y también le va a acompañar a esas familias, como también le da apoyo emocional porque hay psicólogos”, agrega.

El 18 de noviembre del año 2015, la Vicepresidencia de la República presentó, en el Palacio Nacional, el Protocolo del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios con el fin de garantizar los derechos de los menores afectados por dichas tragedias.
Informe Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Vicepresidencia de la República.

El abuelo Manuel, que cargó con la responsabilidad de sus cuatro nietos, trabaja de miércoles a lunes en un campo de Santiago. Su familia reside en el pueblo y solo los ve los lunes y martes, y uno que otro domingo. “Trabajo en el Ministerio de Deportes gracias a la Vicepresidencia”, explica. El caso de su hija, altamente mediatizado, tuvo mucho apoyo desde antes que se materializara el protocolo de Atención.

Dice que aunque no es mucho no se puede quejar. “La vicepresidenta hasta ahora ha cumplido con lo que ella nos ofreció. ¿Qué nos habían ofrecido casa y cosas? eso es mentira, ella no me ofreció casa ni nada de esas cosas. No puedo hablar mentira porque eso no es verdad; la gente dice que me dieron un dinero, eso tampoco es verdad”, asegura.

Una computadora, el juego de comedor, y un camarote, ha sido parte de la ayuda material que sí ha recibido. Pero como reflejan las estadísticas, estas ayudas no las reciben todos los acogidos al protocolo y algunos no saben que tienen derecho o cómo solicitarlas.

El Estado apoyaría a por lo menos 300 niños, niñas y adolescentes por año, con asistencia psicológica y socioeducativas en todo el país.
Progresando con Solidaridad.

Tarjetas otorgadas por Prosoli a familias empobrecidas.

Las tarjetas de Prosoli

Otra de las respuestas que salen sobre cómo se garantiza el bienestar y desarrollo de los huérfanos por la violencia de género está anclada a un programa nacional contra la pobreza. “Nosotros con la tarjeta del programa Progresando con Solidaridad, pues también respondemos y es una garantía de que esa familia económicamente va a recibir esa ayuda”, explicó García. Sin embargo, según la estadísticas entregadas vía solicitud de acceso a la información, solo un poco más de la mitad cuenta con la tarjeta.

El 55.8 % de las 111 familias con 328 niños, niñas y adolescentes, que se encuentran dentro del protocolo, posee una tarjeta de ayuda económica donde reciben mensualmente de 800 a 3 mil pesos de ayuda por niño en edad escolar. Sin embargo, las tarjetas son otorgadas por el Gobierno Dominicano a familias pobres que son identificadas por un censo nacional, y no es condición haber sido víctima de feminicidio.

Estas tarjetas tienen tres componentes: “Comer es Primero”, “Incentivo a la Asistencia Escolar” y “Bonogás y BonoLuz para Hogares”.

“Nos sale el de la comida. Nos sale dos de los niños nada más, aunque ahí están todos, pero la del bono luz no”, señala Manuel Martínez. Después de que su esposa falleció dejaron de percibir otros 800 pesos de las tarjetas de Solidaridad, hace aproximadamente un año. Y su salario solo ronda los 9 mil pesos.

La carga recae sobre las abuelas

Su esposa, abuela de los jóvenes, falleció hace aproximadamente un año. “Se murió de un infarto, el azúcar no le bajaba, le mantenía de 200 para arriba”, dice Manuel. Sospecha que se debió a la presión con la que vivía cada día por el comportamiento del hijo mayor de Miguelina, ya que era ella quien pasaba siempre con los huérfanos.

“La esposa mía se murió digamos que casi por el caso de él porque vivía nerviosa pensando que le iban a decir algo, lo iban a matar o algo así”, dice. “Es difícil porque ahora soy papá y mamá”, expresa este hombre de 72 años de edad. El 69.5 % de los casos, las abuelas han tenido que asumir nuevamente la responsabilidad de criar a los hijos de las mujeres asesinadas, siendo en muchas ocasiones estas ancianas quienes requieren mayor ayuda psicológica de las autoridades.

