Del oro al limbo: familia de Cotuí reclama propiedad terrenos Barrick, Estado asegura no tienen derechos

COTUÍ, República Dominicana.- Doña Ana Julia recuerda las historias que Pascuala Rosario contaba de los vastos terrenos que tenía su familia. La anciana mujer narra que Pascuala, hija de Jacinto Rosario, solía decir que sus tierras se extendían hasta la cordillera Central.

No es la única. Entre los descendientes de la familia Rosario-Díaz, la historia de sus riquezas y de cómo, supuestamente, fue expropiada de forma injusta, se replica a sí misma por todo el sector de Sabana del Rey, en Cotuí.

“Esa gente nos tienen pisados – se queja doña Ana Julia, de forma sencilla, matizada por el acento del Cibao y las costumbres más añosas –. Es mucho lo que hemos caminado detrás de eso, sabiendo que eso nos lo dejó nuestro padre”.

Se trata de por lo menos 200 mil tareas, según los cálculos que hace Johnny Portorreal, abogado de la familia, que pertenecieron a Jacinto Rosario y que componen en la actualidad la Reserva Fiscal Minera de Montenegro, donde se encuentra el proyecto Pueblo Viejo Dominicana Corporation, filial de la empresa canadiense Barrick Gold.

Por estos terrenos y como indemnización los descendientes de Jacinto Rosario reclaman a la empresa minera y al Estado dominicano 2, 500 millones de dólares, suma, que según el abogado de la familia Rosario – compuesta por unos 5 mil descendientes – alcanzaría los 10 mil millones, al sumarse los alegados daños causados por la operación minera.

Portorreal indica que Jacinto Rosario, al momento de su muerte, era el propietario de 14 mil tareas de tierra en el corazón de Montenegro, alrededor de La Minita, Pueblo viejo, La Laguna y Guardianon. Las demás, pertenecían a sus descendientes, también en Litis.

Según Portorreal, los orígenes de la familia Rosario en República Dominicana datan del 1676, cuando familias procedentes de España, vinieron con la intención de invertir en el país. Estos instalaron sus operaciones en una mina denominada “La Minita”, que según el abogado se encuentra dentro de los terrenos de la empresa Barrick Gold.

De estos terrenos fueron herederos Jacinto Rosario y Rita Díaz, asegura el licenciado en derecho, quien detalla que previo a la muerte del patriarca familiar, este poseía más de 300 pesos de acciones, de las cuales el abogado posee registro del Archivo General de la Nación.

El sistema de medida de acciones en pesos perdió vigencia tras la Orden Ejecutiva 511 que estableció el Sistema Torrens el primero de julio de 1920, como sistema registral de la propiedad inmobiliaria en el país, en medio de la intervención norteamericana, el cual se basaba en el principio de que el Estado es el propietario originario de todas las tierras, y los particulares debían probar su derecho en un proceso judicial llamado saneamiento.

Según la historia que narra Portorreal, los miembros de la familia Rosario-Díaz fueron contrarios a la intervención, lo que les valió una supuesta persecución y el despojo de los terrenos.

Sin embargo, a pesar de ello, los norteamericanos le retiran las tierras bajo el sistema Torrens, “les pagaron” por las tierras, cuyo dinero fue depositado en el Banco Agrícola de Puerto Rico, permaneciendo como deuda flotante.

Agrega que con la llegada de Rafael Leónidas Trujillo, la persecución de los Rosario se intensifica debido al interés que tenía de apropiarse de los terrenos en los que se ubica la denominada “Minita”. En palabras del abogado, los descendientes de Jacinto Rosario y Rita Díaz abandonaron la zona, quedando la tierra en manos de los Trujillo y allegados hasta la muerte del dictador.

Con la emisión el 4 de enero de 1962 de la ley 5785, que confisca y declara bienes nacionales las cuentas, acciones, bienes y obligaciones que pertenecían a Rafael Leónidas Trujillo Molina, a sus hijos, esposa, madre y otros familiares, adquiridos con posterioridad al 16 de agosto de 1930, se inicia un proceso de regulación el cual no fue efectuado por temor a nuevas persecuciones.

El Estado no tiene título

En 1972, el expresidente Joaquín Balaguer inicia una serie de trámites para la explotación de la reserva fiscal Montenegro, que incluyó un nuevo llamado para “pagar a la familia Rosario por los terrenos”, pero nadie reclamó las tierras. Esto también, según Johnny Portorreal, por temor a ser perseguidos.

