Un mal contrato y una trampa para el Estado

La CDEEE tuvo la oportunidad de reclamar cumplimiento del contrato cuando la búsqueda del financiamiento internacional de la obra falló, a causa de los problemas legales de Odebrecht, pero eso no fue lo que hizo el Estado Dominicano.
Acento.com.do - 5 de Septiembre de 2017 - 12:02 am - Deja un comentario
Foto: Rubén Jiménez Bichara y los ejecutivos de la CDEEE y Punta Catalina anunciando que no aceptan pagar un centavo más

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Estado Dominicano deben manejarse con la mayor racionalidad posible en sus diferencias de costos con el consorcio constructor de Punta Catalina. Lo decimos ahora y lo hemos dicho en el pasado.

La racionalidad debe ser la norma en este tipo de acuerdo contractual, con tantos millones de dólares involucrados.

Cualquier arbitraje a que se someta el contrato firmado en el 2013 entre el Estado Dominicano y el consorcio encabezado por Odebrecht se remitirá exclusivamente al contrato entre las partes, que como ya ha quedado demostrado establece que la empresa constructora podrá presentar costos adicionales al proyecto. No reconocer eso sería adoptar una posición emotiva que no le corresponde a las autoridades de la CDEEE y menos al Gobierno, que cuenta con un Ministerio Público que firmó un acuerdo de lenidad con la empresa, luego de la admisión de los sobornos pagados por 17 obras, incluyendo Punta Catalina.

La Comisión Especial designada por el presidente de la República hizo un informe sobre el contrato, y conociendo los detalles del mismo, incluso que dejaba abierta la puerta para la presentación de nuevos costos no pactados entre los 1,945 millones de dólares, recomendó que el Estado no pagara un centavo más de lo acordado con el consorcio.

El Informe de la Comisión presidencial no es un documento vinculante en este caso. No es legal ni puede invocarse en un arbitraje local o internacional, porque lo único que sirve a los jueces del arbitraje es el contrato entre las partes. Decir, como dijo Rubén Jiménez Bichara, que el Estado no pagará un centavo más al consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, es un gravísimo error que no debió permitirse la CDEEE, luego de haber firmado que sí se asumirían costos adicionales.

La CDEEE tuvo la oportunidad de reclamar cumplimiento del contrato cuando la búsqueda del financiamiento internacional de la obra falló, a causa de los problemas legales de Odebrecht, pero eso no fue lo que hizo el Estado Dominicano. El Estado decidió proteger al consorcio, bajo el argumento de que protegía a Punta Catalina, y buscó el financiamiento por la vía de préstamos locales e internacionales o por la vía de la emisión de bonos soberanos.

Esa fue una decisión libérrima del gobierno. Pudo reclamar a la empresa cumplir su parte del contrato. Lo que no sabíamos era que previamente el Estado había incumplido también el contrato, al dejar de hacer desembolsos al consorcio entre los meses de junio y diciembre del 2015, período en que no desembolsó un centavo para Punta Catalina.

Ese dato quedó establecido en una presentación que hizo la CDEEE a una misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país y quiso conocer la situación financiera de la CDEEE y de sus proyectos.

El 2 de noviembre del 2016 fue esa reunión, y allí se presentó un informe en que la empresa estatal admite haber dejado de pagar al consorcio Punta Catalina entre los meses de junio y diciembre del año anterior. Ese gráfico fue publicado y está publicado en la página de la CDEEE, y aún está disponible. El gráfico es este:

Luego puede verse la forma en que la CDEEE, sin reclamar nada a Odebrecht y a sus socios, sustituyó el financiamiento de BNDES de 665 millones de dólares por la emisión de 600 millones de dólares en bonos soberanos emitidos por el Estado.

 

Corresponde tomar las cosas con racionalidad y legalidad. Acudir a un litigio o un arbitraje por este caso es quedar en el ridículo, porque el país perderá sus reclamos. Pudo tener razón y aplicar presión cuando le era posible. Ahora no será posible.

Incluso la Comisión Presidencial sobre el caso Punta Catalina erró en su criterio de que no se pague un centavo más, si es verdad que ella analizó el contrato y vio las cláusulas en las que el Estado se compromete a asumir los costos adicionales.

Una observación con la mejor buena fe, para que la CDEEE no se embarque en un litigio para perder. Si es verdad que hay o ha habido diferencias entre Odebrecht y el Estado.

En este editorial del 21 de agosto del 2014, en medio del debate y las querellas contra el contrato entre el Estado y el consorcio encabezado por Odebrecht, publicamos algunas advertencias. Obviamente, la CDEEE nunca hizo caso.

Los fallos de la CDEEE en el proceso de licitación de las plantas de Punta Catalina.

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