Diandino Peña y sus bienes: Cámara de Cuentas y fiscales obligados a investigar

Este caso tiene todos los elementos para procesar a Diandino Peña, para que el Ministerio Público investigue la real dimensión de su fortuna, y no la versión ridícula de que vive de los 150 mil pesos que recibe con director de la OPRET.
acento.com.do - 10 de Mayo de 2017 - 12:03 am - Deja un comentario
Foto: Diandino Peña Criqué

El ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), está obligado a ofrecer una explicación sobre las 29 compañías que tiene registradas, incluyendo 15 en paraísos fiscales y de las cuales no habla en su Declaración Jurada de Patrimonio.

Cuando se revisa la declaración de Diandino Peña es notable su parentesco  con la entrevista que concedió a Alicia Ortega, pues ese documento resulta más que elocuente sobre el cinismo con que los funcionarios responden a los mandatos de la Ley 311-14. Nunca se sabrá lo que declaró Diandino Peña en su Declaración Jurada de Patrimonio.

Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual realizaron un trabajo periodístico extraordinario. Es un exposé que desnuda todo cuanto se quiere ocultar y se ha tratado de ocultar pagando abogados y eficientes oficinas de simulación de patrimonio, para evadir el pago de los impuestos y aparentar que apenas ha vivido del salario que recibe desde el 2005, cuando fue designado al frente de la OPRET, y donde se ha mantenido como amo y señor, sin rendición de cuenta.

Las sociedades de Diandino han sido identificadas por sus nombres, con las actas de constitución, con la distribución de las acciones, y hasta con los nombres de los testaferros que han permitido sus credenciales para ocultar la fortuna.

Como han dicho ya varios abogados, lo que dice la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, la número 311-14, es muy claro y que se aplica ipso facto al secretario de Estado sin cartera y director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña. Le corresponde a la Cámara de Cuentas hacer cumplir la ley. La nula actuación de los miembros de la Cámara de Cuentas en estos casos explica también que más de cinco mil funcionarios que deben declarar sus bienes no lo hagan. Se sabe que no hay voluntad para hacer cumplir la ley.

El Informe de Alicia Ortega y el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico, con Omaya Sosa, han realizado una labor que corresponde a la Cámara de Cuentas. Ahora corresponde a Diandino Peña demostrar que su patrimonio (oculto por años) es lícito. Es lo que manda la Constitución de la República. Además, Diandino es un funcionario del Estado, que está obligado a cumplir la ley y que debe explicar de dónde ha sacado tanto dinero que oculta en esas empresas sin operaciones, que retienen millones y millones de dólares, que no se sabe (¿?) de dónde salieron.

Francisco Alvarez Valdez ha mencionado el artículo 146.3 de nuestra Constitución que obliga a los funcionarios públicos a probar el origen lícito de sus bienes, y dijo que los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio sancionan con prisión y confiscación al funcionario que se le pruebe enriquecimiento ilícito. El esa misma ley el artículo 17 sanciona con prisión de 4 a 10 años por enriquecimiento ilícito, y el artículo 16 autoriza la confiscación de los bienes si el funcionario no puede probar su origen lícito, mientras que el artículo 15 sanciona con prisión de 1 a 2 años a los funcionarios que hayan falseado datos de su declaración jurada.

Este caso tiene todos los elementos para procesar a Diandino Peña, para que el Ministerio Público investigue la real dimensión de su fortuna, y no la versión ridícula de que vive de los 150 mil pesos que recibe como director de la OPRET. Otras cosas que debía explicar es el abuso de utilizar el nombre de un pobre señor de Villa Juana para que figure en los documentos como el propietario del consorcio hotelero Silver Sun Gallery.

Para que la transparencia sea responsabilidad de las instituciones del Estado, hace falta que en este caso las autoridades de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público no se hagan los indiferentes, como los que no saben nada, y comiencen a indagar sobre los bienes en manos de Diandino Peña, que muy claramente podrían ser de procedencia pública.

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