En 1975, se le dio luz verde a la empresa Rosario Mining Company de Nueva York y Honduras para operar en el país, obteniendo la concesión para la explotación de oro, plata, zinc y cobre en Pueblo Viejo bajo la filial Rosario Dominicana S.A.

Aunque Portorreal afirma que los descendientes de los Rosario no cumplieron con los llamados de los gobiernos a lo largo de los años para aclarar la pertenencia de los terrenos, asevera que el Estado no posee un solo documento que lo avale como propietario de las tierras.

“El Estado no tiene un solo título. Nadie me ha llevado un título de que el Estado es dueño de la – tierra – que nosotros reclamamos”, subraya.

En 2013 y 2015 se depositaron demandas en contra de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick Gold), para que se les fuesen pagados los terrenos descritos en el contrato.

Un informe realizado por el Ministerio de Energía y Minas, en el que se establecen los litigios vigentes introducidos por los Rosario, indica que la demanda para la Determinación de herederos, cancelación de certificado de título, daños y perjuicios, interpuesto mediante el acto 257-2013, ante el Tribunal de Tierras, jurisdicción Original de Cotuí, se encuentra a la espera de se fije la audiencia.

En situación similar se encuentra la demanda por Determinación de herederos, partición de bienes, nulidad de actos y daños y perjuicios.

Mientras que la Demanda de desalojo y determinación de herederos interpuesta por los sucesores de Jacinto Rosario y Rita Díaz, de octubre del 2015, en contra de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick Gold), Ministerio de Hacienda y Ministerio de Industria y Comercio, con la que buscan el desalojo de unas 74 parcelas ubicadas dentro de los Distritos Catastrales 5, 9 y 10 del Municipio de Cotuí, se mantiene en estado de fallo reservado desde el pasado 9 de agosto del 2016, a la espera de resolución.

Además de las demandas, también se efectuó un embargo retentivo el 15 de diciembre del 2016, a requerimiento de los sucesores de Jacinto Rosario a las cuentas de la compañía en el Banco Central de la República, el cual, detalla el informe, no fue notificado a la empresa PVDC ni al Ministerio de Energía y Minas. Sobre este, la entidad financiera logró levantar el embargo.

“Son los que uno entiende, deben defender, de acuerdo al artículo 51 del Registro de Tierra, a los dueños y ser garante del disfrute de la propiedad – critica Portorreal –. Son los primeros que compiten de manera desleal y abusiva con los dueños de terrenos. Ellos entienden que es mejor desconocer sus derechos que proceder con lo que manda la ley”.

“El Congreso y todos los gobiernos que hemos tenido han estado ignorando las sentencias sobre los derechos de la familia Rosario”, agrega.

El representante de los Rosario asegura que no se trata de un proceso nuevo para la familia, de la cual dice posee sentencias favorables entre 1961 y 1993.

A pesar de que afirmó que podría suministrar a la redacción de Acento esas sentencias, hasta el momento no han sido entregadas.

Derecho de arrendamiento

Juana Barceló, directora legal de Barrick y Susana Gautreau, directora jurídica del Ministerio de Energía y Minas, coinciden en recordar, de manera individual, que la empresa PVDC posee un contrato de arrendamiento firmado con el Estado dominicano para las operaciones en la reserva fiscal de Montenegro, que incluye derecho a explotación y derecho superficial.

Barceló explica que durante el proceso de construcción de la mina, la compañía o su departamento jurídico no recibió reclamos correspondientes a los terrenos, aunque reconoce la existencia de reclamos históricos previos a la entrada de Barrick, que fueron resueltos.

“No tenemos un tema pendiente con el caso de los Rosario. Nos ha sorprendido porque esto es un reclamo después de que entramos en operaciones”, indica.

Resalta empero, que debido a los reclamos, la empresa ha sostenido reuniones para que sean suministrados documentos, más allá de la certificación emitida por el Archivo General de la Nación que hablan de acciones en pesos, y que acrediten la pertenencia de esos terrenos a los descendientes de Jacinto Rosario y Rita Díaz, sin que esto haya ocurrido.

Susana Gautreau: “Si hubiese documentos reales, aunque el Ministerio solamente tendría disposición para entregar tierra contraparte de tierra, hubiéramos elevado a la Presidencia la autorización para ver cómo se compensa a todo aquel que tiene algún tipo de derecho y que pudiera justificarlo. Pero no es el caso de estos reclamantes”.