El Estado apoyaría a por lo menos 300 niños, niñas y adolescentes por año, con asistencia psicológica y socioeducativas en todo el país.
Informe Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Vicepresidencia de la República.

 

La ayuda sicológica es urgente

Otra abuela que ha tenido que criar a los huérfanos que dejó su hija es Yanilsa Reyes. “Dios me dejó esos dos niños y por ellos yo estoy mejor”, relata esta mujer quien no ha tenido apoyo del protocolo, aunque por su situación económica y por todavía tener un hijo de edad escolar, pues tiene 43 años, ya recibía 800 pesos a través de Progresando con Solidaridad.

Yanilsa vive en La Otra Banda, “un barrio caliente” de Santiago de los Caballeros cercano a Pueblo Nuevo donde viven Manuel y sus nietos. Todavía se percibe la tristeza que carga, bajo un duelo que no ha podido superar a pesar de haber pasado tres años del asesinato. Yanibel, su hija asesinada, era madre de dos niños, ahora de 5 y 3 años de edad. Fue asfixiada por su ex pareja cuando recién cumplia los 19 años.

A finales del 2015 Yanibel celebraba su graduación de Educación Media, su deseo era ser enfermera. Su ex pareja acudió a su casa y mientras ella dormía la asfixió. “Ese día ella me dijo ´mami cuidame al niño´ porque ella fue a celebrar que se había graduado de bachiller y salió esa noche. Ellos estaban dejados en ese momento entonces él disque vino ahí, la esperó ahí, ella durmiendo y la asfixió”, relata la madre, quien también admite que llora cuando se encuentra a solas al recordar el rostro de su hija ya muerta.

Asegura que aunque han tratado de ocultar el hecho a los niños, otros menores le han manifestado lo sucedido.

“La veo que tiene el cuchillo en las manos y le digo que me lo pase y me dice: ‘no tía Mayra, tú ves cuando yo esté así grande yo voy a matar a mi papi´. .Le digo: ‘no mi amor tu papi está en el cielo con papá Dios y tu mami’. Me responde: ‘no, él está aquí porque él mató a mi mami y yo lo voy a matar a él´”, así lo relata la hermana de Yanilsa, Mayra Gómez.

Gómez, quien ha tenido que ayudar económicamente a su hermana y sus nietos, relata que a Yanilsa no se le ha acercado ninguna autoridad a ofrecerle ayuda a pesar que esta reside en la provincia Santiago de los Caballeros, una de las mismas donde el protocolo de atención a huérfanos de feminicidios trabaja.

Abuelo sostiene botón recordatorio de su nieta asesinada. | Foto: Diana Peguero
Debería ser una prioridad del Conani y no de la Vicepresidencia el regir este tipo de proyectos”, explica Pola.

“Solamente no estamos en Santiago Rodríguez ni Pedernales, no porque sea distante si no porque no tenemos los casos, no nos han llegado ni por el Ministerio de la Mujer, ni por los medios de comunicación ni nadie nos ha llamado”, son las palabras de García para comentar que -supuestamente- la cobertura del protocolo es total.

Otra de las dificultades para saber cuántos niños huérfanos hay es por la tipificación que hace el país de feminicidios. Por ejemplo, en la provincia Pedernales durante la existencia del protocolo se han reportado tres homicidios de mujeres, pero las autoridades dominicanas no los consideran feminicidios íntimos (porque no fueron efectuados por su compañero o ex pareja). Por ello no entran dentro del programa que atiende a los huérfanos de mujeres asesinadas.

“Es una pena que aún las autoridades no reconozcan el feminicidios no intimo, simplemente como feminicidio, y donde sus huérfanos necesitan de la misma atención que otros menores”, expone Susy Pola miembro del Núcleo de Apoyo a la Mujer.

