Conflicto de poderes se agrava en Brasil en medio de la crisis de corrupción

La mayor controversia está en una propuesta que establece sanciones para jueces o fiscales que actúen por "motivaciones político-partidarias", una cuestión vaga que pudiera ser condenada hasta con dos años de prisión si fuera promulgada esa iniciativa.
Servicios de Acento.com.do - 16 de diciembre de 2016 - 2:08 am - Deja un comentario
Foto: La Mesa Directiva del Senado se declaró en rebeldía y se negó a cumplir con la cautelar, que dos días después fue anulada por el pleno del propio Supremo, lo que de todas maneras tensó la cuerda de las relaciones entre ambos poderes.

Brasilia (EFE/Eduardo Davis).- La decisión de un juez del Supremo que suspendió el trámite de un paquete de leyes contra la corrupción por “maniobras” parlamentarias que pudieran favorecer a los implicados en esos asuntos agravó este jueves el conflicto de poderes que vive Brasil.

La medida cautelar dictada por el magistrado Luis Fux generó una ola de críticas en el Parlamento, que sin ambages la denunció como una “interferencia indebida” del Poder Judicial en asuntos de su órbita interna.

El proyecto de ley que ha desatado la nueva polémica nació de una iniciativa del Ministerio Público respaldada por más de dos millones de ciudadanos, pero que fue alterado luego en la Cámara baja, que introdujo algunos artículos que causaron alarma en la Justicia.

La mayor controversia está en una propuesta que establece sanciones para jueces o fiscales que actúen por “motivaciones político-partidarias”, una cuestión vaga que pudiera ser condenada hasta con dos años de prisión si fuera promulgada esa iniciativa.

Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera estatal

La tesis de la “persecución judicial” ya ha sido esgrimida por muchos de los afectados por la vasta investigación en la estatal Petrobras, que implica a diputados y senadores de todo el arco ideológico y a notorios dirigentes políticos.

Entre ellos está el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, reo en tres causas penales, que hoy fue acusado en una cuarta acción por supuesta corrupción y que ya ha denunciado una alegada “persecución judicial” hasta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según el juez Fux, el proyecto de ley propuesto por el Ministerio Público fue “desfigurado” en la Cámara de Diputados, por lo que determinó que sea discutido nuevamente, sobre la base del texto original.

“Hay apenas un simulacro de participación popular cuando un texto gestado por un significativo número de electores es sustituido de forma extraña o incluso fulminado” y “atropellado por propuestas que sólo le interesan a la clase política”, sostuvo el magistrado.

La Fiscalía ha afirmado que esas “maniobras” parlamentarias son un intento de “contener” las investigaciones en Petrobras y alertado de “amenazas” contra ese proceso.

De hecho, así lo reiteró el fiscal general, Rodrigo Janot, en una nota difundida hoy y dirigida a los miembros del Ministerio Público.

“Las amenazas de represalias o revanchismo no pueden desviarnos del camino recto y del cumplimiento de nuestro deber”, afirmó Janot quien pidió a los fiscales “coraje para actuar, a pesar de los designios contrarios”.

La nota dice que “la hora es grave y decisiva” y añade que las investigaciones en Petrobras “se imponen a todos” y avanzar en ellas “es un deber institucional”.

La cautelar dictada por Fux llevó al presidente del Senado, Renán Calheiros, a denunciar “interferencias” de la justicia en el proceso legislativo, lo cual fue refrendado por el jefe de la Cámara baja, Rodrigo Maia, quien anunció que apelará al pleno de la Corte Suprema frente a esa “decisión extraña”.

El propio Calheiros se enfrascó la semana pasada en un conflicto con el Supremo, después de que un juez dictó una medida cautelar que lo suspendía de su cargo una vez que esa corte instauró un juicio en su contra por supuesta corrupción.

La Mesa Directiva del Senado se declaró en rebeldía y se negó a cumplir con la cautelar, que dos días después fue anulada por el pleno del propio Supremo, lo que de todas maneras tensó la cuerda de las relaciones entre ambos poderes.

Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera estatal.

Esos testimonios, aún bajo secreto judicial, han empezado a sembrar una enorme inquietud en Brasilia, donde se asegura que el escándalo puede alcanzar a unos 200 políticos de todos los partidos, incluidas decenas de senadores y diputados. EFE

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