Susana Gautreau, por parte de Energía y Minas, explica que el informe elaborado por la entidad gubernamental señala que “no existe documento legal, constancia anotada o Certificado de Título a favor del señor Jacinto Rosario o Rita Díaz”, y quienes justifican su alegado derecho de propiedad lo hacen en virtud de Certificaciones de Registro Civil que indican que estos son propietarios de acciones de pesos en estas localidades.

Agrega que basándose en las normativas vigentes, dichas certificaciones en el actual ordenamiento jurídico carecen de fuerza legal para probar y justificar algún derecho de propiedad.

“Ellos no han depositado ningún certificado de título, ningún documento que a la luz de nuestro procedimiento jurídico puedan alegar un derecho de propiedad a partir de ahora”, insiste.

Sin embargo, Gautreau apunta que la institución “ha sido proactiva” y le ha expresado a los descendientes de Jacinto Rosario y Rita Díaz que, aún con procesos abiertos, de depositar documentos que a la luz del ordenamiento jurídico vigente puedan demostrar algún derecho de propiedad, estaría en la disposición de entrar en un proceso de negociación con ellos.

Respecto a la reubicación, Gautreau manifiesta que se acordó reubicar a personas que “no tenían derecho”, sin embargo, detalla que se trató en cumplimiento de estándares establecidos por el Banco Mundial, cuyo proceso no ha concluido.

“Todo el mundo se siente mal”

Juan Portalatín Rosario, primo de doña Ana Julia, también reclama, junto a sus familiares, el pago de los terrenos que aseguran pertenecieron a Jacinto Rosario. Explica que además de la indemnización – 10 mil millones de dólares –, reclaman la reubicación de los lugareños, esto, debido al impacto ambiental y de salud que genera la actividad minera.

Con el devenir del tiempo, al igual que otros integrantes de la comunidad de Sabana del Rey en Cotuí, don Juan dice que ha experimentado múltiples dolencias. Sin dilación, asevera son provocadas por la contaminación causada por la mina. Algo que jura, no había visto con anterioridad en sus 74 años.

Habla pausado, meditando brevemente cada respuesta. Cuenta que ha asistido a la clínica del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, debido a sus problemas de salud, pero no pudo continuar porque “la fuente económica no está buena”.

“Enfermedades de hongos, de la sangre, ‘picaciones’, los riñones, la cabeza… los ojos con la vista apagada…”, numera.

Doña Ana Julia, sentada en una vetusta silla, lo secunda. Ella también se apura en confirmar que “todo el mundo se siente mal”, y culpa los malos olores que producen los residuos derivados de la minería, en especial cuando llegan al río.

Los reclamos de los residentes de Sabana del Rey se encuentran explicadas en las demandas interpuestas en contra de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, en la que exigen la reubicación de más de 600 familias, a lo cual, asegura Johnny Portorreal, Barrick Gold Corporation se comprometió de manera solidaria.

Él también machaca que los trabajos en la zona han provocado severos daños a la población, debido a la exposición a diferentes compuestos como el cianuro, una sustancia altamente tóxica que se emplea con frecuencia en los proyectos mineros, y que según la organización ecologista independiente, Greenpeace, exponerse a dosis altas daña el cerebro y el corazón, y puede causar coma y la muerte.

A niveles bajos, puede provocar en problemas respiratorios, dolores cardíacos, vómitos, alteraciones en la sangre, dolores de cabeza y crecimiento de la glándula tiroides.

Este impacto, según el abogado fue abordado en septiembre del 2014 por el programa Nuria, Investigación periodística, que conduce la periodista Nuria Piera y que puede ser encontrado en la plataforma YouTube.

Pero el trabajo de investigación hace referencia directa a la mina Enviro Gold Limited, filial de PanTerra Gold, a la que el Estado dominicano le otorgó una concesión en 2004, dándole el derecho de procesar las colas dejadas por la Rosario Dominicana S.A., y recuperar más de 3 toneladas de oro, equivalentes a unas 75 mil onzas.

En este reportaje, Piera explica que se analizaron muestras de lodo, agua de ríos y lluvia, así como de orina de los residentes de la zona, en el laboratorio Franja Comercial, con resultados preocupantes, en especial en lo que se refiere a las muestras de los pobladores de Las Lagunas, El Naranjo, La Piñita y La Cerca, a quienes se les encontró un alto nivel de cianuro, a “décimas de estar sobre el umbral de toxicidad aguda por cianuro, ya sea por ingesta de agua contaminada o por respiración”.