Pola, residente en Santiago de los Caballeros, lleva décadas en apoyo a la mujer: “Aquí en Santiago hemos trabajado por años junto a varias instituciones entre ellas la Fiscalía de la provincia, quien desde el año 2006 posee un programa de apoyo a huérfanos de violencia en la zona”.

Reconoce el programa de la Fiscalía, pero no a si el del protocolo de la Vicepresidencia. “Lo desconozco por completo, solo sé que en el año 2015 se hizo una exposición a los medios de comunicación para anunciar su puesta en ejecución, pero a nosotros como núcleo no nos han dado participación en el mismo”.

Por otra parte, asegura desconocer por qué este tipo de protocolo no es dirigido por el Consejo Nacional por la Niñez y la Adolescencia (Conani), responsable de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. “Debería ser una prioridad del Conani y no de la Vicepresidencia el regir este tipo de proyectos”.

Mientras la dirección del Consejo para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que recibe un presupuesto anual de más de 842 millones, expresa que “dicho protocolo es una iniciativa de la Vicepresidencia de la República y considerando que este documento contempla una respuesta multisectorial entre los actores que intervienen estos casos, es importante destacar la eficacia en el engranaje interinstitucional”.

Según explicó la vocera de comunicaciones, en nombre de la presidenta ejecutiva, Kenia Lora, “cada institución involucrada de manera directa en este documento lleva a cabo acciones cónsonas con el rol que cada una debe jugar en el marco de la protección integral para esta población afectada por causa de los feminicidios”. No obstante, advierte que hay puntos no resueltos: “en la actualidad el Conani se encuentra en el proceso de fortalecer las acciones protectoras con miras a brindar una respuesta eficaz a estos menores”

Asimismo aseveran que son varios los departamentos que se vinculan con Prosoli para brindar atención a estos huérfanos sin perder nunca su papel de garantizar el derecho de los menores. “Si se presenta una situación en el interior del país, nuestra institución cuenta con más de 120 técnicos diseminados por toda la geografía nacional, los cuales están dispuestos a actuar ante un caso que se reporte, no sólo de niños niñas y adolescentes huérfanos por feminicidios, sino ante cualquier situación de vulnerabilidad en la que se encuentre expuesta una persona menor de edad”.

Mientras Rita Aponte, representante del Ministerio de la Mujer, asegura que su labor contempla la ayuda a cualquier mujer, huérfanos o demás familiares víctimas de feminicidios no íntimos aunque el programa de la Vicepresidencia no los tome de referencia para proveer apoyo.

“Independientemente del protocolo, el Ministerio de la Mujer trabaja casos de todo tipo que afecten a la mujer. Claramente este protocolo recibe nuestra asistencia en el punto de los huérfanos de feminicidios íntimos, pero no impide nuestra labor como institución más allá”, manifiesta Aponte.

Asimismo, en la zona de Santiago de los Caballeros desde el año 2006, la Fiscalía lleva a cabo un programa de ayuda a menores víctimas de violencia y, según dicen, han intervenido en miles de casos incluyendo huérfanos de feminicidios.

Un representante de la Fiscalía, que pidió no ser identificado, externó no trabajan en conjunto con el protocolo de la Vicepresidencia. Según él, la Fiscalía ha dado asistencia a casos que han estado bajo cuidado de la Fundación Red de Misericordia, el Hogar Sor Petra y en Núcleo de Apoyo a Mujeres en la ciudad de Santiago, en casos desconocidos por el protocolo.

Cuando se le consultó a García sobre esta descoordinación, su respuesta fue que la falta de cohesión con la Fiscalía de Santiago no ha sido posible por negativa de la institución judicial. Lo calificó de “celos de las propias entidades” con respecto a sus trabajos. Mientras las instituciones resuelven esas diferencias, los hijos de Yanibel y los hermanos de Julissa aún esperan la ayuda.