La producción de Nuria, Investigación periodística, confirmó a Acento que hasta la fecha no han realizado una investigación sobre el impacto que produce la actividad de Barrick Pueblo Viejo.

Posteriormente, la empresa Enviro Gold Limited explicó en el mismo programa televisivo el sistema empleado en sus operaciones.

Años de análisis

Sobre las enfermedades, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián explica que alrededor de la mina se han formado comunidades sin ningún tipo de planificación urbana: sin agua, sistema sanitario o consultorio médico, lo que agudiza los problemas de salud.

Debido a esta causa, el galeno detalla que dar una definición exacta de qué produce estos padecimientos es cuestionable, debido a que no tienen ningún tipo de servicio médico.

Explica que a su clínica llegan personas con afecciones de la piel procedentes de Cotuí, específicamente de los alrededores de las empresas mineras, lo que podría estar vinculado al medioambiente, mas no cuenta con datos de laboratorio que confirmen la causa de las enfermedades.

Agrega que una sola persona contaminada con algún metal pesado – de haberla – no puede servir de parámetro para hacer un señalamiento a una empresa.

Pero los reclamos por supuestos daños a la salud ambiental se han mantenido durante años, siendo atendido en contadas ocasiones.

Entre estas se encuentra la orden dada por presidente Danilo Medina en mayo del 2013, para determinar los daños a la salud y al medio ambiente que pudieran ser causados por las labores mineras en la zona.

El levantamiento sería realizado por el Ministerio de Salud Pública, el cual anunció que efectuaría una investigación en la provincia Sánchez Ramírez.

Si bien los resultados no fueron publicados, sí fueron presentados en el reportaje de Nuria, Investigación periodística.

El informe elaborado por el Viceministerio de Salud Ambiental indica que resultados de los análisis se encontraban “dentro de los parámetros normales”, aunque no incluyó componentes químicos como el cianuro, por lo que se trató de un informe parcial. Los resultados tampoco fueron compatibles los suministrados por el laboratorio Franja Comercial.

Otro informe fue el redactado en 2015 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmado por Zoila González de Gutierrez, viceministra de Gestión Ambiental, en el que se examinó el agua del arroyo Margajita, próximo a la Barrick Pueblo Viejo. En este se informa que las aguas ha tenido una mejoría tras la aplicación de medidas de control de sedimentos, desviación y almacenamiento de drenajes de aguas ácidas y la entrada en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de procesos.

Tampoco, de manera pública, se ha informado sobre un impacto ambiental a gran escala en suelo dominicano provocado por la empresa de capital canadiense, más allá del pasivo ambiental dejado por la Rosario Dominicana.

“¡A dios que reparta suerte!”

A pesar de que las acciones legales se encuentran en manos de los tribunales – una pendiente de fallo –, Johnny Portorreal advierte que hasta el momento ha evitado que los residentes y herederos de Jacinto Rosario intenten tomar los terrenos por la fuerza, ya que aboga por la vía legal para la resolución de sus problemas.

“Los herederos lo que quieren es ocupar sus terrenos, no importa lo que suceda”, dice, mientras lamenta que en los tribunales se les hace caso omiso.

Hasta la fecha, se han realizado numerosas protestas dentro y fuera del país en reclamo de que a los descendientes de Jacinto Rosario se les regresen los terrenos y de que sean indemnizados por los mismos, siendo la más reciente la manifestación efectuada frente al Consulado dominicano en Manhattan, Nueva York, en la que entregaron una comunicación al cónsul general Carlos Castillo, para ser entregada al presidente Medina Sánchez.

“¡A dios que reparta suerte!”, exclama al hablar sobre la disposición de los alegados propietarios de recuperar lo que consideran su herencia, esto de fallar en su contra.

“Eso va a ser un infierno”, augura. “No va a haber nadie que los convenza de que eso no es de ellos”.

Se trata de un aviso que el Ministerio de Energía y Minas tiene bastante claro. En palabras de Susana Gautreau, ya se ha advertido a Johnny Portorreal sobre las acciones en contra de la empresa minera, de la cual dice “el Estado es responsable de que pueda ejecutar el contrato libre de cualquier afectación”.

Reitera que la entidad, a su vez es la encargada de atender los reclamos de manera oportuna y de manera diligente, por lo que no permitirá acciones que no sean por la vía jurídica.